CASTELLÓ. El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha iniciado dos nuevos procedimientos para actualizar la delimitación del dominio público marítimo-terrestre en la provincia de Castellón, que se suman a los que ha impulsado en los últimos años en otros puntos del litoral como Torreblanca, Cabanes, Almassora, Nules, Moncofa o Xilxes. El Servicio Provincial de Costas ha incoado expedientes en los municipios de Benicàssim y Alcalà de Xivert que afectan conjuntamente a más de 3,3 kilómetros de litoral y que han sido sometidos simultáneamente a información pública.

Ambos procesos, autorizados el pasado 20 de febrero por la Dirección General de la Costa y el Mar, abren un plazo de alegaciones de un mes —del 30 de marzo al 30 de abril— durante el cual administraciones, propietarios y cualquier interesado podrán examinar la documentación técnica y presentar observaciones antes de la aprobación definitiva.

El expediente de Benicàssim afecta a dos tramos de playa que suman 2.313 metros de longitud: desde el límite con Oropesa del Mar hasta el Hotel Voramar y desde la margen derecha del barranco de Farcha hasta la calle Sagunt.

Según la documentación técnica, la actuación consiste fundamentalmente en adaptar a la Ley de Costas de 1988 los deslindes aprobados por órdenes ministeriales en 1969, trasladando la delimitación histórica a cartografía actualizada y verificando su adecuación a los criterios legales vigentes.

Según la propuesta técnica elaborada en 2025, la mayor parte del deslinde existente ya cumple con la normativa actual, por lo que el nuevo trazado coincide prácticamente en su totalidad con la antigua zona marítimo-terrestre (ZMT).

De hecho, solo un tramo de 142 metros introduce modificaciones respecto a la delimitación histórica, mientras que el resto del recorrido mantiene la línea ya fijada hace más de cinco décadas.

Los cambios se concentran en el sector norte, entre el límite con Oropesa y el Hotel Voramar. En este punto, entre los vértices M-5 y M-6, Costas propone incorporar al dominio público determinados terrenos situados hacia el interior que no figuraban en el deslinde de 1969 al considerar que están alcanzados por la acción del mar, conforme al artículo 3.1.a de la Ley de Costas.

Fuera de este segmento concreto —los citados 142 metros— el deslinde propuesto coincide con la delimitación histórica al no haberse detectado nuevos terrenos con características propias de dominio público marítimo-terrestre.

En el segundo tramo analizado, entre el barranco de Farcha y el carrer Sagunt, la propuesta reproduce íntegramente el deslinde aprobado en julio de 1969, al considerar que ya incluye todos los terrenos con características de playa y depósitos arenosos contemplados en la legislación vigente.

En cuanto la servidumbre de protección, al tratarse de suelo urbano en todos los tramos del deslinde, se establece en 20 metros. 

Con todo, desde el Ayuntamiento de Benicàssim han avanzado que los técnicos municipales trabajan en el estudio de la propuesta de deslinde planteada por el Servicio Provincial de Costas para conocer su alcance y poder realizar una valoración al respecto. 

Alcalà de Xivert: revisión del deslinde de 1995

De forma paralela, el Servicio Provincial de Costas ha incoado un expediente de revisión y rectificación del deslinde aprobado en 1995 en varios puntos del litoral de Alcalà de Xivert, con una longitud total de 1.030 metros.

La actuación afecta a tres enclaves concretos: la desembocadura del barranco de Mañetes, el tramo comprendido entre la desembocadura del río Cuevas y el extremo sur de la playa del Serradal, y el sector situado entre el límite con Torreblanca y Punta Capicorb, en la playa de Capicorb.

El objetivo es actualizar la delimitación vigente conforme a criterios técnicos actuales y a la evolución física del litoral, tomando como base la propuesta provisional redactada en junio de 2025. 

Desde el Ayuntamiento de Alcalà de Xivert también han evitado hacer cualquier valoración respecto a la propuesta de deslinde hasta disponer de un análisis por parte de los técnicos municipales. 

Tal y como ha advertido el Servicio Provincial de Costas, la incoación de ambos expedientes implica la suspensión temporal del otorgamiento de nuevas concesiones y autorizaciones dentro del dominio público marítimo-terrestre y su zona de servidumbre de protección definidos provisionalmente, una limitación que se levantará automáticamente cuando se aprueben los deslindes definitivos.

Cabe recordar que en la provincia de Castellón son varios los expedientes de deslinde que ha impulsado el Gobierno central en los últimos años y que en municipios como Nules, Moncofa, Xilxes o Cabanes afectan a núcleos tradicionales de primera línea, por lo que sus propietarios se han movilizado integrándose en la plataforma vecinal SOMOS Mediterránea, que agrupa entidades vecinales de toda la Comunitat. Estos colectivos denuncian falta de inversiones para frenar la regresión, falta de mantenimiento y la amenaza que suponen estos deslindes para sus propiedades.

Este proceso de actualización de deslindes que está llevando a cabo el Ministerio de Transición Ecológica también cuenta con la oposición del gobierno autonómico. Desde la Generalitat han mostrado en reiteradas ocasiones su rechazo, presentando incluso alegaciones junto a los ayuntamientos afectados, y el Consell también trabaja para desplegar todas sus competencias en el marco de la aplicación de la nueva Ley de la Costa con el objetivo de dotar a los ayuntamientos de herramientas para hacer frente a estos procesos de deslines, en especial en los núcleos de valor patrimonial costero. En esta línea, el propio president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha instado recientemente al Gobierno central a transferir al ejecutivo autonómico de las competencias en materia de gestión del litoral al considerar que no está dando respuesta a las necesidades de los municipios costeros.   

En los últimos días, la Generalitat ha sufrido un revés en esta batalla por la defensa de los núcleos del litoral tras la decisión del Tribunal Constitucional de admitir el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de España sobre los puntos más sensibles de la Ley de la Costa valenciana, que afectan precisamente a los deslindes y la protección de viviendas y núcleos tradicionales en primera línea de playa. Esta decisión implica la suspensión de la vigencia y aplicación de dichos artículos.

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