VALÈNCIA. Todo el mundo y nadie parece tener la varita mágica para romper el techo bajo de las audiencias de À Punt. Desde 2018, las diferentes direcciones han ido haciendo funanbulismo en el frágil equilibrio entre el servicio público y la necesidad de presentar el aval de las audiencias. Sobre lo primero, el debate está abierto y se han habido diferentes épocas; sobre lo segundo, más allá de temporales y fiestas, À Punt nunca ha llegado a alzar el vuelo. Sigue siendo, años después, la autonomíca generalista menos vista de España.

Los siguientes en intentarlo son Vicente Ordaz, presidente de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA), y Francisco Aura, director general de À Punt. Ayer, el máximo responsable del nuevo ente explicó, en su primera comparecencia en Les Corts, algunas de sus intuiciones e intenciones en la que, sin duda, será una nueva etapa para la radiotelevisión.

La primera (y principal) intuición tiene que ver con el idioma. Con la idea de hacer que À Punt sea un medio "de todos los valencianos y no excluyan a nadie, desde Vinaròs hasta la Vega Baja”, Ordaz ha planteado dos propuestas que darán más espacio al español en la parrilla de la televisión. En primer lugar, en las películas y producciones externas que cuenten con doblaje en los dos idiomas, el dual será, por defecto, en castellano, y se tendrá que cambiar para poder escucharse en valenciano. Lo segundo, se fortalecerán las co-producciones con otras televisiones, aunque eso signifique renunciar a la lengua propia a la que ha de atender la televisión pública valenciana.

Todo este despliegue pone en el centro de la transformación de la parrilla de À Punt la preocupación por llegar a las “comarcas castellanohablantes” de la Comunitat. Pero con las audiencias tan oscilantes de la televisión, no hay pruebas empíricas de que una mayor presencia del castellano (À Punt ya ha emitido programas en íntegramente en el idioma estatal) se traduzca en mejores audiencias. PP, Vox y la nueva dirección del ente creen que estos gestos también buscan “que todos los valencianos se sientan representados”.

Desde el sindicato Actors i Actrius Professionals Valencians (AAPV) ya han censurado la decisión de priorizar el castellano en las producciones externas: “El doblaje en valenciano de series, películas y documentales era la única garantía existente para gozar de productos íntegramente en lengua propia en la única cadena que puede ofrecerlos”. Y se preguntan: “¿No es injusto que empresas y profesionales foráneos del País Valencià capitalicen horas de programación de nuestra televisión autonómica? ¿No deberían potenciar sin matices la lengua minorizada y autóctona del territorio y de sus contribuyentes los medios públicos? ¿No es éste el primer paso para acabar con el doblaje en valenciano?”.

Ordaz ha prometido que, tras la oleada de cancelaciones y con varios estrenos de programas en castellano (por ejemplo, la serie documental ¿Qué comemos?, de Telemadrid) la proporción será de un 92% de programación en valenciano y un 8% en castellano, teniendo en cuenta el dual. Pero esto puede cambiar en el medio plazo: las alianzas cambian y desde la nueva dirección se va a apostar por la co-producción de programas con la Forta, que tiene como lengua común el castellano.

La segunda intuición la comparte con el anterior Director de À Punt, Alfred Costa: el pobre despliegue de medidores de audiencia penaliza a À Punt. En este sentido, Ordaz ha anunciado que, en colaboración con la Forta, se ha pedido a la auditora Kantar Media a que refuerce su red de audímetros en el territorio. También ha adelantado una medida que se ha hecho en anteriores ocasiones: una campaña de márketing para que los hogares que no tengan sintonizado À Punt se animen a hacerlo. Las audiencias de la radio, también oscilantes y dependientes de otro método, no tienen margen de mejora en su medición.

Los toros, ¿por la puerta grande?

PSPV y Compromís han respondido con amplias críticas al modelo planteado por la nueva dirección, centrando sus críticas por la pérdida de protagonismo del valenciano. Ordaz les ha recordado que los dos grupos “legítimamente” renunciaron a negociar el Consejo de Administración del nuevo ente, que estará controlado casi en exclusiva por representantes de PP y de Vox.

El partido de ultraderecha, que sí tiene poder de decisión, ha preguntado por la posibilidad de que la radiotelevisión pública valenciana emita festejos taurinos. Ordaz ha deslizado que “si entra en la ratio de rentabilidad, audiencia y coste de producción, evidentemente se estudiará”. “Es una cuestión a la que no estamos cerrados ni mucho menos”, ha recalcado, si bien el libro de estilo promovido en la creación de la nueva televisión excluía este tipo de emisiones.

