CASTELLÓ. El Acord de Fadrell blinda la Agenda Urbana 2030 para reactivarla cuando se recupere la normalidad tras la crisis sanitaria por el coronavirus. El Tribunal Administrativo Central (TAC) resuelve a favor del Ayuntamiento de Castelló en su litigio con una de las empresas concurrentes, que había paralizado la tramitación al haber alegado que "las condiciones de solvencia técnica impuestas en los pliegos son desproporcionadas".
Sin embargo, el TAC considera que no se aprecia "mala fe o temeridad", por lo que desestima el recurso de la demandante y decreta "levantar la suspensión del procedimiento de contratación". No obstante, en su fallo advierte que la diligencia para la adjudicación del contrato queda "interrumpida por la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma".
Dicho de otra manera, a pesar de desbloquear la licitación, habrá que esperar a que termine la actual emergencia para reanudar el expediente, en fase de apertura de sobres con las distintas ofertas. En total, ocho entre mercantiles y UTE: Auren Consultores SP, Bipolaire, Centro de Observación y Teledetección Española, Estudio Génesis Projects, Everis Spain, Innvoación y Desarrollo Local, Cercle-Multicriteri-Mcrit-Ersilia y Techfriendly.
El pasado 13 de enero de 2020 la Plataforma de Contratación del Sector Público publicó las bases del contrato. Días después una de las firmas participantes presentó un recurso. El 18 de febrero se dictó resolución por la Secretaria del Tribunal, en la que se acordó la suspensión del procedimiento solicitada por la recurrente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 y 56 de la LCSP.
Ante esa sentencia cabía apelación por parte del Ayuntamiento, procediendo en consecuencia los servicios jurídicos municipales. A partir de este momento, se abría un plazo de hasta tres meses para dictaminar una sentencia definitiva, si bien es cierto que el TAC consideró oportuno priorizar el asunto por la importancia del proyecto.
La Agenda Urbana Castelló 2030 traza el desarrollo urbanístico de la ciudad para la próxima década. Como un instrumento esencial, establece las líneas estratégicas de actuación como motores de transformación hacia una urbe más innovadora y moderna. El contrato, cuyo valor estimado alcanza 152.000 euros, contempla una duración de 36 meses.
Cerrada la vía administrativa, a la parte litigante solo le queda elevar una reclamación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
En cualquier caso, como ha ocurrido con otros conflictos judiciales, ese hipotético conducto no afectaría a la licitación y posterior adjudicación. Más allá de que hubiese una sentencia favorable al recurrente, se presupone que el Ayuntamiento nuevamente recurriría, de manera que, cuando el juzgado resolviera en un sentido o en otro, el contrato ya se habría completado en su totalidad.