CASTELLÓ. La planta de tratamiento de residuos de obra proyectada junto a la carretera de Alcora da un giro tras el cierre del plazo de alegaciones este martes. Así, el gobierno municipal de Castelló ha anunciado que la mercantil modificará el proyecto para eliminar la actividad de valorización y trituración de residuos de construcción y demolición, el principal aspecto que había generado un rechazo vecinal y un nuevo frente político entre el bipartito y la oposición, con el PSPV a la cabeza. La decisión llega después del nuevo paso en el debate este miércoles por parte de los socialistas acerca de la compatibilidad urbanística de su instalación en un sector "previsto para futuros desarrollos terciarios y residenciales". Apenas unas horas más tarde, la alcaldesa, Begoña Carrasco, ha trasladado a los vecinos del distrito oeste que "no habrá planta" tras una mediación con la empresa.

Asimismo, la reunión con las asociaciones vecinales ha contado con la presencia de los concejales Vicent Sales, Sergio Toledo, Paco Cabañero y Luciano Ferrer. Con ello, según ha explicado Carrasco, el ejecutivo local ha optado por atender las alegaciones presentadas por los residentes y buscar una reformulación del expediente para evitar la actividad que generaba inquietud por el tránsito de camiones, las emisiones de polvo y el impacto sobre el entorno. El anuncio supone un cambio relevante respecto al proyecto inicial, que contemplaba operaciones de almacenaje, tratamiento, trituración y valorización de residuos de obra.

Las alegaciones del PSPV contra la licencia ambiental

En este contexto, el movimiento del bipartito se produce en paralelo al choque político abierto con el PSPV. Los socialistas habían registrado alegaciones contra la licencia ambiental al considerar que la actividad resultaba incompatible con el modelo urbanístico previsto para el sector y alertaban de que podía consolidar un uso industrial difícilmente reversible en una zona concebida como un espacio residencial y terciario. En este sentido, el portavoz adjunto socialista en el Ayuntamiento, José Luis López, sostenía que el expediente planteaba una actividad "industrial y potencialmente contaminadora". Por su parte, la portavoz municipal, Patricia Puerta, y el secretario general local, Rafa Simó, vinculaban el caso con otros conflictos urbanísticos recientes como la gasolinera de Rafalafena y defendían que el Plan General (PG) contiene herramientas para frenar proyectos incompatibles.

Por otro lado, el ejecutivo local ha aprovechado el cambio de rumbo para insistir en que el origen del conflicto se encuentra en el PG aprobado en 2022 por el anterior gobierno del Acord de Fadrell. A tal efecto, Carrasco ha acusado al PSPV de haber permitido compatibilizar suelo industrial y residencial en la zona y ha reprochado a los socialistas que intenten ahora "dar lecciones" tras haber "abierto la puerta" a este tipo de iniciativas. En la misma línea, el portavoz del gobierno municipal, el popular Vicent Sales, había cargado contra el Plan General impulsado por el anterior ejecutivo y había acusado al PSPV de generar "alarmismo político". 

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