VALÈNCIA. La huelga educativa que mantiene en vilo la enseñanza pública valenciana seguirá en pie, al menos, hasta comienzos de la próxima semana. La Conselleria de Educación y los sindicatos mantuvieron este jueves su primer encuentro desde el inicio de las protestas. La reunión, que se prolongó durante más de cuatro horas, evidenció desde el primer instante la distancia entre ambos agentes, especialmente por la ausencia de una propuesta por escrito en materia salarial. No obstante, los sindicatos se mantuvieron en la mesa, a diferencia de lo ocurrido la semana anterior, y se emplazaron a seguir negociando el próximo lunes.
El escenario evidencia cómo, tanto el departamento que encabeza Carmen Ortí como las distintas formaciones sindicales, evalúan su fuerza una vez superados los primeros días de huelga. Por un lado, el Consell mira con perspectiva la repercusión de la huelga sobre su crédito y trata de poner el foco en el interés sindical por una subida salarial. "Al parecer, el dinero sí que es la excusa de los sindicatos para dinamitar el fin de curso", apuntó este jueves la portavoz de Educación del PP en Les Corts, Beatriz Gascó, en un comunicado. Por otro, los sindicatos tratan de maximizar el rédito de su presión con el objetivo de lograr el mejor acuerdo posible, mientras miran de reojo el descenso progresivo de manifestantes.
Con todo ello, la primera semana de huelga indefinida concluirá con lo que se proyecta como una "gran manifestación" en la ciudad de València. El será un termómetro del respaldo con el que cuentan las formaciones sindicales, teniendo en cuenta que cada docente deja de ingresar una media de 150 de euros limpios por cada día que decide secundar la huelga. De hecho, en torno al 40% del profesorado respondió en una encuesta sindical que su capacidad para participar en las protestas era de una semana como máximo. Un extremo que podría derivar en un mayor descenso de manifestantes a lo largo de la próxima semana, lo que reduciría la capacidad negociadora de los sindicatos.
De llegarse a este punto, el Consell podría tener mayor margen para llegar a un acuerdo que no implique un gasto desmesurado en las arcas públicas. Las reivindicaciones planteadas por los sindicatos están valoradas en 2.400 millones de euros, frente a los 100 millones anuales que supondría la subida salarial propuesta la semana pasada por la Conselleria, consistente en una subida de 75 euros brutos mensuales a aplicar de manera progresiva hasta finales de 2029. El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ya reclamó el pasado lunes a los sindicatos que abandonaran "posturas maximalistas", lo que dejaba entrever la voluntad del Gobierno valenciano por llegar a un pacto alejado de las pretensiones iniciales del profesorado, más aún teniendo en cuenta la delicada situación financiera de la Generalitat.
Bajo este prisma, tanto Educación como los cinco sindicatos representados en la mesa sectorial - STEPV, CSIF, CCOO, UGT y Anpe - mostraron su interés por llegar a un mayor entendimiento el próximo lunes. Una cuestión para la que es "condición sine quan non" para todos los sindicatos que la nueva propuesta incluya medidas para aumentar la retribución del profesorado. De hecho, el secretario general de Educación de CSIF, José Seco, apuntó que "no resulta mínimamente razonable eliminar del debate la subida salarial". "Se requiere hablar de todo y ofrecer una solución a cada punto para intentar dar una salida al conflicto en la educación pública valenciana", remarcó.
La titular de Educación aseguró que el "preacuerdo" propuesto este jueves no incluía la revisión de los salarios porque se propuso en la mesa anterior y generó "fricciones" entre los sindicatos. Este hecho, sumado a que las propias formaciones aseguraron que "no era la cuestión más importante", llevó a la Conselleria a plantear aquellas "cuestiones con las que podía haber más posibilidad de confluencia de intereses". Ortí, en todo caso, avanzó que el lunes también se hablará también de salarios, pero evitó concretar si será o no la misma oferta que la planteada antes de la huelga.
Pese a las explicaciones ofrecidas por la consellera, cabe incidir en la valoración realizada por la portavoz popular Beatriz Gascó en el citado comunicado. La diputada enfatizó en el interés sindical por obtener una mejora de sus salarios y defendió que la propuesta de Conselleria "incluye avances reales en cuestiones fundamentales para el sistema educativo valenciano y el bienestar de los docentes". "Nunca antes había existido una negociación tan constante y abierta", consideró.
En cualquier caso, los sindicatos ya venían deslizando en los últimos días que la propuesta de Educación debía contener propuestas sobre los seis puntos en los que se resume la plataforma reivindicativa: salarios, ratios, burocracia, infraestructuras, plantillas docentes y lengua valenciana. El Consell planteó siete puntos, pero ninguno de ellos hablaba de una mejora salarial. Mientras tanto, los sindicatos se reafirman en que han experimentado una pérdida de un 20% en su poder adquisitivo en los últimos años, por lo que buscan un acuerdo que les permita recuperarlo.
Una treintena de propuestas, algunas sin desarrollo
La propuesta del Consell se compone de una treintena de propuestas, con mejoras en burocracia, inclusión educativa o el compromiso de revisar la orden de plantillas. De hecho, los sindicatos valoraron de manera positiva las medidas de simplificación burocrática, que, entre otras cuestiones, plantean un decreto de simplificación administrativa educativa o la implenatación de auxiliares administrativos en determinados centros educativos.
No obstante, existen otras medidas que cabe destacar por su falta de concreción o por tratarse de cuestiones de obligado cumplimiento para el Gobierno valenciano. Una de ellas es la reducción progresiva de las ratios a partir de lo dispuesto en la ley estatal. Esta norma ha sido aprobada recientemente por el Gobierno de España y fija un máximo de 22 alumnos en Primaria y 25 en ESO. Su aplicación es obligatoria para las comunidades autónomas y el Consell ya cifró hace unas semanas su coste: 780 millones de euros durante los próximos cinco ejercicios.
También se plantea un Plan Director de Infraestructuras Educativas, con un Plan de Confort Térmico y un Plan de Accesibilidad. La propuesta no detalla el contenido de estos planes y la propia Ortí reconoció este jueves que el documento carecía de memoria económica y de estimación alguna sobre el coste de llevar a cabo todas las medidas planteadas.
