VALÈNCIA. La Generalitat Valenciana ha iniciado los trámites para cambiar su normativa contra la exclusión financiera. Según el anuncio de consulta pública publicado este martes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), el Consell prepara una modificación integral del Decreto 1/2020 con el objetivo de pasar del modelo actual de gestión única a un sistema de concurrencia competitiva abierto a todas las entidades financieras que operan en la Comunitat Valenciana.
Hasta la fecha, la prestación de este servicio esencial en las zonas rurales ha recaído en CaixaBank, entidad que, bajo el marco normativo vigente desde 2020, ha desplegado una red de 135 cajeros automáticos en municipios y núcleos de población que carecían de oficina bancaria. Ahora, la Administración autonómica busca "nuevas dinámicas y estrategias", según se puede leer en el documento disponible para consulta pública previa. La finalidad de esta modificación normativa es asegurar que el acceso al dinero en efectivo sea sostenible y llegue a más territorios afectados por el cierre de sucursales.
El nuevo proyecto normativo busca desarrollar el artículo 29 de la Ley 5/2023 (Ley integral de medidas contra el despoblamiento), que eleva la instalación y mantenimiento de cajeros a la categoría de "servicio de interés económico general". Con este blindaje jurídico, la Generalitat podrá actuar de forma más proactiva, según se desprende del texto que ahora se encuentra en consulta pública para recibir sugerencias.
El documento informativo justifica la necesidad de esta "política proactiva" para combatir la carencia de oficina física donde realizar gestiones básicas en municipios en proceso de despoblación, un problema agravado en la Comunitat por el envejecimiento y la brecha digital. Según indica la Generalitat en el documento, se trata de una realidad que afecta al 3,2% de la población nacional.
"Por todo, con el objeto de cumplir el artículo 29 de la Ley 5/2023, hay que afrontar el problema de reducción del número de oficinas bancarias para combatir la exclusión financiera, y priorizar una política proactiva de lucha contra el despoblamiento a favor de los municipios en riesgo de despoblamiento desde una vertiente de concurrencia competitiva", reza el documento.
La Generalitat ha ordenado que el procedimiento se evacúe por vía de urgencia para reducir, así, los plazos administrativos. De hecho, otorga apenas diez días naturales (contados desde el miércoles 18 de febrero) para que las personas interesadas, ayuntamientos o entidades bancarias presenten sus aportaciones y sugerencias a través del portal GVA Participa.
Con este cambio, el Consell pretende que el nuevo decreto esté listo lo antes posible para lanzar las próximas convocatorias de ayudas, permitiendo que diferentes bancos puedan competir por ofrecer el servicio en los municipios que hoy siguen en "sombra bancaria" o que puedan perder su última sucursal próximamente.
