VALÈNCIA. No se puede decir que fuera cómodo el debut de Juanfran Pérez Llorca en su primera sesión de control en Les Corts Valencianes como jefe del Consell. El president se enfrentaba este miércoles a la arena parlamentaria por primera vez desde que fuera designado tras la dimisión de Carlos Mazón y tuvo que hacerlo para responder por la que se puede considerar su primera crisis al frente de la Generalitat Valenciana.

La polémica adjudicación irregular de viviendas protegidas en el residencial de Les Naus, en Alicante, se llevó el protagonismo de una sesión donde Pérez Llorca intentó cambiar el foco al anunciar, aprovechando que se iba a celebrar la primera comisión mixta entre Gobierno y Generalitat para la reconstrucción de la Dana, una indemnización de 80.000 euros para las víctimas mortales de la catástrofe. El tono del president, más institucional y conciliador y sin la retranca habitual de su predecesor -que ni siquiera estuvo presente por la mañana-, no fue suficiente para zafarse de los ataques de una oposición que no dudó en exprimir el caso que afecta de lleno no sólo al Ayuntamiento de Alicante sino también a la Conselleria de Vivienda, que dirige la vicepresidenta Susana Camarero.

El escándalo amenaza con dejar de ser sólo una piedra en el zapato para el Gobierno de Pérez Llorca. No solo por la sensibilidad social sobre los problemas de acceso a la vivienda, convertidos en la principal preocupación de la ciudadanía, sino porque el propio president, desde sus primeros compases, fijó como prioridad de la legislatura la política de vivienda, que ahora podría verse sepultada por el caso, que de hecho ya investiga una jueza de Alicante.

Consciente de ello, el 'popular' centró sus respuestas en defender la actuación del Consell tras tener constancia de las irregularidades e intentó cortar la sangría circunscribiéndolas a unos "jetas" concretos y un funcionario autonómico que ya ha sido apartado. También trató de contraatacar señalando que el empleado público involucrado había sido "ascendido" a su plaza por el Ejecutivo de Ximo Puig, si bien obvió que se refería a una comisión de servicio de las muchas que se aprueban en la administración.

De esta manera, con dudoso éxito, el jefe del Consell trató de reconducir el relato apelando a una política de vivienda que busque el "consenso" y el "diálogo", y aprovechó para buscar refugio en la pregunta de Vox, que si bien por la mañana diluyó el asunto de la vivienda entre otras prioridades como el sector agrario, la inmigración o la lengua valenciana, por la tarde empleó un tono más contundente, pidiendo incluso la dimisión del alcalde de Alicante, Luis Barcala, en el debate sobre la comisión de investigación para esclarecer el reparto de viviendas protegidas. Una propuesta que, de hecho, prevé salir adelante este jueves con el voto unánime de la cámara.

En su intervención, el síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, acusó al PP de “tráfico de influencias y uso de información pública para quedarse viviendas que pagamos con el dinero de todos”. “El congreso del Partido Popular se hará en la piscina del residencial Les Naus”, ironizó, y reprochó al Consell que mientras se conoce este escándalo haya personas en Alzira haciendo días de cola para acceder a una VPP. Así, calificó a los adjudicatarios de las viviendas como "okupas del PP de alto standing"

El síndic socialista acusó al Gobierno valenciano de haber eliminado requisitos para acceder a viviendas públicas mediante un decreto aprobado en 2024 que, según él, “es el origen de lo que ha ocurrido”. “Eliminaron controles para acceder a las viviendas, eliminaron la calificación permanente y, sobre todo, le dieron la posibilidad de adjudicarlas al promotor”, aseveró, para señalar a Llorca por carecer de "autoridad moral" por haber usado su "posición privilegiada" como alcalde de Finestrat para realizar una reforma ilegal en su chalet. Por todo ello, pidió la dimisión de la consellera de Vivienda, a la calificó como un "peligro público", por suscribir el mencionado decreto, y reclamó que se recuperen los controles y se devuelvan los inmuebles adjudicados.

