CASTELLÓ. Los informáticos del Ayuntamiento de Castelló y del Centro Criptológico Nacional (CCN), adscrito al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), analizan fichero a fichero los daños ocasionados por el ciberataque sufrido el pasado 30 de marzo, que inhabilitó la sede electrónica, el portal tributario, la web municipal y el sistema informático. El objetivo de la "revisión manual", como señala la concejala de Administración Electrónica e Innovación Digital, Mónica Barabás, es doble. Por un lado, determinar el alcance real del hackeo, realizado a través de un virus ransomware. Por otro, y como consecuencia de lo anterior, establecer un plan de acción que arbitre fórmulas legales en defensa de los intereses de los ciudadanos afectados por el robo de la información, publicada en la deep web o Internet profunda.
Aunque el equipo de gobierno evita pronunciarse respecto a posibles actuaciones judiciales, advierte que el uso indebido de datos personales supone un delito, por lo que "tomará las medidas oportunas" en el caso de detectar cualquier tipo de divulgación. De hecho, desde la semana pasada realiza una labor de vigilancia para rastrear la difusión de documentación sensible.
Barabás explica que en la actualidad se está trabajando en tres vías: el restablecimiento del sistema informático, la investigación del ciberataque y la categorización de la información comprometida. En este sentido, la colaboración del CSIRT-CV resulta esencial con vistas a impeler la fase de diagnóstico, evaluación y clasificación de los datos. "Se trata de un proceso complejo, laborioso y que requiere tiempo para poder actuar con seguridad y plenas garantías" afirma la concejala. "A medida que se vaya avanzando en este proceso, se llevará a cabo lo antes posible un plan de acción de notificación a los posibles interesados y comunicación de las acciones que podrían llevar a cabo", subraya.
Barabás insiste en que, a consecuencia de la virulencia del ataque, todavía transcurrirán varias semanas hasta retomar la normalidad. De hecho, a fin de blindarse ante futuros hackeos, "se están tomando medidas complementarias de seguridad informática para que el proceso de recuperación del sistema sea con garantías y evitar futuros ataques".
La concejala de Administración Electrónica e Innovación Digital reitera que el Ayuntamiento de Castelló es "víctima de un ciberataque grave" que conlleva un tiempo de recuperación. En este contexto, hace llamamiento general a la responsabilidad para no utilizar información robada que pudiera derivar en otros posibles ilícitos.
Por otro lado, el consistorio está a punto de firmar la póliza de 49,5 millones de euros para hacer frente a los gastos corrientes. Cajamar se ha impuesto a otros tres bancos (BBVA, CaixaBank y Sabadell) en el concurso público, de manera que en los próximos días suscribirá la operación de tesorería, habitual en estas fechas cada año con el fin de atender los desembolsos ordinarios, como el pago de nóminas.
No en vano, el adelanto económico permite solucionar los problemas generados por los desajustes entre los vencimientos de los pagamentos y los de los ingresos. Esos desequilibrios tienen que ver con las fuentes de financiación municipal (impuestos directos y transferencias de crédito de otras administraciones), que no se materializan hasta finales del segundo trimestre del año. Al no haber suficiente liquidez, resulta imperativo recurrir a las entidades bancarias.
El espacio comercial más emblemático de Castelló sopla las velas de sus tres cuartos de siglo desde aquel 21 de diciembre de 1949 en que fue bendecido por el arcipreste Balaguer. Ahora afronta su más importante remodelación, que desde enero de 2026 obligará a un traslado temporal de sus puestos a una carpa en la plaza Santa Clara