VALÈNCIA. El pasado martes, la plataforma Per un finançament Just se reunía con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para abordar la reforma de un sistema que caducó en 2013 y cuyo funcionamiento perjudica notablemente a los valencianos, dejando a la Comunitat a la cola de España en lo que se refiere a financiación por habitante ajustado.
Los miembros de la asociación fundada en 2017, entre los que se encuentran sindicatos como UGT-PV, CCOO-PV, organizaciones empresariales como la CEV o la mayoría de partidos del arco parlamentario valenciano (PSPV, Compromís, Podem, EU y Ciudadanos), asistieron perplejos al ejercicio de sinceridad de la ministra, quien vino a revelar que el Gobierno no presentará este año, pese haberlo acordado, la primera propuesta del Gobierno para la reforma del sistema.
Una postura basada, según explicó la propia ministra, en la actual "crispación" en el Congreso, la "oposición del PP" a negociar y otras cuestiones no menos relevantes como el poco acuerdo existente entre las autonomías gobernadas por el PSOE de cara a trazar un modelo común. Con esas excusas, es posible que no haya propuesta no ya este año, sino en toda la legislatura.
