CASTELLÓN. "Escuchar a los profesionales no debería ser una opción, sino una obligación del Gobierno de España. El problema llega cuando en integrismo ideológico se impone". Así se ha pronunciado el diputado en el Congreso por el PPCS, Alberto Fabra, tras reunirse este pasado miércoles 30 de abril con la presidenta del Colegio de Veterinarios de la provincia de Castellón, Natalia Gil, y su secretario, José Manuel Martín.

Acompañado por el también diputado nacional Óscar Clavell y el diputado autonómico por el PPCS, Alejo Font de Mora, los cargos nacionales y autonómico del Partido Popular han tomado nota de las demandas de un sector profesional duramente castigado y condicionado por el Real Decreto 666/2023, de 18 de julio.

"Pedimos que se les escuche, que el Gobierno de Pedro Sánchez sea capaz de atender su visión profesional y alcanzar un equilibrio, en el seno de una mesa de diálogo, entre los veterinarios, las protectoras de animales y las administraciones públicas autonómicas. El objetivo es ser capaces de respetar los criterios profesionales que siempre han velado por el bienestar animal mediante la revisión y simplificación de la legislación vigente y los trámites burocráticos".

Alberto Fabra ha explicado a Gil y Martín el registro de una Proposición No de Ley (PNL) en la Mesa del Congreso para promover el debate en el Congreso que hoy PSOE y Sumar-Compromís se niegan a facilitar con un bloqueo previo en la Mesa de la Cámara Baja. "Impedir el debate es, en la práctica, un secuestro de nuestro sistema democrático. Y las consecuencias las sufren cada día cientos de profesionales de nuestra provincia por la implementación de una legislación que, sencillamente, no les tiene en cuenta".

Es por ello que la iniciativa del PP defiende una moratoria al RD 666/2023 hasta que fruto de esta mesa de diálogo no se alcance una entente. Es urgente, explica Fabra, "agilizar los procedimientos, homogeneizar el sistema nacional de declaración de antibióticos y promover la derogación de las sanciones relacionadas con la prescripción de antibióticos, porque no son proporcionales".

Los profesionales "se sienten desamparados" y exigen "un apoyo legal" con la modificación del RD 1/2015, de 24 de julio. Simplificar los trámites de importación de medicamentos veterinarios, revisar la normativa vigente, actualizar sus fichas técnicas y rebajar el IVA "son cuestiones urgentes". Y por ello, "bloquear el debate ejerce un flaco favor a la sociedad en general y a los veterinarios en particular".

Avances en Les Corts

El Grupo Popular en Les Corts ha presentado una iniciativa para exigir al Gobierno de España la revisión del RD 666/2023 que regula el uso y la prescripción de medicamentos veterinarios. El objetivo es forzar al Ejecutivo a gestionar desde la escucha al sector puesto que la aplicación de la nueva norma genera graves problemas para la sanidad animal, la salud pública y la viabilidad del sector veterinario, especialmente en el ámbito de los animales de compañía.

La rigidez y el integrismo ideológico que ha aprobado un RD sin consenso, provoca hoy el colapso laboral de los veterinarios, desoyéndolos y cargándolos de burocracia innecesaria. Y esa decisión provoca riesgos a su labor y también deriva en riesgos para la salud de los animales que atienden. "Es lo que tratamos de evitar", ha rematado Alberto Fabra.