Varias mercantiles tienen recursos pendientes en el Juzgado Contencioso-Administrativo.CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló teme una cascada de sentencias judiciales en contra por el atraso en el pago a proveedores de la última etapa del PP en el gobierno municipal, con Alfonso Bataller como alcalde. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 condena al consistorio a abonar a la firma del servicio de grúas, Servicleop SL, una cantidad de 10.634,12 euros por intereses de demora de facturas correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014.
Según advierte el portavoz del ejecutivo local, Rafa Simó, "presumiblemente no será la única [resolución]" que se producirá en los próximos meses. "Nos consta que varias mercantiles, con contratos más cuantiosos, han presentado recursos similares", precisa.
En 2012 el Partido Popular aplicó un Plan de Ajuste Económico, autorizado por el Ministerio de Hacienda, para aliviar su embudo económico al acumular 46,7 millones de euros en recibos pendientes de 2010 y 2011 (en concreto, 2.504). Tanto en ese año como en los sucesivos algunas de las empresas afectadas por los retrasos reclamaron penalizaciones, que "el ayuntamiento denegó", explica Simó.
Esa negativa derivó con el tiempo en denuncias ante el Contencioso-Administrativo, como la interpuesta por Servicleop, adjudicataria del contrato de prestación de retirada, depósito y custodia de vehículos en las vías públicas. La mercantil reclamó los intereses de demora devengados del pago tardío de facturas desde 2008 y hasta 2014, aunque el Juzgado únicamente estimó los dos últimos años al considerar que el periodo anterior "había caducado", subraya el portavoz del gobierno municipal.
No es la primera vez que el tripartito se encuentra con sorpresas de la gestión del PP. Valga como ejemplo el encauzamiento del Barranco de Fraga, proyecto inaugurado en 2013 tras una inversión de 30 millones de euros, cuyas expropiaciones sigue pagando el consistorio. Desde la anterior legislatura, la alianza de izquierdas (entonces Pacte del Grau y ahora Acord ded Fadrell), se ve abocada a consignar una partida específica en el capítulo de gastos cada año para ejecutar los distintos fallos condenatorios sobre la diferencia del justiprecio.
Solo en 2017, el desembolso se elevó por encima de los 300.000 euros. Por ejemplo, entre octubre y noviembre el Ayuntamiento satisfizo 266.000 euros a antiguos propietarios. Entonces, los técnicos municipales estimaron que las resoluciones judiciales se dispararían en los siguientes años hasta superar la cincuentena.
"Son las consecuencias de pagar tarde", señala Simó, quien advierte que muchas de las demandas son previas a 2015. No obstante, la vía judicial continúa su curso, con lo que se prevén sobresaltos económicos en el futuro.
