CASTELLÓ. El fenómeno de las viviendas turísticas no tiene freno de momento en Castellón. Este modelo se ha convertido en un valor seguro para el sector inversor y la última regularización de la Generalitat no ha frenado su crecimiento. Así, Castellón mantiene una cifra superior a las 13.000, según el registro de la Conselleria de Turismo. Aunque la mayor parte se concentra en el litoral, especialmente en Orpesa y Peñíscola, que reúnen cerca de la mitad, las viviendas turísticas alcanzan ya casi todo el territorio, existiendo oferta en 115 de los 135 municipios de Castellón.
Orpesa lidera la relación de viviendas turísticas, con 3.167, seguida de Peñíscola, con 2.968; Alcalà de Xivert, con 2.173; Vinaròs, con 989; y Benicàssim, con 968. Desde febrero, Orpesa y Peñíscola han ganado un centenar más de viviendas turísticas (VUT) respectivamente y parece que esta tendencia seguirá en línea ascendente en los próximos meses.
La capital de la Plana no llega al nivel de los principales puntos turísticos, pero va incrementando el número de estas unidades, alcanzando ya las 623. Hace un año contaba con unas 500. Mientras, Moncofa pone de manifiesto su expansión como punto turístico y llega a las 600.
Este fenómeno también está ayudando, según los expertos, a encarecer el precio del alquiler y a reducir la oferta de arrendamiento, en un contexto en el que, al mismo tiempo, se ha producido un notable aumento de la demanda por la inmigración.
Pero, aparte de eso, la vivienda turística también está irrumpiendo en el interior despoblado de la provincia. De hecho, está presente en el 85% de las localidades de Castellón. En Culla, con apenas 500 habitantes, hay una treintena de viviendas turísticas. En Caudiel hay nueve registradas, mientras que Alfondeguilla tiene una, Figueroles, una, y Castell de Cabres, dos, entre otros casos.. Dentro del interior sobresalen destinos turísticos como Morella, con 50, y Montanejos, con 20.
El volumen de viviendas turísticas en Castellón se mantiene más o menos estable desde verano, a pesar de la criba realizada por la Generalitat con la puesta en marcha de un registro. Desde febrero está en marcha una nueva fase de depuración que podría suponer la revisión de otras 14.500 viviendas adicionales en toda la Comunitat Valenciana, un proceso que se promueve con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y ofrecer mayor seguridad jurídica tanto a los usuarios como a los propios ayuntamientos.
El Consell activó en 2024 el decreto ley que regula las VUT con el objetivo de poner orden. Por su parte, el Gobierno central promueve un registro único estatal para identificar las viviendas turísticas ilegales y detectar anuncios irregulares. También ha exigido a las plataformas de alquiler temporal la retirada de las promociones ilegales. Pero estas acciones, de momento, no han conseguido poner coto al fenómeno. El interés inversor está, por ahora, superando las actuaciones de las administraciones públicas.
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