Castelló completa el recurso por el topónimo a la espera de que el TSJCV resuelva durante este año

CASTELLÓ. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ya tiene toda la documentación del Ayuntamiento de Castelló con vistas estudiar la reclamación por el topónimo. Aunque a finales de enero se anunció la formalización del recurso, en realidad se trató de un formalismo administrativo que significó la apertura del expediente para que el consistorio incorporara los informes requeridos dentro de un plazo legal. Finalizada la diligencia, el Contencioso-administrativo debe entrar ahora en el fondo de la cuestión, emitiendo un fallo que podría hacerse público antes de finalizar el año, en el mejor de los casos.

La alegación de Alcaldía pide la revocación del decreto del Consell que autoriza el cambio de nombre del municipio valenciano de Villanueva de Castellón por la forma exclusiva 'Castelló'. En la amplia argumentación, se incide en el desconcierto que provoca la similitud de las denominaciones, causando además problemas burocráticos. Y no solo a nivel de tramitación interna y de relaciones con otras entidades, sino también a la hora de promover convocatorias públicas de empleo.

El texto advierte que la decisión de la Generalitat, de fecha 4 de septiembre de 2020, vulnera parte del contenido del decreto 68/2017, de 2 de junio, del Consell, de regulación de los criterios y procedimiento para el cambio de nombre de los municipios. En el punto 5 del artículo 4 se advierte sobre imposibilidad de conceder cambios de apelativos "cuando el propuesto sea idéntico a otro existente o pueda producir confusiones en la identificación de las administraciones públicas".

Otro aspecto en el que se pone el foco obedece a los nombres compuestos, como es el caso de Castelló de la Plana, normalizado desde el 22 de marzo de 2019.  En la documentación aportada por el Ayuntamiento al TSJCV, se incluye el acuerdo plenario del 29 de octubre de 2020, por el que se facultó a la alcaldesa, Amparo Marco, para emprender acciones "en defensa de los intereses de la ciudad". Dicho acuerdo recoge que "históricamente, en topónimos con una designación compuesta, la primera parte suele ser la que corresponde al nombre popular, mientras que la segunda suele quedar como un complemento omisible que se explicita en los ámbitos oficiales".

Divergencias en el Fadrell

La votación para sacar adelante aquella iniciativa reveló discrepancias en el seno del Acord de Fadrell respecto a este tema. Mientras el PSPV, como impulsor de la medida, votó favorablemente (encontró el amparo de la oposición), Compromís se posicionó en contra y Podem-EUPV se abstuvo. Además, el debate derivó en fricciones, especialmente a raíz de la afirmación del concejal de Educación, Francesc Mezquita, sobre que "se iniciaba una cruzada contra el valenciano". Marco tuvo que corregirle para advertir que  "lo que se trae al pleno es una propuesta de Alcaldía y le puedo asegurar que no es ninguna cruzada contra el valenciano. Yo también soy valenciana parlante".

El origen del conflicto sobre el topónimo se remonta a junio de 2020, cuando el Ayuntamiento de Villanueva de Castellón solicitó a la Acadèmia Valenciana de la Llengua un informe acerca de la viabilidad del cambio de nombre. La Secció d'Onomàstica precisó que la denominación Castelló es "la manera tradicional por la cual es conocida la población en toda la comarca y por todos los vecinos". Ese dictamen habilitó al Consell para autorizar la modificación a través de un decreto que la capital de la Plana recurrió en octubre.

El 4 de diciembre, la Generalitat desestimó el requerimiento firmado por Marco. Agotada la vía de la "cortesía", la alcaldesa abrió la senda judicial con la formalización del recurso ante el TSJCV el 29 de enero de 2021. A partir de ese momento, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo requirió documental adicional, aportada en los sucesivos meses, hasta llegar al punto actual.