CASTELLÓ. La Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Castelló trasladará a la Generalitat denuncias de presunto acoso inmobiliario de seis fondos buitre e inmobiliarias a 30 familias residentes en el Raval Universitari. La edil María Jesús Garrido ha informado este viernes al Sindicato de Inquilinos de Castelló de la investigación que han llevado a cabo desde la Concejalía con el asesoramiento jurídico de profesionales expertos en el derecho de la vivienda, conocedores del expediente que recientemente llevó acabo el Ayuntamiento de Barcelona contra un fondo buitre. El departamento municipal valora que se han detectado presuntos indicios de acoso inmobiliario tipificado en el Código Penal y que recoge la Ley de Función Social de la Vivienda del Consell y remitirá esta documentación a la Conselleria de Vivienda para que abra un expediente sancionador.
"El Ayuntamiento tiene la obligación de dar apoyo a las organizaciones que buscan justicia social. Durante este viernes hemos puesto en común con el Sindicato de Inquilinos las situaciones de presunto acoso que hemos recabado para enviarlas a la Conselleria de Vivienda para que empiece a estudiar el expediente sancionador. Creemos que hay pruebas suficientes para que haya posibles delitos en las prácticas en los fondos de inversión", afirma la concejala de Vivienda, María Jesús Garrido, al término dela reunión con el Sindicato de Inquilinos de Castelló. "No puede ser que en un momento de crisis estos fondos jueguen de forma inmisericorde con la ciudadanía con la situación precaria que está este país, que solo miren intereses monetarios y se olviden que viven personas", añade.
La concejala resalta que las prácticas de los fondos buitre afectan a antiguas VPO y que están destinadas a rentas bajas, afirma que las denuncias implica a 30 familias y recuerda que del Raval Universitari ya se han ido 60 familias de pisos propiedad de fondos buitre que desde entonces permanecen vacíos.
La documentación recabada por la Concejalía contempla hasta ocho situaciones de supuesto acoso que tipifica la Generalitat Valenciana en la Ley de Función Social de la Vivienda por parte de seis sociedades de inversión e inmobiliarias en pisos de alquiler del Raval Universitari, concretamente; falta de notificación en el cambio de propiedad; inacción en el mantenimiento de zonas comunes; falta de definición en la empresa que gestiona los cobros; cambio de cerraduras en zonas comunes sin previo aviso; dificultades en el acceso al pago de la renta; falta de comunicación en el vencimiento del contrato e imposición de situaciones de impagos; conductas de presión moral para conseguir la rescisión del contrato; y comprobaciones ilícitas por parte del servicio de seguridad para verificar quién vive mediante el acceso sin permiso.
La Concejalía y el Sindicato de Inquilinos presentarán este informe la semana que viene a la Conselleria de Vivienda para que estudie el inicio del expediente sancionador,que sería el primero que se impulsa a un fondo buitre en la Comunitat Valenciana.