CASTELLÓ. El PP y Vox, por un lado, y el PSPV y Compromís, por otro, escenificaron este jueves en el Ayuntamiento de Castelló sus insalvables diferencias políticas sobre cuestiones tanto domésticas como autonómicas y estatales. El equipo de gobierno y la oposición protagonizaron un maratoniano pleno de casi cinco horas, en el que se enzarzaron de principio a fin. Desde el debate inicial para aprobar dos Reconocimientos Extrajudiciales de Crédito (Recs) por una suma de cuatro millones de euros hasta la comparecencia final de la edil del Grau, Ester Giner, la puesta en escena y la retórica marcaron las intervenciones de unos y otros en el atril.

Durante la votación de los citados Recs, el concejal de Hacienda, Juan Carlos Redondo, hizo autocrítica, aunque destacó los esfuerzos del ejecutivo local por regularizar las contrataciones. En el baile de cifras, explicó que "desde que gobernamos hemos adjudicado 187 contratos por 105 millones, lo que sale una media de 9 contratos por mes". Además, manifestó que "se ha reducido en un 70% los reconocimientos extrajudiciales respecto al primer año completo del anterior gobierno. También se ha bajado un 81% el número de facturas al pasar de 649 en 2020 a 124 en 2024", prosiguió.

Las divergencias resultaron notables cuando el bipartito sacó adelante en solitario la personación del consistorio en los recursos Contencioso-administrativos interpuestos por los portavoces socialista y valencianista, Patricia Puerta e Ignasi Garcia, respectivamente; la Confederación Intersindical Valenciana y la Plataforma per la Llengua ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra el Decreto del Consell de la Generalitat por el que se aprueba el cambio de denominación del municipio por la forma bilingüe. Los dos bloques también estuvieron a la greña a la hora de aprobar la modificación de crédito de 11,9 millones, así como para abordar las mociones de la oposición sobre el Patronato de Protección a las Mujeres, los recursos hídricos y la vivienda. Las tres iniciativas murieron en la orilla al ser rechazadas por el bipartito.

Sin embargo, sí hubo consenso en dos declaraciones institucionales. Una sobre el Día Mundial del Lupus y otra relativa a instar al Gobierno a incrementar la plantilla de examinadores y administrativos necesarios para mejorar el sistema de exámenes de conducción.

La comparecencia de Giner a petición del PSPV

La sesión ordinaria de abril se alargó más de la cuenta por la citada comparecencia de la edil del Grau a petición del PSPV. Los socialistas acusaron a la alcaldesa, Begoña Carrasco, de "permitir que el equipo de gobierno cuente con una concejala que cobra nada menos que 65.000 euros al año y que no tiene competencias, sin haber intervenido públicamente en ningún pleno más allá de su juramento como concejala el 17 de junio de 2023". Compromís se sumó a la crítica e ironizó sobre un intercambio de delegaciones de Giner con el regidor de Movilidad, Cristian Ramírez, o la munícipe de Cultura, María España.

La concejala del Grau aprovechó para cargar contra el anterior ejecutivo local por su ineficacia (el denominado Acord de Fabrell) y repasó los avances en el distrito marítimo en estos dos años de legislatura. Por ejemplo, recordó las más de 500 reuniones de atención personalizada, el incremento de agentes de la policía, la materialización del nuevo centro La Panderola y el colegio El Cano o el impuso a los chiringuitos de playa.

Las divergencias con el topónimo bilingüe

El punto más controvertido se produjo en el despacho ordinario con la aprobación de la citada personación por el topónimo. El concejal de Compromís Pau Sancho explicó que la decisión del Ayuntamiento "responde más a intereses partidistas que a criterios científicos o lingüísticos". "Lo que está en juego es qué papel tiene el valenciano en la vida pública", subrayó el edil, quien consideró que "en una sociedad donde el castellano ya ocupa la mayor parte de espacios, mantener Castelló como forma exclusiva no es un ataque al castellano, es el nombre con el que la ciudad ha sido reconocida en la memoria colectiva de generaciones de castellonenses".

"Ustedes defienden una trampa retórica que relega al valenciano a un papel secundario", apuntó Sancho, quien ha señalado que el proceso para cambiar la denominación de la ciudad ha estado "lleno de irregularidades, pues no se contó con el aval de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, ni de la UJI, ni se han atendido las alegaciones presentadas". "No se puede jugar con la identidad colectiva de un pueblo por sacar rédito político y defenderemos donde haga falta que el nombre es Castelló, una manera de querer la lengua, la historia y el territorio", agregó.

El socialista José Segura, por su parte, subrayó que el cambio de denominación de la ciudad "va en contra de lo que afirman los técnicos en cuestión de toponimia". "El doble topónimo debilitará la presencia pública del valenciano, por lo que llegaremos donde haga falta", señaló.

Durante la explicación de voto, el concejal de Vox Luciano Ferrer manifestó que la no personación del Ayuntamiento en esta cuestión puede dificultar la defensa del consistorio. "El Ayuntamiento tiene el deber de personarse en este contencioso, nadie debe acusarnos a Vox de intentar marginar el valenciano y yo seré de Castelló o de Castellón cuando lo elija y no cuando me lo impongan", añadió.

Finalmente, España (PP) explicó que el proceso de cambio de denominación del municipio "ha seguido escrupulosamente la norma que regula cómo debe hacerse el cambio de denominación", y ha afirmado que el Ayuntamiento se persona "por la defensa de la validez de los acuerdos del Ayuntamiento, porque hay que defender el decreto por el que se aprobó la denominación bilingüe y porque la solicitud del cambio de denominación fue aprobada por el pleno". "Es deber del Ayuntamiento defender sus propios actos", concluyó.

Como viene ocurriendo en las últimas sesiones plenarias, hubo momentos de tensión, que precipitaron la intervención de la alcaldesa. Carrasco afeó a la oposición su tono por "insultar y menospreciar" a los ediles del equipo de gobierno.