CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló tiene un plan para garantizar un control legal sobre el uso del patinete eléctrico. Ante la imposibilidad de aprobar la nueva ordenanza de Movilidad Sostenible por el conflicto entre los taxis y los VTC, el Acord de Fadrell se ampara en la instrucción de la Dirección General de Tráfico (DGT) a fin de regular lo que se denomina Vehículo de Movilidad Personal (VMP).
Esta norma de ámbito estatal, y actualizada en febrero de este año, resulta aplicable en aquellos municipios que no cuentan con una legislación específica y propia, como es el caso de la capital de la Plana. Además de establecer el marco básico y un manual, fija cuestiones como los requisitos técnicos de los VMP y las infracciones en el supuesto de incumplimientos.
De hecho, desde la Concejalía de Movilidad se asegura que la Policía Local ha incoado expedientes sancionadores por detectar vulneraciones relativas a lo que determina la instrucción de la DGT. Algunas consideraciones a tener en cuenta están relacionadas con la obligatoriedad del empleo del casco, la velocidad máxima, la calzada y las características de los vehículos.
De acuerdo con la normativa, los patinetes no pueden moverse por las aceras y tienen prohibida la circulación en vías interurbanas, travesías, autopistas, autovías o túneles urbanos. Asimismo, la velocidad máximo no debe sobrepasar los 25 km/h. Tampoco se pueden llevar auriculares puestos, ni hacer uso del móvil o cualquier otro dispositivo mientras se realiza la conducción. De noche, resulta imperativo llevar prendas reflectantes.
Todas están condiciones, de obligado cumplimiento, son ignoradas por la gran mayoría de los usuarios, según indican desde la citada Concejalía. De igual forma, existe un desconocimiento general acerca de la existencia de la instrucción de la DGT, que incluye una tabla de sanciones. Por una infracción considera leve (por ejemplo, circular de noche sin alumbrado), la multa asciende a 200 euros. Por una falta grave o muy grave, como conducir bajo los efectos del alcohol y otras drogas, la suma puede llegar hasta los 1.000 euros.
Estos aspectos deben estar contemplados en la nueva ordenanza de Movilidad Sostenible (134 páginas). Sin embargo, el Acord de Fadrell desconoce cuándo podrá aprobarla. Aunque lleva más de un año de tramitación administrativa, las últimas sentencias sobre los VTC obligan a revisar el texto, que se había modificado recientemente a raíz de las alegaciones presentadas por la asociación de taxis durante la exposición pública. "Estamos pendientes de un informe jurídico para responder a los taxistas", explica el concejal del área, Jorge Ribes.
El edil reconoce que las dificultades para activar el reglamento impiden establecer una nueva hoja de ruta. Esto significa que habrá que esperar hasta después de las elecciones del 28M, como pronto. En vista de que las corporaciones municipales se constituirán a mediados de junio, parece complicado que pueda encontrarse una solución satisfactoria para todas las partes antes del verano.