CASTELLÓ. La alcaldesa de Cabanes, Virginia Martí, acompañada por el concejal David Casanova; y la alcaldesa de Torreblanca, Tania Agut, junto a técnicos municipales de ambos consistorios han mantenido una reunión en las dependencias de la Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana en València en la que se ha abordado las opciones y vías de trabajo de ambos municipios para frenar el deslinde del Prat Cabanes-Torreblanca. Ambos consistorios cuentan con la misma asistencia jurídica y técnica conjunta para encauzar el caso.

"Hemos agotado todos los recursos que podemos interponer a la posición del Ministerio, ahora presentaremos un contencioso vía judicial para proteger así los intereses del pueblo", ha explicado la alcaldesa de Cabanes, Virginia Martí. Por su parte, la alcaldesa de Torreblanca, Tania Agut, ha indicado que la reunión con el director general de Costas de la Generalitat Valenciana, Marc García, ha sido "fundamental para definir la estrategia a seguir". 

Según han informado desde ambos consistorios, la decisión tomada por la Dirección General de la Costa y el Mar "no tiene en cuenta las consideraciones de los habitantes del territorio y tampoco considera las alegaciones presentadas hasta la fecha".

La Conselleria de Medio Ambiente interpondrá un recurso por su parte en defensa de la posición de Cabanes y Torreblanca.

Cabe recordar que los consistorios de Cabanes y Torreblanca presentaron alegaciones a la aprobación del deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa de 10.235 metros de longitud, que comprende el Prat de Cabanes-Torreblanca, en los términos municipales de Cabanes y Torreblanca. "Trabajaremos para recuperar el poder de soberanía y decidir aquello que nos afecta directamente como vecinos. El deslinde nos afectará enormemente en Cabanes y La Ribera, pues se incluyen terrenos municipales", ha finalizado Casanova. La posición de Cabanes ante el deslinde "sorprende a su vez por la calificación de LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) del Prat y la especial protección medioambiental sobre la zona, donde no se entiende una zona de dominio de tales dimensiones como los más de 10.000 metros de longitud dentro de un paraje natural",han indicado.

La alcaldesa de Torreblanca ha lamentado por su parte “la falta de diálogo” que supone “un grave retroceso en los derechos” de los vecinos por lo que, ha reiterado que van a “luchar con todas las herramientas para conseguir que se revierta esta decisión injusta para la localidad de Torreblanca y para el litoral de nuestra provincia en general”. 

En el caso de Torreblanca, el deslinde afecta directamente a decenas de propietarios privados, pero también al propio Ayuntamiento por ser propietario de parcelas. "El deslinde aprobado por el Gobierno pone en grave riesgo los planes de futuro de Torreblanca en torno al Prat, que incluye tanto iniciativas de desarrollo de actividades e inversiones medioambientales, así como iniciativas turísticas que deben redundar en la mejora de las oportunidades económicas y de futuro de muchísimos habitantes del municipio", han indicado. Desde el nuevo gobierno de Tania Agut se ha trabajado de forma constante por impulsar el Prat como un referente turístico y medioambiental para generar oportunidades a la localidad.