CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló contempla aplicar el recargo del 50% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a 1.000 viviendas vacías de grandes tenedores (más de 10 propiedades) a partir de 2022. Una primera estimación realizada en función de la tasa de basuras y los consumos de agua y electricidad revela que existen 5.500 pisos desocupados en la ciudad, aunque 4.000 pertenecen a pequeños propietarios, a los que no les afectaría la medida.
La Concejalía de Hacienda, a instancias de Vivienda, lleva desde 2020 trabajando en la elaboración del censo de inmuebles y espera remitir sus conclusiones a la Conselleria antes de finalizar 2021. El objetivo radica en imponer los recargos a partir del próximo año, una vez el inventariado se incorpore al nuevo decreto para la movilización de moradas deshabitadas aprobado por la Vicepresidencia Segunda el 1 de octubre.
La normativa instaura un registro y regula el procedimiento para declarar la vivienda vacía, centrándose en aquellas que permanecen en poder de los grandes tenedores. Asimismo, desarrolla un aspecto de la Ley de la Función Social de la Generalitat Valenciana de 2017, que obliga a los propietarios a informar sobre el estado de sus inmuebles en el caso de que permanezcan sin uso al menos durante 12 meses.
Ahora, el consistorio debe coordinarse con la Conselleria para aportar la información que las áreas de Hacienda y Vivienda están recopilando durante los últimos meses. En el momento que estos datos figuren el registro autonómico, se podrán notificar las penalizaciones del IBI, comunicación que se encargará de efectuar el propio consistorio. Al respecto, todavía está por definir la fórmula elegida, si bien todo apunta que se optará por enviar una carta certificada a los interesados.
Según el Plan Estratégico de Vivienda, encargado por el departamento de María Jesús Garrido en 2020, la capital de la Plana cuenta con 87.581 pisos, de los que 11.999 se destinan al alquiler (el 15%), mientras que las casas deshabitadas suponen un 16% del total. Ese estudio entronca en la Estrategia de Regeneración Urbana, que evidencia lo imperativo de promover la rehabilitación para mejorar las condiciones del parque inmobiliario por su antigüedad.
La media de edad de los pisos en Castelló ronda los 40 años (construidos en 1971), siendo los ubicados en el centro lo más vetustos (60 años). Alrededor de 7.000 hogares requieren una reforma. De esa cantidad, cerca de 1.000 presentan un estado ruinoso, por lo que las mejoras resultan urgentes, según reiteran desde la Concejalía de Transición Ecológica.
La decisión de aplicar un recargo del 50% de la cuota líquida del IBI a los grandes tenedores se aprobó por el pleno del Ayuntamiento en octubre del año pasado. Las nuevas ordenanzas fiscales incorporaron como gran novedad ese gravamen, que está especialmente dirigido a los fondos buitres, que controlan alrededor de 1.500 casas en la ciudad, aunque no todas están desocupadas.