VALÈNCIA. El proceso de homologación de un título universitario extranjero en España es una quimera: al tapón de expedientes - que se ha ido reduciendo en los últimos meses - se ha sumado la dificultad de encontrar una cita telefónica para poder contactar con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y recibir atención en torno a incidencias durante la tramitación de sus expedientes. 

Así lo asegura la organización Homologación Justa Ya (HJY) en un informe al que ha tenido acceso este periódico y que desgrana un proceso de mercadeo de citas telefónicas ante la "dificultad" para poder acceder a una a través de la web del ministerio que encabeza Diana Morant. Desde la entidad detallan que muchos usuarios venían denunciando que las citas se agotaban en segundos, lo que generaba "frustración y desinformación". 

A esta situación, aseguran, se suman diferentes "fallos técnicos" en el portal a través del que se puede solicitar este servició, así como que el resto de canales oficiales de contacto del ministerio "no resultan efectivos, ya que las respuestas recibidas son vagas, genéricas, o no resuelven dudas específicas". En medio de esta situación, este colectivo empezó a detectar la venta de citas telefónicas a través de redes sociales y páginas web. El precio inicial se situaba entre 40 y 80 euros, aunque "ante la alta demanda y desesperación" actual ya se pueden encontrar algunas citas por precios de hasta 200 euros.

Un extremo que, según esta organización, "ha generado gran preocupación" entre los homologantes, pues consideran que existe una "falta de control interno" y una "ausencia de mecanismos de verificación" de estas citas. El citado informe adjunta varias conversaciones de afectados con personas que, presuntamente, estarían recibiendo una contraprestación por conseguir citas telefónicas con este departamento del Gobierno de España.

En este documento, la organización solicita al Ministerio de Universidades que investigue y refuerce los mecanismos de seguridad del sistema de citas para evitar su venta ilegal. También reclama una mejora de los canales de atención a la ciudadanía, así como que se habilite un "canal de denuncias específico" a través del que se puedan "reportar fraudes o intermediarios que se lucran con este servicio". 

La situación, según los documentos a los que ha tenido acceso Plaza fue denunciada ante la Policía Nacional el pasado 26 de noviembre por una afectada residente en la ciudad de València, que expuso que la venta de citas se estaba produciendo desde hacía "cuatro o cinco meses". La organización también ha elevado la problemática ante el Defensor del Pueblo a comienzos de la semana pasada. "Esta práctica, además de ilegal, constituye un aprovechamiento directo a la desesperación y vulnerabilidad de miles de profesionales que dependen de estas citas para el avance de sus expedientes", apuntan en la solicitud representada ante este órgano. 

De todo ello se habló el pasado miércoles en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso de los Diputados. El parlamentario por Zaragoza Pedro Navarro (PP) hizo referencia tanto al informe como a la denuncia y los hechos planteados al Defensor del Pueblo. No obstante, Morant evitó responder en torno a esta materia y se centró en los rifirrafes políticos en torno a la gestión de la Dana que inundó decenas de municipios valencianos el pasado 29 de octubre.

Una estrategia que desde HJY lamentan, pues aseguran que ya remitieron al ministerio una "queja formal" sobre la reventa de citas el pasado mes de septiembre, a la que obtuvieron por respuesta que se estaba "trabajando en medidas técnicas" para evitar los "problemas". "A día de hoy, no se ha implementado ninguna medida efectiva y la reventa de citas no solo continúa, sino que ha ganado aún más fuerza", apuntan desde la organización en un comunicado en el que aseguran: "Sigue sin existir una explicación clara de cómo, tras acceder a una cita telefónica —que debe ser gratuita—, algunos solicitantes obtienen resoluciones favorables y otros no, sin criterios transparentes ni garantías de equidad". 

Más de 80.000 expedientes sin resolver

Sobre esta materia cabe añadir que el Tribunal de Cuentas publicó a finales de noviembre un informe en el que analizó el proceso de homologación de títulos universitarios por parte del ministerio que encabeza Diana Morant. En este sentido, el órgano señala que a 30 de junio de 2025 existían un total de 80.648 solicitudes pendientes de resolución, una cifra que evidencia un "cambio positivo" en la diferencia entre resoluciones y solicitudes. Una cuestión que para el Tribunal de Cuentas no exime de "un decidido esfuerzo para reducir los expedientes acumulados y cumplir el plazo legal" de resolución, que la ley fija en un máximo de seis meses, aunque en la práctica se extiende hasta una media de 212 días.

El informe, además, detecta "deficiencias estructurales y operativas en el procedimiento", como son las derivadas de una "regulación insuficiente" de los sistemas de identificación y firma electrónica, así como de la "falta de aprobación y actualización de la lista de profesiones reguladas". Este órgano también detecta "insuficiencia de los recursos humanos", así como "deficiencias en herramientas informáticas". "Todo ello tiene como consecuencia el incumplimiento del plazo máximo de seis meses para dictar resolución", remarca el Tribunal de Cuentas. 

También se han observado una serie de "limitaciones relevantes" en el cobro de las tasas por los sistemas informáticos empleados para esta cuestión. En el lado positivo se encuentra que el número de resoluciones en el primer semestre de 2025 fue superior al de las solicitudes registradas. Este órgano explica que desde 2024 se han ingresado en torno a 30.000 peticiones anuales, lo que supone una dificultad añadida en la reducción de la acumulación de expedientes.

Ante este escenario, el Tribunal de Cuentas plantea al Gobierno que valore extender a los solicitantes extracomunitarios el régimen normativo aplicable a los nacionales de la Unión Europea. Una medida que permitiría que no se exigiera "el requisito de la previa homologación, siempre que exista una experiencia profesional formalmente reconocida de entre cinco y quince años en su país de origen". Además, apunta a que el Ministerio debería realizar "un esfuerzo muy decidido" para resolver "el gran número de expedientes acumulados" mediante la "corrección de las deficiencias estructurales" y el "empleo de los recursos necesarios" para ello.