BURRIANA (EP). El Ayuntamiento de Burriana continua su particular batalla con el objetivo de urbanizar Sant Gregori. La próxima semana, exactamente el 26 de marzo, el consistorio de la capital de la Plana Baixa ha sido citado como perjudicado en el Tribunal de Cuentas en Madrid ante "ciertas irregularidades en materia urbanística, que presuntamente pudieran ser constitutivas de responsabilidad contable, en concreto, la falta de reclamación de penalidades al agente urbanizador por un importe estimado de 21.052.095,45 millones de euros", tal y como recoge la denuncia de la Agencia Valenciana Antifraude por hechos acaecidos en el año 2019.

De esta forma, el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, junto a técnicos municipales, acudirá a Madrid, al Tribunal de Cuentas, para tratar in situ "el proceso largo y tedioso que llevamos realizado, enviando las alegaciones oportunas y sobre todo trasladando las posibles consecuencias legales de la demoledora sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que afectan directamente a este caso", ha dicho.

El futuro de uno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos de la provincia de Castellón y de la Comunitat Valenciana, con 2,5 millones de metros cuadrados de superficie en primera línea del litoral, sigue sendos caminos paralelos, por un lado, dilucidar responsabilidades judiciales por la anterior gestión, y por otro, asegurar su supervivencia, según ha explicado el consistorio en un comunicado.

En este escenario, el de asegurar un futuro prometedor a Sant Gregori, el consistorio ha conseguido recuperar los 9.511.946 euros de los fondos públicos de las garantías y apremios, así como aprobar, con el respaldo político de todos los grupos políticos, la gestión directa del proyecto urbanístico con el objetivo de impulsar la oferta turística de Burriana.

La gestión directa, aconsejada por el informe encargado por el Ayuntamiento de Burriana a una empresa experta en urbanismo y por los técnicos municipales, es la opción más viable para finalizar la urbanización, dar seguridad jurídica a los propietarios y recuperar la confianza de posibles inversores, ha apuntado el consistorio.