La permuta de terrenos está asociada con el aprovechamiento del anillo de circunvalación. Foto: ANTONIO PRADASCASTELLÓ. El Acord de Fadrell trata de evitar un empastre urbanístico a escasas semanas de las elecciones del 28M. El Ayuntamiento de Castelló se ha personado en un proceso de liquidación de una mercantil con el objetivo de evitar el pago de una cantidad desorbitada por el retorno de unos terrenos.
Para entender mejor el conflicto hay que retroceder hasta 2007, con Alberto Fabra de alcalde y Javier Moliner como concejal de Urbanismo (ambos del PP). Aquel año se culminó la segunda fase de la ronda Norte, que en la actualidad integra el anillo de circunvalación hasta la Universitat Jaume I. La prolongación de la vía rápida se materializó tras adquirir los terrenos a través de las correspondientes expropiaciones. Sin embargo, en algunos casos (los menos) el acuerdo con los propietarios se concretó con permutas de parcelas (lo que se conoce como reservas de aprovechamiento). A cambio de ocupar los solares necesarios, el consistorio entregó fincas de otras zonas del término municipal, siempre con idéntica calificación.
Es lo que ocurrió, por ejemplo, con la mercantil castellonense Gestinine SL, entre cuyos accionistas figuraba Promojucar y que entró en liquidación concursal en febrero de 2017. En el proceso de venta de sus activos por la disolución, la valenciana Graag IZJ SLU le compró por 100.000 euros unas parcelas asociadas a la ronda, que tenían la catalogación de suelo urbanizable con el anterior Plan General de Ordenación Urbana. Ese PGOU murió en los tribunales definitivamente en 2008, con la última sentencia de anulación del Supremo.
Ahora, con el nuevo Plan General, los terrenos están clasificados como no urbanizables. Esto significa que el consistorio corre el riesgo de verse inmerso en un proceso judicial si la empresa decide reclamar por la vía administrativa (un recurso Contencioso-administrativa) la reposición de las fincas en los mismos términos que las adquirió.
De hecho, según explica el portavoz del gobierno municipal, José Luis López, representantes de Graag IZJ SLU se han puesto en contacto con el Ayuntamiento para poner precio a esos solares. "Nos han pedido casi dos millones de euros", asegura el concejal de Urbanismo, quien achaca el "marrón a las chapuzas que se hicieron en el pasado", en alusión a la etapa del PP al frente del ejecutivo local. "Cuando no se hace las cosas bien es lo que pasa", reitera.
Para evitar el pago de esa y cualquier otra suma por recuperar las reservas de aprovechamiento, y tras conocer la operación entre Graag y Gestinine, el consistorio se ha personado en el proceso de liquidación de esta última sociedad. La legislación permite a las entidades locales tener preferencia a la hora de adquirir bienes inmuebles en concursos de acreedores. Y a ese as en la manga se aferra frente a las reivindicaciones económicas de la mercantil valenciana, que tuvo una facturación de 1,8 millones de euros en 2021.
"En base a la ley tenemos unos derechos y son los que vamos a ejercer", asegura López, quien admite el riesgo de acabar en los juzgados, "porque la empresa puede pedir una indemnización, ya que el suelo que compró era urbanizable y, con el nuevo Plan General, es no urbanizable", agrega. "Estamos hablando de fondos buitre que se dedican a esto y nosotros queremos evitar que se especule con los terrenos", subraya.
No es la primera vez que el Ayuntamiento se encuentra ante una situación de este tipo. "En estos años hemos tenido algún caso. Por ejemplo, con el parque del Pont de Ferro". Sin embargo, no es lo habitual.
