Foto: EDUARDO MANZANABRUSELAS. La visita del president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, esta semana a Bruselas no ha podido ser más oportuna. Se produce en el momento en que la Comisión Europea decide realizar una consulta pública dentro de la Política Agrícola Común (PAC) para establecer nuevas directrices de sostenibilidad en el ambo de la agricultura. El president solicitó ante el Alto Representante de Política Exterior, Josep Borrell, que los tratados de libre comercio que se celebran con terceros países cumplan los mismos estándares laborales, medioambientales y fitosanitarios que se les exigen a los productores europeos y, en especial, a los valencianos.
La Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta pública que durará un año y a la que podrán acceder los productores, intermediarios y la cadena de distribución como partes interesadas para diseñar acuerdos de sostenibilidad en el ámbito de la agricultura, que se establecerán como directrices en la nueva PAC. La normativa europea establece una excepción al derecho de la competencia y permite los acuerdos en el sector agrícola cuando son indispensables para lograr normas de sostenibilidad.
La clave de estos acuerdos, que se excluyen para el derecho de la competencia, es que deben aportar un estándar más alto de sostenibilidad medioambiental. Precisamente, estas exigencias futuras y las actuales están haciendo perder competitividad a los agricultores europeos, ya que se exige un estándar en cuanto a productos fitosanitarios, fertilizantes y forma de cultivo respetuosa con la naturaleza que no cumplen los mismos productos importados de países terceros, con los que hay convenios de libre comercio que reduce el pago de tasas.
Ello y la falta de control en los puertos europeos, en especial de Portugal y Holanda, han provocado las protestas de las asociaciones agrícolas valencianas y, esta semana, de nuevo del presidente de la Generalitat denunciando la competencia desleal. Un ejemplo son los cítricos con plagas que entran por Turquía y Egipto, o las naranjas sudafricanas, que además compiten desde 2016, cuando se firmó el tratado de libre comercio, solapándose con la producción valenciana en otoño y sin cumplir los estándares europeos del tratamiento en frío provocando la entrada de plagas a la Comunitat Valenciana.
El proyecto de directrices tiene como objetivo aclarar cómo los operadores activos en el sector agroalimentario pueden diseñar iniciativas conjuntas de sostenibilidad. En particular, el proyecto de directrices definirá el alcance de la exclusión, que sólo se refiere a los acuerdos celebrados por productores agrícolas, ya sea entre ellos o con otros actores activos a lo largo de la cadena agroalimentaria, como las empresas que suministran insumos para la producción, distribución, transporte o envasado del producto. Los acuerdos celebrados sólo entre los operadores de la cadena de suministro agroalimentaria sin incluir a los productores agrícolas no pueden beneficiarse de la exclusión, incluso cuando el acuerdo se refiere a un producto agrícola.
Las Directrices también aclaran el alcance de los objetivos de sostenibilidad que se pueden perseguir con los acuerdos, como son la protección del medio ambiente, la reducción del uso de plaguicidas y resistencia a los antimicrobianos, y la salud y bienestar animal. Por ejemplo, las Directrices aclaran que el objetivo de protección del medio ambiente incluye acuerdos para proteger el suelo y mejorar la resistencia del suelo a la erosión, con el fin de aumentar su biodiversidad o mejorar su composición. Para beneficiarse de la exclusión, las partes deben acordar la adopción de un estándar de sostenibilidad que sea más alto de lo que es obligatorio por la legislación nacional o de la UE.
Tras las aportaciones de las partes interesadas sobre el proyecto de Directrices, la Comisión los analizará cuidadosamente y aplicará cualquier cambio necesario con el fin de que entren en vigor antes del 8 de diciembre de 2023. En ese sentido, se anima a todo el sector a participar en esta consulta pública, como pueden ser las asociaciones de agricultores valencianos.
En el contexto de la reforma de la política agrícola común para 2023-2027, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea adoptaron en 2021 una nueva exclusión de las normas de competencia para los productos agrícolas. La nueva exclusión está contenida en un Reglamento, por el que se permiten acuerdos destinados a lograr un conjunto de objetivos de sostenibilidad mediante la aplicación de normas más altas de lo que es obligatorio en virtud de las leyes de la UE y/o nacionales.
