CASTELLÓ. La Fiscalía de Castelló ha acordado el archivo de la denuncia presentada por el PSPV y Compromís, ambos partidos de la oposición en el Ayuntamiento, por un posible fraccionamiento de contratos en el Patronato Municipal de Turismo durante el año 2024. La decisión del ministerio público desactiva la vía penal apenas un mes y medio después de la apertura de diligencias y devuelve el debate ahora al terreno administrativo y político. El archivo, según señalaron los socialistas a través de su portavoz, Patricia Puerta, se fundamenta en que los hechos no alcanzan relevancia penal, al no bastar "la mera ilegalidad" para activar la vía, y deben canalizarse por jurisdicción contencioso-administrativa.
En este sentido, en clave política, el equipo de gobierno local, compuesto por el bipartito entre el PP y Vox, ha censurado este jueves mediante su portavoz, el popular Vicent Sales, el "modus operandi de judicialización" del PSPV y Compromís y ha reprochado la diferencia de exposición pública entre la denuncia inicial y su archivo. "Al menos podrían tener la honestidad de utilizar el mismo altavoz en ambos casos", ha afirmado, para añadir que se trata de "una denuncia archivada más esta legislatura" y reclamar disculpas a la concejala de Turismo, Arantxa Miralles (Vox), y al ejecutivo local. En la misma línea, el portavoz del partido de extrema derecha, Antonio Ortolá, ha calificado de "impresentable e indigno" acudir a la Fiscalía "con cualquier excusa" y ha defendido la gestión "impecable" del gobierno.
El PSPV pide la comparecencia de Miralles en el pleno
Con todo, el PSPV solicitó la pasada semana la comparecencia en el próximo pleno ordinario de abril de la edil al considerar que persisten "serias dudas" sobre el modelo de contratación en la entidad turística local. En este sentido, Puerta insistió en que el informe de la Intervención General Municipal detecta un "uso intensivo" del contrato menor —más del 70 % del gasto en 2024— y apuntó a una práctica reiterada que, a su juicio, compromete la planificación y la concurrencia.
- La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Castelló, Patricia Puerta.
En resumen, el episodio cierra la primera parte de un ciclo que se abrió a finales de febrero, cuando la Fiscalía inició diligencias a partir de las denuncias del PSPV y Compromís sustentadas en el informe de control financiero de la Intervención. El documento alertaba de un "uso estructural" del contrato menor en el Patronato y del "riesgo de fraccionamiento" para eludir procedimientos ordinarios, un debate que el ejecutivo municipal contrarrestó en el pleno ordinario de marzo para poner el foco en los "porcentajes superiores" registrados en la etapa del Acord de Fadrell. Con el archivo, el debate abandona el plano penal, aunque se mantendrá activo el frente político.
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