VALÈNCIA. Miles de reclamaciones por la Dana del 29 de octubre de 2024 se acercan al plazo de prescripción previsto por la legislación de seguros, mientras el Consorcio de Compensación de Seguros continúa recibiendo expedientes relacionados con la catástrofe. Ante esta situación, un grupo de juristas, expertos en seguros y profesionales vinculados a la gestión de indemnizaciones ha impulsado la Plataforma por la Transparencia de las Indemnizaciones Justas del Consorcio (PTIJC).

La iniciativa, sin ánimo de lucro, se ha presentado este jueves en el Ateneo Mercantil de València con el objetivo de asesorar a afectados que consideran insuficientes las compensaciones recibidas o que todavía no han iniciado ningún trámite. Precisamente, la plataforma nace en un momento en el que se cumplen casi dos años de una de las mayores tragedias en la Comunitat Valenciana y cuando buena parte de los esfuerzos de reconstrucción han dado paso a una fase determinante para miles de familias y empresas: la de las indemnizaciones.

De hecho, sus impulsores sostienen que todavía existen numerosos afectados que desconocen la posibilidad de revisar las cantidades percibidas, aportar nueva documentación o iniciar actuaciones para defender sus derechos. También alertan de que muchas personas no son conscientes de la existencia de un plazo legal para reclamar.

El Consorcio recibió más de 200.000 expedientes por la Dana en abril

Cabe recordar que el artículo 23 de la Ley de Contrato de Seguro establece con carácter general un plazo de prescripción de dos años para los seguros de daños. Aunque cada expediente presenta particularidades y los plazos pueden verse alterados por actuaciones previas o reclamaciones ya iniciadas, los promotores de la plataforma consideran fundamental que los afectados analicen su situación antes de que se cumplan dos años de la riada. 

"Lo importante ahora es interrumpir la prescripción", ha explicado durante la presentación José Santos de Blas, especialista en mediación y seguros y uno de los impulsores de la iniciativa. Según ha señalado, el objetivo no pasa por resolver todos los expedientes antes del próximo mes de octubre, sino por realizar los trámites oportunos que permitan mantener abiertas las reclamaciones y evitar que los derechos de los afectados queden extinguidos por el paso del tiempo.

La advertencia llega acompañada de un dato que los promotores de la plataforma consideran significativo. Según las últimas cifras del Consorcio de Compensación de Seguros, a 30 de abril de 2026 se habían registrado 251.677 expedientes relacionados con la Dana, de los cuales 240.121 corresponden a la provincia de Valencia, el 95,4% del total.

Además, el organismo había abonado hasta esa fecha 4.473 millones de euros en indemnizaciones derivadas de las inundaciones. Durante el acto, los responsables de la iniciativa han subrayado que el número de expedientes sigue aumentando, lo que interpretan como una muestra de que todavía hay afectados que continúan iniciando procedimientos o regularizando su situación año y medio después de la catástrofe.

Vocación técnica y de servicio público

La PTIJC considera que numerosos particulares, autónomos y pequeñas empresas siguen encontrando dificultades para valorar de forma correcta los daños sufridos, acreditar pérdidas económicas o comprender los procedimientos necesarios para reclamar ante el Consorcio. El exmagistrado del Tribunal Supremo y catedrático de Derecho Civil y catedrático de Derecho Civil de la Universitat de València (UV), Javier Orduña, ha defendido la necesidad de reforzar el acompañamiento a los afectados ante procedimientos que ha calificado de "especialmente complejos" para quienes no cuentan con asesoramiento especializado.

Según ha explicado Orduña, las grandes empresas suelen disponer de recursos técnicos y jurídicos para defender sus intereses, pero muchos pequeños empresarios y particulares afrontan estos procesos en una situación de mayor vulnerabilidad. Por ese motivo, la plataforma reúne perfiles procedentes de distintos ámbitos profesionales. Junto a Orduña y Santos de Blas participan el catedrático de Derecho Digital de la UV, Javier Plaza Penadés; el perito judicial, Rafael Vázquez Rodríguez; el representante en España de la red internacional Global Insurance Law Connect, Fernando Blanco Giraldo, así como el responsable de comunicación, Toni Milla. 

Los promotores insisten en que la iniciativa carece de cualquier vinculación política y que su finalidad es técnica y de servicio público. Entre sus objetivos figura ofrecer información accesible a los afectados, centralizar consultas, analizar expedientes y facilitar vías de negociación o mediación que permitan resolver conflictos sin necesidad de acudir a los tribunales.

Para ello, han diseñado una estructura que permitirá registrar casos, recopilar documentación, realizar una primera evaluación de las reclamaciones y efectuar un seguimiento individualizado de cada expediente. Además, prevén desplegar una intensa labor informativa durante los próximos meses a través de reuniones con asociaciones empresariales y representantes de polígonos industriales de la 'zona cero'.

La plataforma estima en 48.000 los casos revisables 

Junto a los datos oficiales del Consorcio, la plataforma también ha presentado una serie de estimaciones propias sobre el posible alcance de las reclamaciones pendientes de revisión. Sus responsables sostienen que una parte de los expedientes podría contener valoraciones insuficientes o discrepancias respecto a los daños efectivamente sufridos. No obstante, insisten en que se trata de cálculos elaborados por la propia entidad y no de cifras oficiales.

Según ha explicado Santos de Blas, la estimación parte después de meses analizando expedientes relacionados con la Dana. Los promotores consideran que casi un 20% de las reclamaciones podría presentar algún tipo de incidencia susceptible de revisión. Aplicado al volumen total de expedientes registrados en la provincia de Valencia, ese porcentaje equivaldría a alrededor de 48.000 casos revisables.

Además, la plataforma calcula que las cantidades económicas asociadas a esas posibles revisiones podrían alcanzar los 880 millones de euros. Los promotores destacan que se trata de una proyección basada en estimaciones y no de una cuantificación realizada por el Consorcio de Compensación de Seguros. En cualquier caso, la plataforma prevé intensificar durante los próximos meses su labor en municipios, asociaciones empresariales y polígonos industriales afectados. El objetivo es localizar a quienes todavía no han revisado sus expedientes y evitar que pierdan la posibilidad de reclamar.