VALÈNCIA. Los grupos del PSPV y Compromís en Les Corts Valencianes registraron este jueves en Les Corts sus respectivas enmiendas a la ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para este 2025. Unas cuentas que el Consell presentó después de llegar a un preacuerdo con Vox para conseguir el apoyo de esta formación, que resulta clave para obtener la convalidación de las leyes en el Parlamento valenciano. El partido que dirige Santiago Abascal ha presentado medio centenar de enmiendas a las que también cabe sumar 62 del Partido Popular, formación que ocupa actualmente el Gobierno autonómico. 

En cualquier caso, de las 173 enmiendas de Compromís y las 132 del PSPV, llaman especialmente las referidas a la gestión de la catástrofe de la Dana que asoló decenas de muncipios valencianos el pasado mes de octubre. Mediante la ley de Acompañamiento, ambos grupos se centran en realizar cambios sobre varias leyes autonómicas con el objetivo de que la Administración autonómica ofrezca mayor cantidad de datos en las agendas de sus altos cargos o en los trayectos de los coches oficiales, así como modificaciones respecto a cómo actuar ante una alerta roja climatológica, entre otras cuestiones. Además, proponen cambios en la ley de Emergencias sobre las competencias del jefe del Consell y, más allá de la Dana, plantean variaciones en materia energética, accesibilidad, vivienda, tributaria o sanitaria. 

Así, el PSPV pone sobre la mesa una modificacion ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias para que la activación de una alerta roja por fenómenos meteorológicos conlleve un aviso a la población mediante la herramienta ES-Alert a la población de la zona afectada "a la mayor celeridad posible". Además, también sobre esta ley, se solicita incluir como infracción "muy grave" la "falta de custodia de las actuaciones y comunicaciones, ya sean telemáticas, telefónicas o por radio, relacionadas con el proceso de gestión de una emergencia".

En esta línea, se incluye el derecho de los trabajadores a "ausentarse del puesto de trabajo de manera voluntaria" en el caso de alerta roja por fenómeno meteorológico. De la misma manera, los socialistas proponen en una enmienda la "suspensión automática de toda actividad lectiva en el sistema educativo valenciano, incluidas las universidades" en el caso de activación de la citada alerta roja. Además, también sobre esta ley, el PSPV pone sobre la mesa la necesidad de que el Consell tome las medidas para que los operadores del 112 se incorporen al personal laboral de la Generalitat.

También en relación a la Dana, el grupo socialista propone la creación de un fondo de compensación de más de 200 millones de euros para todas las personas que residen en municipios afectados, que procedería de la recaudación del impuesto de patrimonio. Además, otras enmiendas reflejan una reducción del 10% de las tasas -también educativas- y en concreto del 99% para las personas que tienen la residencia fiscal en municipios afectados por la Dana.

Por su parte, Compromís, respecto a la gestión de la Dana, plantea un par de modificaciones en la ley de Transparencia. Por un lado, propone que el Consell tenga que publicar de forma mensual “información detallada” sobre los trayectos realizados a través del parque móvil de la Generalitat incluyendo fecha, hora, motivo de desplazamiento, origen y destino. Esta medida tendría carácter retroactivo, dando un plazo de un mes para aportar datos previos a la entrada en vigor.

Por otro, solicita que las agendas institucionales de los altos cargos del Gobierno autonómico incluyan las comidas en las que se abordan cuestiones relativas al ejercicio del cargo público, “sea quién sea el pagado de las mismas”. También plantea modificar la ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias para que el presidente de la Generalitat tenga que declarar la situación de emergencia catastrófica cuando la “situación de peligro o los daños ocurridos por su especial extensión o intensidad” sean “particularmente graves”. 

Una declaración que supondría que el jefe del Consell tendría que asumir “el comando único y la dirección de todas las actividades de la emergencia”. “Pasan a su directa dependencia la estructura organizativa del plan territorial de emergencia de la Comunitat”, reza el texto propuesto por la coalición. La norma, además, permitiría al Consell y al presidente dictar normas de urgencia para “afrontar las necesidades de la emergencia”.

Además, también cabe remarcar que una de las enmiendas plantea modificar la ley de Accesibilidad Universal para que los sistemas de alerta y avisos de emergencias “sean accesibles para cualquier persona”. Un cambio normativo, que, además, incluye la elaboración de planes de contingencia para el traslado urgente de personas con discapacidad o necesidades de accesibilidad, así como el impulso del protocolo de atención a personas con discapacidad en situaciones de emergencia. 

Mientras que, a nivel impositivo, Compromís propone varias modificaciones en el IRPF para aumentar la recaudación y destinar el importe de lo recaudado de más “a gastos relacionados con la recuperación posterior a la Dana de octubre de 2024, al apoyo a las personas afectadas y a la mejora de los servicios de atención y atención a las emergencias”.

Sanidad, accesibilidad, plantas fotovoltaicas... enmiendas de Compromís

En materia sanitaria, Compromís plantea modificar la ley de Salud para incluir que la Generalitat “garantice” la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo y de técnicas de reproducción asistida en centros públicos valencianos de todos los departamentos sanitarios. Por otro lado, esta formación propone incluir la violencia de género digital o violencia en línea en la ley de la Violencia sobre la Mujer. Esta nueva tipología se aplicaría a aquellas conductas de violencia ejercidas mediante nuevas tecnologías, redes sociales, internet y sistemas de mensajería instantánea, entre otros.

