CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló prevé aplicar el recargo del 50% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a 4.300 viviendas vacías de grandes tenedores (propietarios de 10 posesiones) a partir de 2021. La cifra representa algo más del 33% de los 13.000 pisos desocupados en la ciudad. Los inmuebles, que deben llevar más de un año deshabitados, pertenecen a fondos buitre, la Sareb, las inmobiliarias de entidades financieras y los propios bancos.
El Plan Estratégico de Vivienda pone el acento en ese número de moradas al coincidir prácticamente con la demanda de hogares sociales, 4.260, una cantidad que evidencia la actual falta de recursos municipales, teniendo en cuenta que el consistorio apenas dispone de 288 domicilios. Bien es cierto que en breve está previsto incorporar 9 inmuebles más a su parque tras llegar a un acuerdo con un promotor del Grau, pero la cuantía sigue siendo insuficiente en vista de las conclusiones de la auditoría externa.
En este sentido, la concejala de Vivienda, María Jesús Garrido, denuncia la nula colaboración de las entidades bancarias a fin de llegar a acuerdos de compraventa. "Llevamos año y medio llamando a sus puertas y no ha habido manera de cerrar operaciones. Soy la primera sorprendida. Me parece inconcebible que no quieran vender al Ayuntamiento viviendas a precio de mercado, pero luego sí lo hagan a los fondos buitre por el 10% de la tasación".
Castelló cuenta con 87.581 pisos, de los que 11.999 se destinan al alquiler (el 15%), mientras que las casas vacías suponen un 16% del total. El porcentaje de inmuebles públicos resulta testimonial sumando los que son de titularidad municipal y los que corresponden a la Generalitat Valenciana (696). De ahí las urgentes necesidades de ampliar la bolsa. Como explica Garrido, se trata de "un verdadero reto", ya que el objetivo radica en garantizar una cobertura mínima de 3.500 pisos sociales en los próximos cuatro años.
Las acciones que plantea el Ayuntamiento, en colaboración con otras administraciones, van más allá de aplicar el incremento de un 50 % del IBI a los grandes propietarios. También contempla, por ejemplo, la regularización del precio del arrendamiento en zonas tensionadas, como el Raval Universitari, en base a la próxima ley estatal de vivienda. Dicha normativa permite a los entidades locales controlar las tarifas en distritos afectados por la especulación. En este contexto, la Concejalía igualmente apuesta por aumentar la bolsa pública con el plan de compra municipal que ahora está en trámite o el decreto de tanteo retracto.
El Plan de Vivienda entronca en la Estrategia de Regeneración Urbana presentada en abril y que evidencia lo imperativo de promover la rehabilitación para mejorar las condiciones del parque inmobiliario por su antigüedad e incidir en la lucha contra el cambio climático desde la eficiencia energética. El edil de Transición Ecológica, Fernando Navarro, recuerda que la media de edad de los pisos en la capital de la Plana ronda los 40 años (construidos en 1971), siendo los ubicados en el centro de 60 años (1950). Así, 7.000 hogares requieren una "reforma". De estos, "1.000 se encuentran en estado ruinoso", añade.
El informe plantea una inversión anual (entre administraciones e iniciativa privada) de 7 millones de euros en 675 rehabilitaciones hasta alcanzar esas 7.000 en 10 años. El concejal califica de "ambicioso" el programa. Por ello, cree que el Plan General de Castelló, la nueva situación socio económica y los fondos de reconstrucción de la UE sitúan a la "transición urbana y ecológica como palancas de la reconstrucción económica".
En consecuencia, para Navarro se dan "las condiciones y existen las herramientas legales para impulsar la reforma, como la posibilidad de crear un registro de rehabilitación y edificación o la puesta en marcha de la figura de agente rehabilitador".