Castelló saca del letargo la cesión de inmuebles acordada hace casi año y medio con Diputación

CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló saca del letargo la cesión de inmuebles acordada con la Diputación Provincial hace casi año y medio. La declaración institucional aprobada por la corporación municipal este jueves para crear una comisión mixta de trabajo supone mucho más que una proclamación de intenciones.

Por un lado, reactiva un convenio paralizado desde octubre de 2019, cuando la alcaldesa, Amparo Marco, y el presidente de la entidad supramunicipal, José Martí, se reunieron por última vez después de sellar su alianza en julio de ese mismo año. Por otro, certifica la incorporación de la Generalitat Valenciana, una reivindicación compartida por ambos políticos y que incluso el propio jefe del Consell, Ximo Puig, planteó como una necesidad en una visita realizada a la capital de la Plana en enero de 2017.

El acuerdo marco contempla la elaboración de un catálogo de edificios sin uso con el propósito de determinar su futura utilidad social o de interés público. Se trata de establecer sinergias de colaboración a fin de rentabilizar espacios y redirigir las inversiones a proyectos estratégicos para la ciudad. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la reforma del edificio de Borrull, finalmente licitada por la Conselleria de Hacienda (18 millones de euros de presupuesto) y que permitirá al consistorio disponer de un emplazamiento adecuado, moderno y amplio para servicios sociales a partir de 2023.

En esos encuentros preliminares también se abordaron otras transferencias patrimoniales, como la antigua comisaría de la Policía Nacional, el pabellón Pablo Herrera y la Piscina Provincial, construcciones de titularidad provincial pese a que su explotación tiene un carácter más local. Al menos, en el caso de las dos últimas instalaciones deportivas, ya que el inmueble de la Ronda Magdalena se encuentra desocupado desde 2010.

La herencia de Martell Farcha

Otros dominios que formarían parte del convenio son las propiedades todavía no alineadas de la herencia de Martell Farcha, una fortuna que engloba, al menos, 30 fincas que superan los 72.000 metros cuadrados. También se incorporarían al inventario cualquier otro solar o edificación de titularidad autonómica que no tenga un uso administrativo en la actualidad.

La propuesta auspiciada por el Acord de Fadrell, pero avalada por la totalidad de los partidos políticos, permite al Ayuntamiento asumir la iniciativa respecto a la cesión de inmuebles. Además, al instar tanto a la Diputación como a la Generalitat, garantiza una visión más en conjunto, abriendo un debate sobre las necesidades a tres bandas a medio y largo plazos. De alguna manera se articula una herramienta administrativa para reforzar los vínculos de cooperación entre administraciones.