CASTELLÓ. El cambio de gestor del parking de Cardona Vives ya es una realidad. La nueva concesionaria, la castellonense Juan José Pérez SA (Jujosa), acaba de formalizar con el Ayuntamiento de la capital de la Plana el nuevo contrato de explotación, que establece un periodo imperativo de un año, hasta 2026, con posibilidad de acogerse a dos prórrogas de 12 meses cada una (2028).
El relevo al frente del aparcamiento obliga a la adjudicataria a ajustarse a las tarifas fijadas en el pliego de prescripciones técnicas y administrativas. Los importes varían en función de distintas variables como la duración o el tipo de estacionamiento. En cualquier caso, los precios que determine Jujosa no deben exceder del tope marcado por el consistorio.
Para la rotación, se establece un límite (IVA excluido) de 0,035 euros/minuto y un máximo diario de 25 €/día. En cuanto a los abonados, las tarifas son las siguientes: abono 24 h, 100 euros; abono nocturno de 20 h a 10 horas, 60 euros; abono diurno (mañana y tarde), de 7 h a 22 horas, 90 euros; abono diurno (mañana), de 6 h a 16.30 horas, 75 euros; abono moto 24 h, 60 €; y abono bicicleta 24 h, 30 euros.
Capacidad para 329 vehículos y tres plantas
El subterráneo de Cardona Vives tiene una capacidad para 329 vehículos y dispone de tres plantas. En el sótano 1, el número de estacionamientos asciende a 103; en el 2, las plazas suman 115; y en el nivel 3, 111. Construido en la década de los 70 como el primer parking que se levantó en la ciudad, hasta ahora la compañía Saba siempre había asumido la gestión. Incluso, después de expirar el anterior contrato en 2017.

- Entrada al aparcamiento. -
- Foto: ANTONIO PRADAS
El Ayuntamiento intentó sin éxito regularizar la explotación en septiembre de 2022. Lo hizo con la licitación de un contrato de obras y servicios por un importe de 9,3 millones y una duración de 15 años. Dentro del presupuesto se incluyó una partida (alrededor de 2,2 millones) para realizar actuaciones de mejora en el parking consistentes en instalar un ascensor, crear un itinerario accesible o implantar un nuevo dispositivo de guiado para los vehículos. Aunque hubo dos ofertas, la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Jujosa y Grupo Bedege se quedó como única concurrente al decretar la mesa de contratación la expulsión de Saba por un error técnico a la hora de presentar su oferta.
A raíz de esa eliminación, la concesionaría inició un litigio contra el Ayuntamiento a través de diferentes recursos Contencioso-administrativos. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) terminó dando la razón a la compañía a principios de 2024, por lo que el concurso público resultó nulo. Ese contratiempo derivó en un nuevo proceso administrativo respecto a la gestión del aparcamiento. Sin embargo, al quedar el estudio económico-financiero obsoleto, el Ayuntamiento se vio abocado a impeler una concesión puente para redactar un expediente con condiciones más completas y actualizadas. Y es en lo que ahora trabajan los técnicos municipales.