"Detectamos un trato privilegiado y lo investigamos"

El president de la Generalitat, en su respuesta, defendió la actuación de la Conselleria porque está "poniendo orden" a lo que el Gobierno del Botànic no puso. Así, dijo que cuando se cedió el solar al promotor y cuando se creó la cooperativa en la que se inscribieron los compradores gobernaba la izquierda. "Nosotros detectamos un trato privilegiado de unos jetas y lo que hicimos fue investigarlo, cogimos al funcionario al frente de la dirección territorial y lo primero que hicimos fue suspenderlo de empleo y sueldo", expuso en su intervención Pérez Llorca, quien destacó que el Ejecutivo autonómico ha enviado al trabajador autonómico a la Fiscalía mientras que PSPV y Compromís lo pusieron en su cargo -mediante una comisión de servicios-.

Pérez Llorca negó que se hubieran retirado controles -"es una falsedad"- y consideró necesario "reforzar los sistemas de control". Al tiempo que defendió el aumento del rasero máximo de renta para acceder a viviendas protegidas hasta los 66.000 euros. Un cambio que, resaltó, se hizo para casos con determinados requisitos como tener dependientes a cargo o hijos sin trabajo. "¿Les molesta que una familia con un niño con discapacidad o un mayor dependiente no tenga esa posibilidad?", preguntó el president, según el cual lo que "molesta" a la izquierda es que la política de vivienda del PP, cristalizada en el Plan Vive, se haga "con diálogo y entendimiento" y es "una política útil". "¿Si el modelo del Plan Vive es tan malo, por qué 85 alcaldes lo apoyan?", cuestionó el jefe del Consell.

Por su parte, la diputada socialista María José Salvador aseguró que "ninguno de los colectivos mencionados ha accedido a las viviendas de 'Les Naus'". Así, criticó la voluntad del PP de introducir el "arraigo" como criterio de adjudicación de viviendas públicas. "¿Arraigo del PP?", preguntó la diputada: "Habla de jetas pero ustedes son la incubadora de jetas". A lo que la vicepresidenta y consellera de Vivienda respondió que el residencial de Les Naus fue impulsado durante la etapa del Botànic, tanto la venta de los terrenos como la creación de la cooperativa, los precios y las condiciones de calificación y preguntó cuántos funcionarios lleva el PSPV a Fiscalía cuando cometen irregularidades: “Nosotros investigamos, apartamos y llevamos a Fiscalía”. Más adelante, en otra intervención, llegaría a decir que "esto no es una causa del PP sino de gente de todo tipo de color político".

"Pagafantas por vicio"

Menos institucional fue la refriega con el síndic de Compromís, Joan Baldoví, quien centró su primera intervención en criticar la tardanza en convocar una sesión de control y en atacar al jefe del Consell por "subirle el sueldo" a Mazón, a quien consideró el "máximo responsable de este gobierno negligente" por la Dana, para que "siga aforado y en su casa cobrando todos los meses y no compareciendo ante la jueza de Catarroja". Pérez Llorca recordó que con el Botànic, Ximo Puig tardó "109 días en venir" y desde Compromís "le aplaudían y no lo criticaban", por lo que tildó a la coalición valencianista como unos "pagafantas" por "vicio". Y acto seguido, aseguró que los valencianos están "cansados de la crispación, el enfrentamiento y la polarización y quieren estabilidad" y "soluciones", y que la ciudadanía quiere a Compromís en la oposición.

