Castelló trabaja en el diseño de una web específica sobre las videocámaras para mejorar la movilidad

CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló ya tiene definida su estrategia para desarrollar una extensa campaña que permita a la ciudadanía tener un mayor conocimiento del método de fiscalización de las videocámaras. Con el objetivo de evitar que se repita la polémica que obligó a suspender el servicio en abril, devolviendo además el importe de las sanciones impuestas, Movilidad trabaja en una doble dirección con el propósito de impeler un ambicioso plan. Por un lado, se trata de explotar los distintos soportes de comunicación para llegar a la máxima audiencia posible. Por otro, se busca una herramienta ágil, moderna y eficaz que, más allá de solucionar las dudas cotidianas, cambie la actual percepción negativa del sistema de lectura de matrículas.

En este sentido, el espejo al que mirarse es Barcelona, cuyo consistorio cuenta con una plataforma que pone a disposición del usuario todos los servicios asociados a la movilidad urbana. Con un simple clic, la conocida como Smou facilita la gestión de los desplazamientos de forma muy sencilla. Asimismo, ofrece novedades o incidencias en tiempo real. Disponible en App Store y Google Play, su manejo resulta tan fácil como darse de alta, ya que, pulsando el botón regitrarse y completar los datos personales, tras verificar la nueva cuenta en el correo electrónico, la activación se produce al momento.

En el caso concreto de Castelló, el Acord de Fadrell persigue habilitar una web que proporcione toda la información sobre las videocámaras. Desde los horarios de carga y descarga, pasando por la sincronización de tarjetas (residentes y profesionales), hasta la solicitud de un permiso especial por una urgencia puntual. Incluso, el equipo de gobierno considera la opción de que la plataforma pueda precisar al usufructuario el itinerario por el que está autorizado a circular en función de su situación personal.

Mapa virtual con los puntos de control

Del mismo modo, dentro de las múltiples elecciones, se contempla igualmente la visualización sobre un mapa virtual de la ubicación de las videocámaras. En definitiva, el objetivo radica en que la página esté al alcance de todo el mundo, de forma que sea posible conocer en profundidad en qué consiste el control a través de filmadoras. Y no solo eso. También simplificar los trámites a fin de evitar molestias por colapsos telefónicos, por ejemplo.

Durante el periodo en que estuvo operativo el método de fiscalización, la Policía Local incoó más de 7.000 procedimientos administrativos. Muchos se resolvieron con la imposición multas, cobradas vía bancaria, mientras que otros no se completaron al decidir el ejecutivo local paralizar la prestación hasta el 1 de octubre.

Según calculó el PP a partir del decreto que justificó la interrupción, el Ayuntamiento deberá devolver a los contribuyentes alrededor de 1,4 millones de euros por las sanciones. Sin embargo, desde el consistorio se sigue insistiendo en que resulta muy complejo estimar la cifra real, teniendo en cuenta que existen varios departamentos implicados (recaudación, policía, etcétera), cada uno de los cuales debe verificar la no duplicidad de los recargos.

Sea como fuere, el concejal de Movilidad, el socialista Jorge Ribes, aseguró a finales de mayo que el consistorio procederá al reembolso de la totalidad de las multas hasta final de año. El afectado tiene dos caminos posibles: bien pedir la devolución con una instancia por registro, bien esperar a que desde la oficina de recaudación se efectúe la transferencia bancaria.