El cuento de nunca acabar: Castelló rechaza el pago de 6,2 millones por unos terrenos de la ronda Oeste

CASTELLÓ. El conflicto del fondo Graag IZJ con el Ayuntamiento de Castelló por el aprovechamiento de unos terrenos permutados para la ronda Oeste parece el cuento de nunca acabar. El enésimo episodio corresponde a la decisión de la Junta de Gobierno Local de rechazar la indemnización solicitada por la mercantil de 6,2 millones de euros ante la inviabilidad de explotar como urbanizables 16 solares situados en la Partida Bovalar, zona Mestrets.

El litigio se remonta a la legislatura anterior, cuando la empresa se dirigió al consistorio para advertir sobre el perjuicio económico que le ocasionaba haber adquirido unas fincas que el PGOU de 2000 consideraba como urbanizables y que el Plan General aprobado en 2022 establece como no urbanizables. Según el expediente, se trata de fincas localizadas en los suprimidos sectores 22 SU-R y 27 SU-R.

Los importes reclamados, más intereses

Por las siete situadas en el primero, Graag reclama 4.031.759,08 euros. Esa cantidad se divide entre los 1.739.162,90 euros por la pérdida del aprovechamiento urbanístico, los 533.433,28 euros de la aplicación del interés legal del dinero al valor del aprovechamiento y los 1.739.162,90 euros por ocupación anticipada de las parcelas. En cuanto las 9 propiedades del extinto 27 SU-R, el fondo pide una reparación económica de 2.190.915,76 euros (929.714,53 euros por la pérdida del aprovechamiento, 331.486,70 euros por intereses y 929.714,53 euros por ocupación anticipada).

El Ayuntamiento desestima las reclamaciones de responsabilidad patrimonial por prescripción de la acción, de acuerdo a un dictamen del Consell Jurídic Consultiu, y por considerar que la pretensión indemnizadora no cumple los requisitos necesarios. En concreto, se refiere a que cuando la empresa adquirió los terrenos "debía ser plenamente consciente de la situación de las reservas de aprovechamiento".

Para comprender mejor el embrollo hay que remontarse a julio de 2010, fecha en la que la entidad municipal aprobó la obtención de suelos para construir la primera fase de la ronda Oeste y prolongar así el anillo de circunvalación desde la avenida del Castell Vell (antigua N-340). Aunque la mayoría de las parcelas se adquirieron mediante el pago de una cantidad de acuerdo con el justiprecio, algunos propietarios prefirieron sustituir el abono en metálico por la atribución y reserva de aprovechamiento urbanístico. 

La disolución de Gestinine y la compra de Graag

La empresa castellonense Gestinine, entre cuyos accionistas se encontraba Promojucar, optó por esta última fórmula. Titular de 16 fincas en los citados sectores 22 SU-R y 27 SU-R, suscribió las actas de pago y ocupación para la permuta de suelo entre octubre de 2010 y noviembre de 2012. En febrero de 2017, la compañía entró en liquidación concursal. En el proceso de venta de los activos, Graag se hizo con la titularidad de los terrenos por un importe 115.461,70 euros. Lo hizo en enero de 2022 y en diciembre de ese mismo año remitió un escrito al Ayuntamiento para plantear su demanda. Desde esa fecha, el litigio ha ido evolucionando, acabando incluso en el Juzgado de lo Contencioso-administrativo.

En la propuesta de acuerdo que la Junta de Gobierno prevé ratificar este jueves, se señala que, como consecuencia de la anulación del PGOU de 2000, el Consell aprobó en 2015 unas normas urbanísticas transitorias de urgencia para Castelló a fin de garantizar un marco legal. Esas normas establecían las reglas que permitían la ejecución de los programas de actuación integrada válidos y en vigor, entre los que ya no aparecían los sectores motivo de la disputa.

Para los servicios jurídicos del Ayuntamiento, el matiz resulta importante, toda vez que "en el momento de la adquisición del aprovechamiento [las 16 fincas] era público y notorio la imposibilidad de materialización de las reservas a las que se refiere el reclamante". La resolución de los técnicos municipales ampara la decisión del equipo de gobierno de rechazar el resarcimiento de 6,2 millones de euros que exige la empresa por el perjuicio patrimonial.