Foto: EUROPA PRESSVALÈNCIA. (EP) La Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública pondrá en marcha "ya" el decreto para regular la capacitación lingüística con el objetivo de acceder a la función pública valenciana y buscará acuerdos con Compromís para que sea aprobado. No obstante, la titular de este departamento, Gabriela Bravo, ha advertido de que es partidaria de un acuerdo "razonable" en el que no se exija "un plus" mas allá del nivel de capacitación del valenciano que dé el sistema educativo, del que ha subrayado que debe poner en marcha ahora el decreto de homologación de niveles.
Así lo ha avanzado este martes Gabriela Bravo, en un desayuno con medios de comunicación, en relación con el informe elaborado y consensuado por la Comisión de Competencia Lingüística que servirá de base para regular la capacitación y que establece el certificado de valenciano necesario para los distintos grupos del personal de la Administración Pública.
En concreto, el documento fija la exigencia del certificado A2 para la agrupación profesional funcionarial, del B1 para el subgrupo C2 y del B2 para el grupo B y el subgrupo C1. Respecto a la exigencia para los grupos A1 y A2, la Comisión traslada dos alternativas que la Conselleria de Justicia "estudiará" para elaborar el decreto: exigir B2 o el C1.
Bravo ha explicado que la posición mayoritaria de la Comisión, al igual que la suya, es que para acceder a la función pública se tiene que exigir el nivel de capacitación que ofrece el sistema educativo. "Si la finalidad de nuestro sistema educativo es garantizar el pleno conocimiento del castellano y el valenciano, no hay razón alguna para que, al acceder a la función pública, tengamos que exigir un nuevo examen para seguir valorando si los conocimientos adquiridos en la etapa educativa son los adecuados", ha dicho.
En esta línea, la consellera ha defendido que no es "un criterio estrambótico" que se le haya ocurrido ya que, lo primero que hicieron, fue estudiar los sistemas de acceso de otras CCAA como Galicia, en alusión a la autonomía puesta como ejemplo por Compromís, que ha reprochado al PSPV, su socio de gobierno en la Generalitat, su propuesta de requisito.
"Lo que no dicen es que en el sistema educativo de Galicia, cuando los alumnos acaban la etapa educativa de Bachiller, adquieren dirctamente el C1. Lo mismo pasa en Catalunya", ha apuntado, para recalcar que es "más fácil y lógico sentar bien los criterios y poner en marcha instrumentos para que el sistema educativo para jóvenes garantice perfectamente una comprensión y manejo del idioma de forma indiferente de uno y otro". "Si no cuestionamos uno, tampoco deberíamos cuestionar lo otro", ha subrayado.
Por tanto, a su juicio, "exigir un plus significa no confiar en que el sistema educativo que está enseñando debidamente nuestro idioma. Y esa es la responsabilidad de nuestro sistema educativo: garntizar que una vez concluido el Bachiller, tengan pleno conocimiento de los dos idiomas".
Bravo ha indicado que la finalidad de todo esto es normalizar la exigencia de la capacitación lingüística en una comunidad bilingüe: "No entiendo por qué hasta este momento hemos tratado el valenciano como una lengua menor y se ha convertido hasta ahora en un mérito. No tiene ningún sentido y eso sí que va en contra del Estatut d'Autonomía y de la Llei d'Ús i Ensenyament del valencià", ha apostillado.
Así, la consellera ha avanzado que desde su departamento van a poner en marcha "ya" el decreto/reglamento que regulará la implementación de los distintos niveles y exigencia de capacitación.
Preguntada si es posible su tramitación con la oposición de Compromís, la consellera ha manifestado que su "responsabilidad" es activar la elaboración del reglamento "y estar en condiciones de llevarlo al Consell lo antes posible". "Es mi responsabilidad porque la ley establecía el plazo de un año para la aprobación", ha resaltado.
Y ha añadido: "Si hay discrepancias, se intentarán solucionar como hemos hecho siempre. Somos un gobierno de coalición que, en ocasiones, hemos tenido puntos de vista diferentes. Algunas veces se ha llegado a acuerdos y otras no", ha señalado.
"Yo soy partidaria --ha insistido-- de dialogar todo lo necesario para llegar a un acuerdo razonable, pero un acuerdo que no puede pasar por exigir un plus, niveles superiores de lo que el sistema educativo tiene que garantizar a toda la ciudadanía", ha insistido.
Bravo ha recordado que uno de los aspectos importantes que se plasman en el informe de la Comisión es que la tramitación del decreto tiene que ir acompañada del decreto de homologación de niveles que tiene que poner en marcha Educación.
"Ahora mismo no están garantizando el B2. Tienen que poner en marcha la homologación de niveles y es ahí donde hemos tenido posiciones diferentes porque en la Comisión un sector era partidario de que el decreto de homologación estableciera que, superado el Bachiller, a las personas se les reconociera el C1", ha apostillado.
Interpelada entonces por si el decreto contaría con la exigencia del B2, Bravo ha dicho que lo que plantea el decreto de implementación es exigir lo que da el sistema educativo: "Si el decreto de homologación da el B2, eso", ha repetido.
Por otro lado, Bravo ha explicado que la incorporación del requisito lingüístico tendría un periodo transitorio de implantación porque no afectaría a todas las personas que está en fase de exámenes o en fase próxima a poderse presentar a la oposición. "Establecemos un periodo mínimo de transición de entre uno y dos años, en función de la situación. Es una cuestión que estamos valorando", ha afirmado.
La síndica de Compromís en Les Corts, Papi Robles, ha insistido este martes en que el nivel C1 de valenciano o 'mitjà' debe ser un "requisito imprescindible" para los funcionarios en la Comunitat y ha asegurado que así se lo ha trasladado al 'president' de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig.
