VALÈNCIA. La implantación de la nueva Ley estatal de eficiencia en justicia se ha convertido en una piedra en el zapato para la administración. El nuevo marco normativo supone una reforma integral de los servicios judiciales, una 'revolución' interna que resultará en una nueva organización después de aplicarse la tercera y última fase de este proceso que lleva en marcha desde hace menos de un año. A partir del 1 de enero, deberán materializarse los cambios que afectarán a más de 3.000 empleados públicos de la administración de justicia en la Comunitat Valenciana.

Esta tercera fase afecta los partidos judiciales de mayor volumen organizativo y carga operativa y las plazas de muchos funcionarios se transformarán para adaptarse a la nueva organización, en la que los juzgados unipersonales se integrarán en tribunales de instancia colegiados y se crearán las nuevas oficinas judiciales que prestarán el servicio administrativo a los jueces mediante tres servicios comunes. Una descripción somera de lo que, en la práctica, supondrá un cambio de arriba abajo en el funcionamiento interno de la justicia. Un cambio complejo, como admite la propia Generalitat Valenciana y sindicatos, y que mantiene no poca incertidumbre entre los empleados públicos.

"Tenemos una foto final, que son las plazas que va a ocupar cada funcionario, pero el proceso hasta llegar ahí no es sencillo", reconoce una fuente interna de los servicios de justicia valencianos. Por ejemplo, sólo en la demarcación de València capital cerca de 1.600 funcionarios pasarán de estar en más de 120 departamentos diferentes a formar parte de los tres servicios comunes de la oficina judicial. Un cambio sustancial y en el que el destino de cada empleado se podrá elegir primero de manera voluntaria, antigüedad y otros criterios, según explican dihcas fuentes.

Quizá una de las principales preocupaciones tiene que ver con la adaptación tecnológica. Los servicios de justicia valencianos tienen implantados en su mayoría un nuevo sistema de gestión procesal, el programa Justa. Tan maldito por muchos funcionarios por sus deficiencias y algunos fallos todavía existentes, su implantación se ha juntado con la reforma de la justicia emprendida por el Ministerio que dirige Félix Bolaños.

"El problema ya no es que siga dando problemas sino que tampoco estaba pensado para esta nueva organización", explican las fuentes consultados: "Se pasa de que cada juzgado tenga 8 funcionarios a tres servicios comunes con hasta 600 personas en cada uno, por lo que atribuir permisos a todas esas personas para trabajar sobre procedimientos tan concretos es bastante complicado". En ese sentido, aseguran, "habría que haberlo pensado antes y haberlo desarrollado con esta previsión". Se espera que para el mes de marzo pueda haber ya un programa piloto.

Desde la Conselleria de Justicia, que dirige Nuria Martínez, aseguran que la adaptación al nuevo modelo organizativo "ha supuesto un esfuerzo mayúsculo". "No sólo en términos económicos, puesto que hemos tenido que hacerlo sin la necesaria coordinación por parte del Gobierno de España, con unos plazos ajustadísimos, y sin dotarnos a las comunidades autónomas de los recursos extraordinarios necesarios para acometer estas reformas que, al margen y además del esfuerzo humano que conlleva, tienen un coste económico elevadísimo", insisten, para recordar que el Ministerio dio la semana pasada un plazo "hasta marzo para la adaptación progresiva".

Por su parte, se muestran satisfechos por haber cumplido con su "parte". "Hemos completado e implantado el diseño de la estructura organizativa de la oficina judicial, hemos negociado las relaciones de puestos de trabajo de las dos primeras fases con los sindicatos más representativos y lo hemos hecho desde el diálogo y el consenso con los operadores jurídicos, escuchando sus necesidades y opiniones al respecto, justo lo contrario de lo que ha hecho el Gobierno de España", explican desde el departamento autonómico.

Otro reto es el de adaptar las instalaciones, aunque este puede considerarse menos urgente. "Hace años era imprescindible porque los sistemas informáticos estaban pensados para que los funcionarios estuvieran al lado del juez, pero el desarrollo de la nueva organización pilló en pandemia y nos dimos cuenta de que si los funcionarios podian trabajar desde casa, también lo podían hacer desde otra ubicación que no fuera estrictamente su oficina", explica un empleado de la justicia. Por ello, aclara, "hoy en día no es tan necesario adaptar las instalaciones" aunque sería "ideal" y "mucho mejor tener unos edificios adaptados". La Conselleria apunta a que las infraestructuras se irán "adaptando poco a poco" y que los nuevos edificios "ya se están haciendo con esa adaptación".

"Insuficiente formación" e "incertidumbre organizativa"

El pasado lunes tuvo lugar una conferencia sectorial entre el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas y acordaron "por unanimidad" que la tercera y última fase del proceso de implementación de los tribunales de instancia comience el próximo 31 de diciembre, como estaba previsto. Solo Asturias pidió una prórroga hasta el 15 de febrero para las ciudades de Oviedo, Gijón y Avilés "con el fin de permitir a estos partidos judiciales llevar a cabo los últimos ajustes técnicos". En la Comunitat, por tanto, la reforma sigue su recorrido

Desde los sindicatos recordaban la pasada semana que esta tercera fase afecta a más del 60% de los juzgados valencianos, incluidos los grandes partidos judiciales y los órganos especializados, y es "donde se concentra la mayor carga de trabajo y donde se va a poner a prueba, sin maquillaje estadístico, la viabilidad real del nuevo modelo organizativo", según UGT, que insiste en que se está llevando a cabo "sin una dotación presupuestaria específica suficiente, tanto para el refuerzo de personal como para la adecuación de las infraestructuras judiciales".

Además, lamenta el sindicato que todavía no hay una planificación real de la carga de trabajo, la administración adolece de falta de refuerzos estructurales y una "insuficiente formación" además de "la incertidumbre organizativa que se está generando en los centros de trabajo". Algo reseñable si se tiene en cuenta que la implantación de los Tribunales de Instancia en la Comunitat Valenciana afecta directamente a varios miles de empleados y empleadas públicas.

La coordinadora del sector de Justicia de CCOO-PV, Marián Rubí, aseguró el lunes que "hay una falta de información al personal" de gran envergadura y que, especialmente en las oficinas judiciales, "aunque esté en el papel, no va a entrar en funcionamiento ya porque todavía en algunos juzgados se sigue funcionando de la misma manera pese al nuevo sistema que entró en vigor en julio, todavía están en ello". Así, lamentó que no haya una prórroga -"hemos intentado por activa y por pasiva que se pidiera", señalaba- y que se vaya a implementar la nueva organización "sin que haya una preparación de los edificios", sin que existan unos protocolos públicos de funciomiento y todavía "con la reciente implantación del sistema informativo Justa", que pese a no tener vuelta atrás, por ahora es "un fiasco".