Foto: INMA CABALLERCASTELLÓ (RO/EFE) La Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana pide al Ayuntamiento de Burriana que exija al agente urbanizador del Programa de Actuación Integrada Sant Gregori 21 millones de euros. Así lo recoge la memoria de 2021 de la Agència Valenciana Antifrau (Avaf), que ha sido entregada este martes a Les Corts Valencianes por su director, Joan Llinares.
En concreto, y tal y como ya trasladó al consistorio burrianense el pasado mes de diciembre, el motivo es que, tras el retraso en ejecutar el PAI por los anteriores gestores, en la Avaf consideran que la Administración local debería haberse incautado de las fianzas depositadas, pero no lo hizo y en 2019 firmó un acuerdo transaccional para que una nueva empresa actuase como agente urbanizador y ejecutase el PAI.
Tras la comunicación de diciembre, la Agència Valenciana Antifrau, cuyos informes no son vinculantes, dio tres meses para que el consistorio reclamase estos 21 millones o enviase un escrito con sus argumentos para no hacerlo. Precisamente, este lunes la agrupación burrianense de Esquerra Unida reclamó por vía administrativa este informe. Ahora, según Llinares, el consistorio tiene "la obligación" de recaudarlas.
Antifraude recomienda a Burriana que reclame 21 millones a Golf Sant Gregori por el PAI
Estos 21 millones de Burriana son la mayoría de los más de 23 que la Avaf cifra como susceptibles de recuperar por las instituciones públicas en toda la Comunitat debido a irregularidades, según se desprende de las investigaciones finalizadas en 2021 por esta entidad. Llinares ha explicado que es la primera vez que cuantifican este importe recuperable, a partir de expedientes que van de los 10.000 a los citados 21 millones de euros de Burriana.
Llinares ha indicado que ya se han recuperado 550.000 euros por parte de una Administración local, y que los otros 70 expedientes se refieren a materia de personal, como por ejemplo retribuciones pagadas que no se deberían haber abonado. También ha admitido que la Agencia no tiene potestad para reclamar cantidades pagadas indebidamente o responsabilidad contable por importes que se deberían haber abonado y no se ha hecho, sino que solo puede señalarlo, aunque ha recordado que estas memorias se entregan el Tribunal de Cuentas, que tiene más atribuciones.
Asimismo, Llinares ha señalado que son 27 las personas que han denunciado irregularidades o corrupción y se han acogido al estatuto de protección de esta entidad, y que hay cuatro administraciones que no han aceptado las recomendaciones emitidas por Antifraude: el Ayuntamiento de València (en dos investigaciones), el de Rojales (Alicante) y el Institut Valencià de Cultura.
El director de Antifraude ha destacado que en un año se ha producido un "cambio sintomático" en la materia mayoritaria de las denuncias recibidas: en 2020 se referían principalmente a contratación pública (eran el 34 %, ahora el 16 %), mientras que en 2021 ha primado la gestión de recursos humanos, que ha pasado del 33 al 48 % .
Llinares ha mostrado su "preocupación" por el hecho de que la gestión de recursos humanos represente casi la mitad de los expedientes de investigación de la Agencia, y ha destacado que, de ese porcentaje, la mitad se refiere a irregularidades en las oposiciones a Policía Local, como filtración de exámenes.
El informe recoge que, desde el inicio de la actividad de la Agencia, hace casi cinco años, ha actuado como perito judicial en 12 procedimientos judiciales, 5 de ellos en 2021. Llinares ha rehusado dar detalles, ya que algunos procedimientos tienen la instrucción declarada secreta, aunque ha precisado que son casos de presunta corrupción. Ha explicado que, desde su creación, Antifraude ha abierto alrededor de un millar de expedientes de investigación, y ha explicado que "poco más de la mitad" acaban en archivo, bien porque lo que se denuncia no constituye una irregularidad, bien porque las denuncias son genéricas y más bien piden "una auditoría general", que no es competencia de la Agencia.
También ha señalado a veces se recurre a la Agencia cuando los tribunales han dictado una sentencia o están investigando, lo que les impide entrar a investigar, y ha indicado que, aunque algunas denuncias tienen su origen en una "batalla política", las investigan igual, aunque ha criticado que se haga ese uso.
Como ya se ha dicho, la cuarta parte de las denuncias recibidas por la Agencia Valenciana Antifraude en 2021 se refirió a irregularidades en oposiciones a Policía Local, como la filtración de preguntas, ante lo que esta institución ha propuesto que se siga el modelo vasco y sea el Ivaspe, y no cada ayuntamiento, quien centralice todas las pruebas. Así, la Avaf ya ha trasladado esta propuesta tanto a la Conselleria de Justicia como a la dirección del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias.
En opinión de Llinares, con este sistema se "resolverían definitivamente" los problemas que se están generando en los procesos de selección de empleados públicos, principalmente de agentes de la autoridad pero también en la Administración de la Generalitat, en los que hay que garantizar la "limpieza" y la "aplicación absoluta" del principio de igualdad.
"Está en juego tener una Administración de calidad o no tenerla, y está en juego sobre todo el cumplimiento del ordenamiento jurídico", ha aseverado Llinares, quien ha desvelado que Antifraude ha llevado a la justicia dos casos de irregularidades en oposiciones: a la Policía Local de Benidorm y al grupo A1 de técnicos superiores de la Generalitat. Ha explicado que ambos casos han acabado en sentencia absolutoria, si bien han considerado probado que se filtraron las preguntas, por lo que Antifraude ha instado a ambas administraciones a abrir procedimientos disciplinarios contra los infractores.
Ha lamentado que "algo tan grave como alterar el acceso a la función púbica" no tenga el "reproche" del ámbito penal, que reconoce que han ocurrido los hechos pero no tienen encaje en los tipos del Código Penal, por lo que ha defendido que se apliquen con rigor los mecanismos que contempla la ley de Función Pública ante conductas que "vulneran de forma grave principios constitucionales". Asimismo, ha precisado que en la segunda mitad de 2021 la Agencia abrió una investigación a raíz de una denuncia sobre supuestas irregularidades en las oposiciones a la Policía Local de Alicante, que aún no ha finalizado.
Llinares ha insistido en que el procedimiento que se sigue en el País Vasco es "impecable", pues la escuela vasca de administración pública centraliza el proceso de selección en oposiciones, con tribunales formados por expertos, lo que elimina los tribunales "ad hoc" en cada municipio, y posteriormente forma a quienes han ganado las oposiciones.
El director de la Agencia ha atribuido el hecho de que reciban más denuncias sobre este asunto a que ahora convocan más pruebas y a que esta entidad es más conocida tras sus cinco años de existencia y la gente tiene más confianza en ella, lo que anima a denunciar los casos de supuestas ventajas y favoritismos en estos procesos de selección.
