VALÈNCIA. Los datos de recaudación fiscal de la Generalitat Valenciana de 2025 arrojan un incremento de los ingresos del 12% impulsados, principalmente, por el dinamismo del mercado inmobiliario y las herencias. Sin embargo, hay un impuesto que, lejos de aumentar su recaudación, se ha desplomado. Se trata del impuesto sobre viviendas vacías. En concreto, los derechos reconocidos en este apartado han caído un 64% respecto a 2024 al pasar de 7,23 millones a 2,54 millones de euros.

Según explica la conselleria de Hacienda a este periódico, este batacazo responde a la drástica reducción de inmuebles deshabitados en el pasado ejercicio al pasar al mercado del alquiler o venta. "De este modo, se observa que la movilización de activos inmuebles en la Comunitat Valenciana es evidente, con un impacto significativo que se traduce en más vivienda en el mercado, incrementando la oferta disponible", señalan desde el departamento que dirige Rovira.

Pero ¿en qué consiste exactamente este tributo y a quién afecta? El impuesto sobre viviendas vacías es una figura fiscal autonómica que grava a los grandes tenedores (aquellos con más de diez inmuebles), por lo que afecta principalmente a entidades financieras, fondos de inversión y particulares dedicados exclusivamente al rentismo inmobiliario. En concreto, este impuesto se cobra cuando mantienen los inmuebles desocupados durante más de dos años sin una causa justificada. En el caso de la Comunitat Valenciana, el impuesto fue regulado durante el anterior gobierno del Botànic.

La base imponible se calcula en función del número de viviendas deshabitadas y del tiempo que permanecen en esa situación, aplicándose tipos progresivos que aumentan cuanto mayor es el volumen de inmuebles sin uso. El objetivo declarado de la medida no es recaudatorio, sino incentivar la puesta en el mercado de alquiler o venta de esas viviendas para aumentar la oferta y contener los precios.

Sin embargo, su evolución ha sido irregular desde su entrada en vigor. La caída del 64% en 2025 reabre el debate sobre si el desplome responde realmente a una mayor movilización de vivienda, como sostiene la Conselleria, o si obedece también a cambios en la gestión, en la inspección o en el ritmo de liquidaciones, puesto que el Consell actual no ha sido partidario de presionar a los grandes tenedores.

En términos comparativos, los 2,54 millones recaudados representan una cantidad marginal dentro del conjunto de ingresos tributarios de la Generalitat, muy lejos de figuras como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o el de Sucesiones y Donaciones, que concentran el grueso de la recaudación vinculada al mercado inmobiliario.

La evolución de este impuesto contrasta con lo sucedido en otras comunidades autónomas que también han implantado figuras similares, como Cataluña, donde el gravamen sobre viviendas vacías ha tenido un desarrollo distinto tanto en volumen como en litigiosidad.

Para el actual Consell, el descenso certifica que la medida cumple su función al reducir el número de inmuebles cerrados. Para sus críticos, en cambio, puede evidenciar una menor presión fiscal o una pérdida de eficacia recaudatoria.

Sanciones por no sacarlas al mercado del alquiler o la venta

Además, el decreto 130/2021, de 1 de octubre, del Consell, de aprobación del reglamento para la movilización de viviendas vacías y deshabitadas, que desarrolla la ley 2/2017, de 3 de febrero, contempla la imposición multas coercitivas para aquellos casos en los que, después de seis meses de haberse inscrito en el registro de viviendas vacías, mantienen esos inmuebles fuera del mercado de la vivienda. 

Si pasado el medio año desde que se registra el inmueble sigue su condición de deshabitada, la Generalitat debe sancionar con una cuantía equivalente al precio mensual por metro cuadrado de un alquiler establecido para las viviendas de protección pública multiplicado por el número de metros cuadrados útiles de superficie y por la cantidad de meses transcurridos desde el anterior pago.

Según consta en el registro oficial de la Generalitat, consultado por este periódico, actualmente hay 2.516 inmuebles vacíos en la Comunitat Valenciana que pertenecen a empresas, fondos o particulares con más de diez viviendas en su poder. No obstante, desde Provivienda estiman que hay cerca de 90.000 pisos y casas deshabitadas que corresponden a grandes propietarios en el mercado inmobiliario valenciano. 

Esta brecha supone que el Consell sólo controla el 2,8% de los inmuebles deshabitados que estos grandes propietarios están obligados a declarar y que, además, se exponen a sanciones económicas si mantienen esas viviendas vacías durante más de un año, según dicta el decreto 130/2021, de 1 de octubre, del Consell, de aprobación del reglamento para la movilización de viviendas vacías y deshabitadas, que desarrolla la ley 2/2017, de 3 de febrero, por la función social de la vivienda de la Comunitat Valenciana.