"No estamos de acuerdo, es público y notorio y continuaremos reinvindicándolo", ha recalcado en una comparecencia tras su primera reunión con Puig, dentro de una ronda con los grupos parlamentarios, sobre la propuesta de la Conselleria de Justicia para el requisito lingüístico.
Este mismo martes, la consellera Gabriela Bravo se ha mostrado favorable a un acuerdo "razonable" con Compromís, pero "sin exigir un plus". En concreto, la propuesta de la comisión de competencia lingüística fija la exigencia del certificado A2 para la agrupación profesional funcionarial, del B1 para el subgrupo C2 y del B2 para el grupo B y el subgrupo C1, mientras para los grupos A1 y A2, traslada dos alternativas que "estudiará" para elaborar el decreto: exigir el B2 o el C1.
Al respecto, la síndica de Compromís ha reconocido que la propuesta del departamento de Función Pública (PSPV) es diferente a la de la Conselleria de Educación que dirige su compañero Vicent Marzà, pero ha advertido que no piensan "renunciar" a que se exija el 'mitjà'.
Y es que, a su juicio, los funcionarios de los grupos A1 y A2 deben tener suficiente formación como para atender en valenciano, preservando así el derecho de la ciudadanía a que la administración les responda en las dos lenguas oficiales.
Robles, que no ha querido desvelar la postura que le ha trasladado Puig, ha añadido que es un requisito que ya se exige al profesorado en las oposiciones, con lo que "de manera coherente se debe pedir al personal de la administración pública".
Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha lamentado que la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, "no está jugando en absoluto a favor" del valenciano, sino que "más bien es un problema y un obstáculo". Por ello, solicita al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, que intervenga para "restablecer el consenso" en cuanto a la exigencia del conocimiento de esa lengua en la función pública.
Así lo ha expresado, en declaraciones a Europa Press, el secretario de ACPV, Toni Gisbert, después de las manifestaciones realizadas este martes por Bravo en las que ha aseverado que pondrá en marcha "ya" el decreto para regular la capacitación lingüística con el objetivo de acceder a la función pública valenciana y buscará acuerdos con Compromís para que sea aprobado.
No obstante, la consellera ha advertido de que es partidaria de un acuerdo "razonable" en el que no se exija "un plus" mas allá del nivel de capacitación del valenciano que dé el sistema educativo, del que ha subrayado que debe poner en marcha ahora el decreto de homologación de niveles.
Al respecto, Gisbert ha recordado que desde que ACPV impulsara en 2016 un acuerdo social para lograr esta reivindicación, "es un hecho constatable que la consellera Bravo no se ha caracterizado por un talante dialogante y de consenso, sino que más bien ha sido un obstáculo".
Por su parte, ha apuntado, Acció Cultural ha tenido "mucha paciencia ante los retrasos", pero, llegados a este punto, debe exigir a la Presidencia del Consell su intervención.
En este sentido, el portavoz explica que, tras la probación de la reforma de la Ley de Función Pública y la decisión de elaborar un reglamento para la concreción de los niveles de conocimiento de acceso, se constituyó una comisión formada por representantes de las tres áreas del Gobierno implicadas: la de Justicia y Administraciones Públicas, en manos del PSPV; la de Educación y Cultura, bajo la dirección de Compromís, y la de Presidencia.
"Lo que ACPV pide a Presidencia --incide Gisbert-- es que vote y desempate porque el 'president' Puig ha de decidir si opta por una solución intermedia razonable que dé carta de naturaleza a algo que ya existe o se alinea con las posiciones mas retrógradas". En este último caso, Acció Cultural se vería obligada a "pedir a los grupos parlamentarios que voten en contra de la resolución", ha advertido.
En opinión del secretario de ACPV, a Gabriela Bravo, "al igual que a una parte importante de su partido, se le olvida que no gobiernan solos y que dentro de sus competencias no esta la de Política Lingüística".
En esta línea, ha reprochado a la titular de Función Pública "no tener en cuenta varias premisas". En primer lugar, ha señalado, "que el valenciano es la lengua cooficial en el País Valenciano y ha de tener el mismo trato que el castellano, ni más i menos".
Además, ha subrayado que los funcionarios son "servidores públicos" y son los ciudadanos los que tienen derechos. Por último, le ha recordado "la existencia de un maltrato histórico hacia el valenciano por parte de la administración, lo que hace que se deba tener una particular atención y cariño para revertir esa situación".
ACPV recalca que el "punto de consenso" es el nivel C1 para los grupos superiores de la administración valenciana (A1 y A2). Gisbert ha apostillado que decir que no conformarse con la exigencia de conocimiento que acredita el bachillerato puede suponer un menosprecio al sistema educativo es un razonamiento "falaz".
"En la administración hay una escala para el acceso a determinados puestos, para unas plazas se pide un bachillerato y para otras, titulaciones universitarias. En coherencia con eso, sería lógico también establecer una escala de conocimiento de valenciano para los grupos más altos, puesto que no es lo mismo un funcionario que ocupa un lugar de bedel que un abogado de la Generalitat que ha de saber redactar recursos en valenciano", ha puesto como ejemplo.
"Y eso no es un descrédito para nadie. ¿Por qué no se pide entonces solo el bachillerato para cualquier puesto en la administración", ha planteado.
Además, Toni Gisbert resalta que la inmensa mayoría de los integrantes de los grupos A1 y A2 ya tiene la acreditación de valenciano correspondiente al 'mitjà', por lo que exigir solo el nivel de bachillerato sería "en la práctica un retroceso". "La consellera Bravo está haciendo trampa", ha rematado.
