CASTELLÓ. Castelló ha dado un nuevo paso para aprobar el 'blindaje' a la instalación de gasolineras en zonas residenciales del término municipal. La Junta de Gobierno Local ha admitido a trámite el borrador de la modificación puntual 1/2024 del Plan de Ordenación Pormenorizada (POP) de Castelló para incorporar este cambio en el planeamiento urbanístico y aprobado el inicio del trámite de 30 días para su sometimiento a consulta pública.
La modificación incluida establece que la instalación de actividades como el uso de suministro de combustible y estación de servicio (gasolineras, gasineras, hidrogeneras o instalaciones con denominación similar) se permitirá únicamente en "zonas delimitadas en el Plan General Estructural que no sean de uso dominante residencial". Además, la nueva redacción recupera la exigencia de que las estaciones de servicio "deban recaer a vías de más de 21 metros de anchura y de que su acceso no se produzca de manera directa desde la ronda de circunvalación". Se trata un condicionamiento que ya se establecía en el plan urbanístico de 2000 y que ahora se recupera.
"La concreción de un ancho de 21 metros y la prohibición del acceso directo desde la ronda se realiza por entender que en planeamientos anteriores ya se ha puesto en práctica estas medidas y se ha comprobado que su implantación da lugar a una adecuada funcionalidad de la actividad diaria del municipio de Castelló de la Plana", indica el documento.
Por contra, se elimina el requerimiento de informe favorable de la administración competente en riesgos ocasionados por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas en referencia al Decreto 49/2011, de 6 de mayo, del Consell.
Cabe recordar que la modificación pretende evitar polémicas como la vivida con la instalación de una gasolinera que Plenoil proyectaba en un solar de la calle Villavieja, esquina con Pintor Carbó, en pleno barrio de Rfalafena. El equipo de gobierno aprobó el pasado año la suspensión de licencias para la instalación de estas estaciones en zonas urbanas durante un periodo de dos años. No obstante, la suspensión decaería si antes de un año no se exponía a consulta pública el proyecto de modificación del POP. El plazo finaliza el 21 de diciembre.