De ahí que Baldoví le retara a que, si "tan seguro está" de todo ello, convocara elecciones autonómicas: "¿A que no las convoca? ¿A que no?". E incidió en la gestión "nefasta" del Consell para los valencianos pero "muy beneficiosa" para aquellos que pueden garantizarle su "continuidad" en 2027. Además de criticar el cambio de color institucional de la Generalitat al azul, hizo un repaso a diferentes asuntos: en materia sanitaria, criticó los pagos por valor de 107 millones a Ribera Salud, la compañía que compró "la clínica de Benidorm donde trabaja el hermano del conseller -Marciano Gómez-"; en Servicios Sociales, lamentó el estado de las residencias en Alicante; y en Educación, criticó el retraso en las ayudas para material escolar en la zona Dana o que el Gobierno autonómico haya permitido 21 salas de apuestas cerca de centros educativos. En este listado incluyó también el escándalo de las viviendas en Alicante, que a su juicio, "explica muy bien la política de vivienda del PP: viviendas de lujo para los suyos mientras más de 75.000 valencianos están esperando una vivienda pública". Por lo que pidió una "salida democrática" con la convocatoria de elecciones.

Aquí el president aprovechó para criticar que Compromís reclame estabilidad cuando la coalición es "de todo menos estable" ante la divergencia de opiniones de las últimas semanas en cuestiones como la reunión con el propio Pérez Llorca o la propuesta de Gabriel Rufián de una convergencia de la izquierda. A su juicio, por esta "deriva" y "descomposición" los valencianos enviaron a Compromís "a la oposición". No obstante, tendió la mano a Baldoví a reunirse "cuando supere la frustración interna". Y consideró que en Compromís "son incapaces de conseguir nada para esta región apoyando siete años de manera ininterrumpida al 'sanchismo'".

Acercamiento a Vox: "En España gusta el modelo valenciano"

La intervención del síndic de Vox, José María Llanos, recordó a Llorca que apoyaron su investidura para que cumpliera una serie de compromisos en materia de vivienda, sector primario, “convenios de repatriación” de inmigrantes o reducción de la presión fiscal. También, añadió, “para traer estabilidad política a nuestra comunidad tras revueltas manipuladas y mal intencionadas usando a las víctimas de la riada, y ante un gobierno socialista traidor, chantajista y corrupto, que persigue la ruina de los valencianos”. Quizá las críticas mas evidentes fueron en materia agraria, sobre la que pidió al PP que rechace "las políticas de estrangulamiento" de Europa como el acuerdo de Mercosur, o en materia lingüística. Aquí, Llanos le reclamó "apostar por el valenciano de verdad y por la Real Academia de Cultura Valenciana frente a la separatista Academia Valenciana de la Lengua".

Pérez Llorca mostró su desacuerdo con las afirmaciones del síndic de Vox y dijo que cree que “hay cosas que se pueden mejorar” en la AVL pero se mostró convencido de que llegarán “a un entendimiento”  a través "del diálogo" respecto a la institución normativa del valenciano. La semana pasada, la presidenta de la Acadèmia, Verònica Cantó, confirmó contactos entre Presidencia de la Generalitat y el ente normativo del valenciano basados en "recuperar la colaboración" que "aún no se ha materializado". Durante 2025, el Consell entonces presidido por Carlos Mazón acordó junto a Vox una reducción del 25% en la aportación presupuestaria a la AVL dentro de los presupuestos de la Generalitat.

El president agradeció a Vox su talante abierto a “proponer, dialogar y pactar” y llegó a asegurar, al final de su intervención y en alusión a los recientes comicios en Extremadura o Aragón: “Hay algo que es evidente en España, a la vista de los últimos resultados electorales: en España gusta mucho el modelo valenciano”. Un acercamiento evidente que no desentonó con el resto de la comparecencia. Respecto al sector primario, resaltó que es uno de los gremios profesionales con los que más se ha reunido ante su “preocupación” por los acuerdos comerciales aprobados por la UE. Y en cuanto a la petición de transparencia en la adjudicación de viviendas protegidas, Pérez Llorca admitió que el sistema de adjudicación “hay que mejorarlo y protegerlo mejor”, por lo que el Ejecutivo se ha puesto a trabajar de inmediato para reforzar los controles de adquisición de vivienda con más publicidad, transparencia y control”, y destacó su anuncio de introducir el “arraigo” como criterio para adquirir viviendas públicas.