CASTELLÓ. Cerame-Unie, asociación que integra a los sectores cerámicos de Europa, se suma a las críticas contra el reglamento de emisiones de CO₂ para 2026-2030 elaborado por la Comisión Europea, que contempla una rebaja del 34 % de los derechos gratuitos de emisión. Esta medida comportaría un sobrecoste para el azulejo español de hasta 163 millones de euros anuales, más otros 50 millones para el sector esmaltero. La entidad insta a las autoridades comunitarias a congelar la actualización y mantener los valores de 2021-2025. Advierte de que endurecer el impuesto sobre el carbono amenaza con “acelerar aún más la salida de inversiones y producción” del continente, cuando “actualmente no existen soluciones bajas en carbono viables y asequibles a gran escala”.
La federación alerta que el proyecto que la UE somete ahora a consulta “no refleja ni la evolución pasada y actual de las reducciones de emisiones de CO₂ de la industria cerámica ni sus capacidades operativas y potencial de descarbonización”. Asimismo, expone que una reducción del 50 % en el benchmark de combustible -que representa el método para la asignación de derechos de emisión de reserva- incrementará “sustancialmente los costes de producción y socavará la competitividad del sector en los próximos años”.
“Aunque el proyecto reconoce implícitamente que la metodología de benchmarks no está adaptada a los sectores heterogéneos cubiertos, solo propone abordar este fallo metodológico a través de la próxima revisión del ETS. Esto deja a los sectores cubiertos por dichos benchmarks totalmente expuestos a un incremento injusto y desincentivador de la inversión del 34 % en los costes del carbono a partir de 2026”, señala la organización.
Coste de entre 109 y 163 millones
El azulejo nacional se enfrenta así a tener que asumir un coste anual de entre 109 y 163 millones de euros al año, una cantidad que el sector considera inasumible porque, según reitera, actualmente carece de tecnología madura para sustituir el gas por otras energías alternativas. De esta forma, este sobrecoste pone en riesgo la viabilidad de la industria.
Cerame-Unie, al igual que las patronales sectoriales de España e Italia, junto con otras decenas de sectores industriales europeos, lleva meses presionando en Bruselas para intentar cambiar esta propuesta.
El sector podrá presentar alegaciones hasta junio y, durante este periodo, los Estados miembros podrán presionar para modificar el sistema de emisiones. Sin embargo, por el momento solo ha recibido un “jarro de agua fría” de la Comisión.
Según Cerame-Unie, “la industria cerámica europea, esencial para numerosas cadenas de valor estratégicas, se enfrenta a las graves consecuencias de las crisis energéticas pasadas y actuales, estando además fuertemente expuesta a la competencia desleal de terceros países”.
En este sentido, la entidad reclama a la Comisión Europea que congele la actualización de los benchmarks del EU ETS y mantenga los valores de 2021-2025 para la industria cerámica “hasta que se defina un enfoque específico y más representativo, especialmente para el cálculo del benchmark de combustible de reserva”.
Contra la iniciativa de la UE han mostrado su total oposición la patronal azulejera española, Ascer, y el presidente del grupo Pamesa, Fernando Roig. Además, el alza del gravamen sobre el CO₂ se produce en un contexto de incremento de costes energéticos derivado de la guerra en Oriente Medio. La propia UE califica a la cerámica como una industria con riesgo de fuga de carbono (deslocalización), motivo por el cual dispone actualmente de asignaciones gratuitas.
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