Respecto a las políticas en materia de accesibilidad cabe también apuntar que una de las enmiendas incluye la creación del Fondo de Promoción de la Accesibilidad Universal e Inclusiva de la Comunitat. Este órgano, que estaría adscrito a la conselleria con competencias sobre personas con discapacidad, financiaría estrategias, iniciativas, programas, proyectos y acciones “encaminadas a garantizar a las personas con discapacidad el pleno ejercicio de sus derechos políticos, sociales, educativos, culturales y económicos”.

Según el texto planteado por la coalición, los proyectos que podría financiar serían tanto de entidades públicas como privadas. Además, sería administrado por un consejo rector dentro de la Oficina de Coordinación y Promoción de la Accesibilidad Universal en el que tendría presencia la Administración autonómica, las corporaciones locales y las “organizaciones más representativas de las personas con discapacidad”. 

En materia energética, Compromís plantea varias enmiendas entre las que destaca una por la que se reformaría le ley de Ordenación del Territorio con el objetivo de establecer criterios para la ocupación de suelo para centrales fotovoltaicas. Una cuestión que plantea, además, modificar el decreto por el que se acelera la implantación de instalaciones renovables para incluir estos criterios. 

Además, también plantea modificar este último decreto para acometer cambios en los protocolos de actuaciones previas que deben llevar a cabo los promotores. En este sentido, en el caso de los parques eólicos y las plantas fotovoltaicas con potencia superior a 10MW en suelo no urbanizable, el promotor debe haber lanzado una oferta de participación local dando la posibilidad a los ayuntamientos de los municipios donde se ubique la planta y a los limítrofes la posibilidad participar en como mínimo el 20% de la propiedad del proyecto o de su financiación. 

Esta acción también incluye plantear esta misma oferta de participación a personas físicas, jurídicas, públicas y privadas que radiquen en estos municipios. Además, en el caso de las fotovoltaicas, plantea que el promotor lleve a cabo “las acciones necesarias” con el objetivo de garantizar la publicidad activa del proceso y que los municipios afectados puedan acceder a las características generales de la instalación, así como al conjunto de la documentación constitutiva del proyecto de la instalación. 

Mediante una disposición adicional también pide que el Consell empiece en un plazo de tres meses la redacción de un Plan de acción territorial para el despliegue de renovables que ordene estos usos en suelo no urbanizable. “El plan tendrá que estudiar las zonas más tensionadas con mayor nivel de detalle y el resto del territorio con menor nivel”, reza el texto del que también se desprende: “El documento deberá estar finalizado en un plazo de 12 meses desde el inicio de su redacción”.

Además, plantea una modificación de la ley de medidas contra la despoblación para aplicar un cambio sobre “el fomento de las energías renovables”. En esta línea, incorpora varios detalles al articulado que se basan en que la Generalitat debe fomentar la generación de energía “en espacios urbanos y periurbanos próximos a las zonas donde se concentra el consumo energético”, así como que las instalaciones de renovables deben “priorizar” el abastecimiento de las poblaciones donde son implementadas.

En materia de vivienda, plantea que las viviendas de protección pública tengan un precio máximo de 2.200 euros por metro cuadrado de superficie útil mediante una modificación del decreto VPO de finales del pasado ejercicio. En el caso de los trasteros, plazas de garaje y locales anexos el precio sería el mismo, pero se computaría el 60% de su superficie útil. El precio se podría modificar en el caso de que se produzcan variaciones anuales superiores al 5% al alza o a la baja en el módulo básico de edificación que publica el Instituto Valenciano de la Edificación. 

Para las transmisiones, plantea fijar el precio de venta en el 85% del valor por metro cuadrado citado anteriormente, límite que no afecta a los locales. Además, propone un coeficiente para rebajar este importe en función de la antigüedad de la vivienda. Por otro lado, también plantea que las viviendas protegidas mantengan de manera “permanente” esta calificación. La coalición también propone que se elimine la posibilidad de que el Gobierno autonómico pueda descalificar una vivienda de este régimen de manera excepcional “por razones de interés público”.

Otra de las cuestiones que Compromís busca modificar vía enmiendas es la ley de igualdad de las personas LGBTI con la intención de incluir el 31 de marzo, Día de la Visibilidad Trans, como una de las jornadas que la Generalitat “conmemorará y prestará su apoyo” para su celebración. En materia fiscal, plantea que el Consell apruebe “programas de subvenciones” para que las personas que no realizan la declaración de la renta o no cuentan con la cuota líquida suficiente puedan beneficiarse de las deducciones autonómicas del IRPF.  Mientras que, respecto a la ley de la recién creada Corporación Audiovisual de la Comunitat, propone crear un capítulo sobre producción, contenido y emisiones, así como establecer que el valenciano “será la lengua vehicular de los medios públicos que dependen de la Generalitat Valenciana”.