CASTELLÓ. El PSPV de Castelló ha presentado alegaciones contra la planta de tratamiento de residuos de obra proyectada en el sector Cassanya, junto a la carretera de Alcora, al considerar que existe un "conflicto técnico, urbanístico y social" entre la actividad planteada y el modelo previsto para el ámbito en el Plan General (PG) aprobado en 2022. De esta manera, los socialistas sostienen que la instalación no encaja en un sector concebido como terciario y residencial y alertan de que la licencia ambiental en trámite puede consolidar un uso "incompatible" con el futuro desarrollo urbanístico de la zona. La nueva ofensiva del PSPV llega tras la apertura del debate político la pasada semana, cuando los socialistas advirtieron del "riesgo" que supondría para los vecinos del distrito oeste y el gobierno municipal defendió que el propio PG permite tramitar el expediente. Ahora, el portavoz del ejecutivo local, Vicent Sales, ha acusado al PSPV de impulsar "una campaña de mentiras para alarmar a los vecinos y ocultar su responsabilidad política en la redacción del planeamiento".

Sin embargo, el PSPV asegura haber desmontado esa interpretación después de reunirse con redactores del Plan General y expertos urbanísticos. Así, el portavoz adjunto municipal, José Luis López, ha incidido en que el proyecto contempla una planta de "almacenaje, tratamiento, trituración y valorización de residuos de construcción y demolición", con tránsito de camiones y emisiones de polvo, una actividad que, según ha subrayado, el expediente reconoce como industrial y potencialmente contaminadora. En sus alegaciones, el PSPV insiste en que no se trata de una industria ligera compatible con el entorno residencial, sino de una instalación con "afecciones ambientales relevantes" y difícilmente reversible.

Un "patrón" repetido en otros ejemplos mediáticos

Con ello, el núcleo técnico de las alegaciones se centra en la incompatibilidad urbanística del uso pretendido y en el amparo de la mercantil en dos artículos del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (TRLOTUP) para obtener una licencia provisional en suelo urbanizable sin programación. Los socialistas sostienen que la figura excepcional no puede utilizarse para implantar una actividad con "vocación de permanencia", grandes superficies de acopio y maquinaria pesada, ya que puede dificultar el desarrollo futuro del ámbito. Asimismo, el documento registrado ante el Ayuntamiento señala que la planta "consolidaría una actividad ajena al modelo urbanístico del sector" y afectaría negativamente a la ejecución futura del planeamiento físico, económico y social.

Por su parte, la portavoz socialista en el consistorio, Patricia Puerta, ha enmarcado el caso en un "patrón" que, a su juicio, se repite con el actual bipartito entre el PP y Vox. La dirigente ha recordado las controversias de la gasolinera proyectada en Rafalafena y del apartotel de la Marjalería, dos expedientes que acabaron reconducidos. "Tres conflictos urbanísticos; el problema ya no es puntual", ha resumido el PSPV en la comparecencia de prensa celebrada este miércoles. En la misma línea, el secretario general en Castelló, Rafa Simó, ha cuestionado la gestión urbanística del ejecutivo local y ha vinculado la situación actual con la salida de los redactores del PG. "Esto no va de una batalla política, sino de quién dirige el desarrollo urbanístico de Castelló", ha afirmado. A tal efecto, el PSPV rechaza la tesis y sostiene precisamente lo contrario: que las alegaciones presentadas evidencian que el planeamiento sí dispone de herramientas para frenar proyectos incompatibles. "Si se pudieron denegar la gasolinera y el apartotel, es gracias al Plan General y no a la voluntad política", ha defendido Simó, "convencido" de que el expediente se paralizará por la vía técnica y jurídica.

Sales señala de nuevo al "bodrio" de Plan General

Frente a las críticas, Vicent Sales ha insistido en que el problema deriva directamente del PG aprobado por el anterior gobierno del Acord de Fadrell. "Los pirómanos nunca pueden ser los héroes en un incendio. El bodrio de Plan General del PSOE fue el causante de que se estuviera a punto de poner una gasolinera en zona residencial y el que abre la puerta a la instalación del almacén en la carretera de Alcora", ha manifestado. Además, el portavoz municipal ha defendido que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del 2000 —anulado por el Supremo en 2008— diferenciaba entre el suelo residencial e industrial y ha acusado a los socialistas de modificar la protección con el nuevo planeamiento.

En este sentido, Sales ha replicado que "resulta inadmisible" que quienes "cambiaron las reglas del planeamiento urbanístico" intenten ahora presentarse como defensores vecinales y ha defendido que el actual gobierno sí escucha a los residentes afectados y estudiará las alegaciones presentadas durante el proceso administrativo. "Escucharemos y atenderemos las alegaciones de los vecinos de la carretera de Alcora; las que no vamos a escuchar son las alegaciones de los que han generado el problema y ahora quieren disfrazarse de salvadores", ha señalado. Finalmente, el concejal popular ha asegurado que el ejecutivo local "no va a permitir que se engañe a los castellonenses con discursos interesados ni con alarmismo político" y ha reiterado que el gobierno municipal "dará la cara" ante un problema urbanístico que, a su juicio, tiene su origen en la modificación del PG avalada en 2022.

________

BOLETÍN TITULARES CASTELLÓN PLAZA.

Las noticias más relevantes del día en Castellón, reunidas cada mañana en un solo correo para empezar el día informado. Suscríbete gratis al boletín aquí.