CASTELLÓ. La letra pequeña del nuevo contrato del parking de Cardona Vives de Castelló depara algunas sorpresas, que en algunos casos afectan a las empresas interesadas en asumir la gestión y en otros atañen a los abonados y usuarios. Las singularidades están relacionadas tanto con la duración de la concesión como con los precios por estacionar el vehículo en el aparcamiento.
El pliego aprobado la semana pasada por la Junta de Gobierno Local, y cuyo plazo de presentación de ofertas finaliza el 21 de octubre, establece una explotación inicial de 12 meses, con posibilidad de ejecutar dos prórrogas por el mismo periodo, para sumar un total de tres años. Sin embargo, el consistorio se reserva la opción de alargar ese periodo por cuestiones técnicas y administrativas a fin de evitar un hipotético cierre del subterráneo.
Según figura en la cláusula correspondiente a la duración de la prestación, "el concesionario estará obligado a continuar al frente [...] si así lo dispusiera el Ayuntamiento, a fin de que la explotación no se vea interrumpida durante el periodo de tiempo necesario para la adjudicación de una nueva concesión o un nuevo contrato, debiendo abonar el pago del canon correspondiente".
Con este condicionante, el gobierno municipal se protege de alguna manera ante posibles litigios con el contrato definitivo (el de larga duración) después de la experiencia sufrida con el que impelió el anterior ejecutivo local en 2022. Tras numerosos recursos Contencioso-administrativos de la actual empresaria concesionaria, Saba, esta consiguió en marzo de este año anular los pliegos por sentencia judicial para iniciarse un nuevo procedimiento administrativo a propósito de la explotación.
En efecto, desde entonces el Ayuntamiento trabaja en la redacción de unas bases, lo que ha obligado a elaborar un estudio de viabilidad económica más actualizado. Esta eventualidad ha retrasado todavía más la regularización de un parking cuya gestión permanece fuera de contrato desde 2017, cuando finalizó la anterior concesión.
Como consecuencia de esta situación, el gobierno municipal se ha visto obligado a activar una especie de contrato puente. Esto es, el que está en concurso desde hace unos días para evitar que el subterráneo "siga languideciendo", como manifestó el portavoz, Vicent Sales, la semana pasada.
Además de la posibilidad de alargar la concesión administrativa más allá de los tres años (prórrogas incluidas), otra de las novedades radica en las tarifas, que "no podrán ser objeto de revisión" durante la validez de la nueva explotación. Los precios de los abonos de 24 horas, nocturnos o de bicicleta se mantendrán, oscilando entre los 100 euros (más IVA) y los 30 euros, respectivamente. Tampoco se modificarán los importes establecidos por rotación, siendo de 0’035 €/minuto máximo diario (25 euros al día).