La parrilla ya empieza a sufrir los cambios. En el caso de la televisión, las mañanas volverán a estar pobladas por las repeticiones, como fue común durante varios años, con la excepción de Les NTC del Matí y La Via Verda. Grada 2030, una de las grandes apuestas de la última temporada, se traslada a la medianoche.

En el caso de la radio, se sabe que desaparecerán la semana que viene Podríem fer-ho millor! y Territori Sonor, presuntamente por su “alto coste”. Los programas que los sustituirán, que aún no han sido anunciados, también serán de productoras externas.

Los cambios de programación de los próximos meses estarán determinados por la limitación presupuestaria —a su llegada al ente, ya estaba comprometido el 54% del presupuesto, por lo que “solo” 11,5 millones pueden destinarse a contenido audiovisual.

La radiografía: “Hay una verdadera falta de interés por la programación” de À Punt, dice su nuevo gestor. ¿La solución? Por ahora no se conoce ni el contrato-programa ni los formatos propuestos ni el tono de la nueva parrilla; solo una intuición de alto voltaje político: que a más castellano, más audiencia.

Nuevo libro de estilo de la mano del CEU y la UMH

Otro de los propósitos marcados por Ordaz a su llegada fue el de modificar el libro de estilo de À Punt, que data de 2018. Así, en su intervención, el presidente de la radiotelevisión pública explicó que se ha creado una comisión en el seno del consejo de administración precisamente con este propósito: "Adaptar y flexibilizar el manual vigente" y "llevarlo a las necesidades actuales y a los desafíos a los que se enfrenta, siete años después, cualquier medio de comunicación".

Así, anunció que esta comisión, encabezada por la periodista y consejera Rosalía Mayor, cuenta con dos equipos. Uno de ellos, en colaboración tanto con el Consell d'Informatius como con dos universidades, la Universidad Cardenal Herrera-CEU y la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche. Un grupo que trabajará "en la parte deontológica y periodística" y sobre el que no llegó a explicar la exclusión de otras universidades como la Universitat de València (UV) o la Universitat Jaume I (UJI). El segundo grupo trabajará "en la parte de la lengua" y estará conformado por la dirección de lingüistas de À Punt y la Subdirección de Política Lingüística de la Generalitat.

Al llegar al cargo, el presidente ya anunció que su intención era introducir novedades en el uso lingüístico, por ejemplo en cuanto a los topónimos de localidades castellanohablantes para que se las nombre en castellano, y este lunes, se limitó a asegurar que el nuevo manual "seguirá los criterios de la Academia Valenciana de la Llengua (AVL)". Otra de las cuestiones que pueden cambiar es, en la línea con lo manifestado, la disposición dirigida a los eventos taurinos, que ahora mismo se pueden emitir siempre que no haya maltrato animal. Al respecto, en una entrevista en La Vanguardia, aseguró que no quiere que el libro de estilo "cierre ninguna puerta".

Oposiciones y relación de puestos de trabajo

En materia laboral, la radiotelevisión pública valenciana tiene también tareas pendientes. Una de ellas son las oposiciones, que el Consell decidió suspender con motivo de la reforma de la ley de À Punt. Ordaz explicó en Les Corts que estos procesos selectivos seguirán paralizados hasta la aprobación de una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), con el objetivo, dijo, de "determinar si las oposiciones convocadas se acoplan a la nueva RPT".

Según la ley, esta modificación debería tener luz verde del consejo de administración "en un plazo de seis meses" desde la aprobación de la nueva norma. El presidente aseguró ante los diputados que están "inmersos" en este proceso y que la RPT, que data de 2022, "se presentará en los próximos meses" para "optimizar los recursos de las empresas y evitar la duplicadad de esfuerzos". Así, aprovechó para criticar a la administración anterior por haber "ignorado las modificaciones solicitadas" dado que esta "debería ser una herramienta flexible".

Por el momento, la nueva compañía, CACVSA, ha iniciado la subrogación del personal de las dos anteriores mercantiles que conformaban À Punt. El pasado 11 de marzo empezó el proceso con los 56 trabajadores de la anterior Corporació y "se trabaja en la subrogación de los 462 profesionales de la Sociedad Anónima), trámites todos ellos que culminarán con la fusión de la mercantil en CACVSA.