CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló dará vía libre a la reforma integral de la avenida Lidón a finales de octubre, siempre que se cumplan los plazos recogidos en el contrato firmado con la adjudicataria el 24 de agosto. Según la cláusula quinta, referida a la duración y garantías, la Unión Temporal de Empresas (UTE) responsable de la obra civil, integrada por Becsa SA y Telecso SL, deberá presentar el proyecto de ejecución y los planes de seguridad, salud y gestión de residuos en un periodo máximo de dos meses desde el día siguiente a la formalización del citado contrato. Una vez aprobados los documentos por parte del consistorio, se extenderá el acta de comprobación del replanteo (disponibilidad de los terrenos) con vistas a iniciar la actuación.
Esto significa que los primeros trabajos arrancarán en el último trimestre del año, pero nunca antes de noviembre, salvo que el contratista acorte los tiempos. Al respecto, de acuerdo con la oferta presentada, se reducirá en más de dos meses la mejora de la travesía al culminar la transformación en 11 meses frente a los 13,5 estipulados en el pliego de prescripciones técnicas y administrativas.
La reforma de la avenida Lidón cuenta con un presupuesto de 3,3 millones de euros cofinanciados con fondos europeos, lo que implica el cumplimiento de unos estrictos plazos de ejecución. Así, en el supuesto de empezar el proyecto en noviembre, la recepción de la obra se produciría en septiembre de 2022.
En la propuesta de la UTE, además de rebajar la duración de la actuación, se amplía en dos años la garantía (tres en total) y se introducen tanto criterios sociales como medioambientales. Del mismo modo, el contratista se compromete a realizar un informe final de impacto y la repercusión que las medidas adoptadas en materia de perspectiva de género han tenido en la obra.
La Junta de Gobierno Local aprobó la adjudicación del proyecto al único licitador en la sesión celebrada el 29 de julio. Ese mismo día también autorizó el gasto de 195.612,11 euros para 2021 y asumir el compromiso de consignar en el presupuesto de los ejercicios 2022 y 2023 los importes de 2,86 millones y de 238.014 euros, respectivamente.
Según explicó el Ayuntamiento mediante una nota de prensa, la intervención es fruto "de un análisis profundo de las infraestructuras existentes, planes urbanos y estrategias de ciudad, así como de las sugerencias y necesidades aportadas en el proceso de participación ciudadana". No en vano, tiene como objetivo "la mejora de la movilidad peatonal y ciclista mediante la remodelación completa de la sección viaria para la reducción de la presión del vehículo privado y de las emisiones de CO2".
A pesar de ello, un sector del vecindario se opone a la reforma. Valga como ejemplo las protestas que se vienen repitiendo en la plaza Mayor desde que trascendió públicamente el proyecto. Por otro lado, el PP anunció el pasado 19 de julio, a través de su eurodiputado Esteban González Pons, que denunciará ante la Comisión Europea "todas la irregularidades en el proceso de consulta pública", en alusión al diseño de la reforma.