CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Burriana matiza que la reclamación de la Agència Valenciana Antifrau (Avaf) para que exija al urbanizador del Programa de Actuación Integrada Sant Gregori 21 millones de euros en concepto de compensación por no haber ejecutado el PAI en tiempo y forma se refiere a actuaciones que tuvieron lugar con el anterior equipo de gobierno y por la empresa que tenía la condición de agente urbanizador en el pasado.
La memoria de actividades de 2021 que el director de la Avaf, Joan Llinares, presentó este martes a Les Corts Valencianes recoge el procedimiento que el año pasado siguió este organismo autonómico sobre las denuncias recibidas por el PAI burrianense. Y en ella se repiten los argumentos que el pasado mes de diciembre ya expuso al consistorio para exigir el pago.
En este sentido, fuentes municipales señalan que la Avaf dio tres meses para presentar los documentos que acrediten la reclamación del dinero o un escrito en que justifique no haberlo hecho. Y es esto precisamente lo que hizo el consistorio burrianense.
Así, las fuentes señalan que se remitió a la Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció a la Comunitat Valenciana, cuyos informes no son vinculantes, el acuerdo transaccional de 2019 por el que una nueva empresa llevaría a cabo la urbanización del PAI, tal y como acomete en este momento. Y por este motivo no se ha reclamado el pago.
Asimismo, la memoria de la Avaf también incluye la recomendación en relación con la contratación de informes de asesores jurídicos externos para los trámites urbanísticos, algo que ha llevado a cabo el Ayuntamiento en el PAI Sant Gregori. En este sentido, la entidad señala que, "como regla general, la tramitación de los procedimientos administrativos y la emisión de informes se lleve a cabo por los empleados públicos con funciones atribuidas para ello, evitando contrataciones menores para realización de informes de asesores externos, sobre aquellas materias ya informadas de forma concluyente por parte de los funcionarios municipales en ejercicio de sus funciones". Además, apunta que, "en caso de tener que realizarse este tipo de contrataciones, por motivos justificados, se sigan todos los requisitos establecidos en la normativa aplicable".