CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló pone el foco para ayudar a rehabilitar cerca de 20.000 viviendas. En concreto, 19.662, que representan el 64,4% del total (30.531), cuya construcción se realizó antes 1979. Estos pisos suponen una oportunidad para reactivar la economía local tras el coronavirus. Así lo entiende la Concejalía de Transición Ecológica, que apuesta por promover diferentes líneas de financiación con el propósito de facilitar a los propietarios la realización de reformas, que además sirvan de tabla de salvación para autónomos y pymes.
Según explica el concejal del área, Fernando Navarro, la inmensa mayoría de casas de más de 40 años de antigüedad carece de accesibilidad y eficiencia energética. Para revertir esa situación y mejorar las condiciones de habitabilidad, plantea cambios en normativas y medidas que impliquen a los sectores privados y favorezcan una regeneración integral del parque inmobiliario.
En efecto, el edil defiende la necesidad de aprobar una nueva ordenanza de rehabilitación urbana sostenible que unifique criterios de construcción, como recoge en las 20 medidas que presentó este miércoles para hacer frente a la crisis.
Se trata de arbitrar herramientas para que los agentes implicados dispongan de las máximas facilidades a la hora de impulsar y acometer obras menores. Su desarrollo, con una reglamentación adecuada, tendría un efecto dominó en la construcción, afectando directa e indirectamente a numerosos colectivos de profesionales.
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), de la que forma parte el Ayuntamiento de Castelló, cuenta con una legislación de partida, pero abierta y flexible para que cada municipio la adapte de acuerdo a sus necesidades y singularidades.
El artículo 5 se centra, por ejemplo, en las ayudas y bonificaciones. Así, establece subvenciones públicas vinculadas a programas municipales, de conformidad con las bases reguladoras que a su efecto se contemplen en la correspondiente ordenanza. Del mismo modo, recoge deducciones fiscales en los términos que, en su caso, se reflejen en la legislación vigente.
En este contexto, el epígrafe subraya que "los beneficios para el propietario tenderán, con carácter preferente, a favorecer las acciones que supongan una mejora de las condiciones exigibles en la normativa técnica de la edificación, conlleven la rehabilitación de edificios e instalaciones térmicas o supongan una innovación tecnológica evidente".
La FEMP incluso va más allá, y para posibilitar una ordenanza a la carta, considera imperativo la coordinación entre las distintas administraciones públicas con competencias en la materia. Es decir, invita a los ayuntamientos a elaborar su reglamentación en sintonía con los preceptos de ámbito estatal y autonómico, de manera que unos y otros se complementen.
Y ese es el objetivo que se ha marcado la Concejalía de Transición Ecológica para estos meses, consciente de que un marco jurídico apropiado puede contribuir a una reactivación económica a medio plazo.