Comunitat Valenciana

La ley de Acompañamiento también pasa de puntillas sobre la prioridad nacional de Vox

  • Eusebio Monzó y José Antonio Rovira, este lunes.
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VALÈNCIA. El Diario Oficial de la Comunitat Valenciana (DOGV) publicó este lunes el anuncio de exposición pública del anteproyecto de ley de Medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, más conocida popularmente como ley de Acompañamiento.

Tal y como avanzó el propio jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, el pasado viernes, en esta iniciativa se incluye una bajada del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF). En concreto, una rebaja de más de un 2% de la tarifa autonómica para 2026. Así, este descenso del gravamen se aplicará con efectos retroactivos a 1 de enero en todos los tramos hasta 100.000 euros y tendrá un impacto en la recaudación de 160 millones de euros.

Una importante medida que, curiosamente, no vino acompañada de una rueda de prensa encabezada por el presidente de la Generalitat. Más aún, en la agenda mediática del día no figuraba comparecencia alguna sobre esta cuestión, si bien a mediodía se programó con carácter urgente una convocatoria para que el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, y el secretario autonómico Eusebio Monzó, presentaran el anteproyecto públicamente. Extraña gestión para un anuncio tan relevante que, tratándose de una bajada de impuestos, se sitúa en el centro de la hoja de ruta de las políticas que defiende Pérez Llorca.

 

 

Más allá de esto, también llama la atención que en el anteproyecto de esta ley de Acompañamiento tampoco aparezcan cuestiones relacionadas de una forma meridianamente clara con la denominada "prioridad nacional" que ha acuñado Vox en los últimos meses y con la que viene presionando al Partido Popular de forma insistente en todos los pactos de gobierno. 

De hecho, el único momento en el que se podría relacionar -lejanamente- se encuentra en la modificación que se hace del artículo 44 del Decreto 180/2024, de 10 de diciembre del Consell, por el que se aprueba el régimen jurídico de las viviendas de protección pública de la Comunitat Valenciana.

Así, en uno de los epígrafes relaciones en los procedimientos de adjudicación de viviendas derivadas de promociones desarrolladas en régimen de colaboración público-privada sobre suelo público, en concreto cuando este sea de titularidad municipal, se subraya que "se podrá establecer a efectos exclusivos de baremación de las solicitudes que cumplan los requisitos de acceso, criterios relativos a la vinculación territorial continuada de las personas solicitantes con el municipio en el que se ubique la promoción". Un aspecto que va en la línea del denominado "arraigo" en el que viene insistiendo el PP cuando se le pregunta por la prioridad nacional que reclama Vox y de la que no hay mención en las 106 páginas del anteproyecto.

Preguntado por si este concepto terminará apareciendo, el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, trató de desmarcarse: "Esto son números e impuestos" y "no tiene nada que ver". Unas palabras muy similares a las que utilizó cuando fue preguntado por esta misma cuestión el pasado viernes tras la aprobación de presupuestos.

Así, el responsable autonómico se remitió al citado "arraigo" para señalar que muchos ayuntamientos, "como el de Gandia, gobernado por el PSOE, premia el arraigo a la hora de dar ciertas ayudas", comentó. "Yo lo puedo entender así, pero lo entiendo como ciudadano de la calle. A la hora de hacer un presupuesto, de hacer números y bajadas de IRPF, no entran estas cuestiones", argumentó.

De esta manera, el Consell de Pérez Llorca ha superado sin demasiados apuros la primera fase de su acuerdo con Vox, que se sustentaba -así se verbalizó- en tres líneas principales centradas en una importante rebaja fiscal -que va en incluida en esta ley de Acompañamiento-; políticas de vivienda y la citada prioridad nacional, que de momento no termina de aparecer por ningún lado. Esto invita a pensar que en el proceso de enmiendas, sobre todo en esta ley, es donde se suscitará el debate interno entre Vox y el PP, si bien cabe recordar que esta iniciativa se aprobará probablemente ya en septiembre, puesto que los plazos son casi imposibles para que vea la luz antes de verano.

 

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