CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló ha desbloqueado este lunes el pago de los 5,7 millones de euros que adeuda a una veintena de proveedores en facturas vencidas de contratos que debían haber expirado. El abono de las conocidas como facturas en el cajón -formalmente denominadas Reconocimientos Extrajudiciales de Crédito (REC)-, ha salido adelante con el voto a favor del equipo de gobierno, mientras la oposición se ha abstenido aduciendo la "nefasta gestión" del consistorio, causante del retraso en el pago.
Excepto la edil no adscrita, Paula Archelós, que no ha intervenido, los tres grupos de la oposición han censurado la "incapacidad" del equipo de gobierno para la gestión municipal, que se ha plasmado en un pleno que han calificado de "vergüenza" los portavoces de PP y Cs, Begoña Carrasco y Alejandro Marín-Buck.
Poco antes, el portavoz de Unides Podem, Fernando Navarro, y el de Compromís, Ignasi Garcia, habían hecho un "ejercicio de autocrítica", como se refirió el primero al pleno. Pero su referencia a la gestión administrativa ha sido achacada por Carrasco como un ataque a los funcionarios, a lo que Navarro ha replicado que no es así, y que asume la "responsabilidad política", pero ha remarcado que los informes preceptivos para el abono llegaron "entre el 10 y el 20 de julio".
También Garcia ha indicado que "de enero a agosto han pasado muchos meses" y las facturas se debían haber pagado antes: "Caminar hacia la eliminación de los REC no puede significar dejar de pagar". En este punto, Marín-Buck ha recordado que la desaparición de los REC está incluido en el Acord de Fadrell, pero esta intención "queda muy lejos".
173 facturas
Menos autocrítico ha sido el portavoz del PSPV-PSOE. Tras escuchar a Carrasco recordar que este lunes se ha aprobado el pago de "173 facturas, de 21 proveedores, que suman 5,7 millones de euros", José Luis López le ha recriminado que el PP quiera dar lecciones en este sentido cuando en 2012 tenía "48,5 millones de euros en facturas en el cajón correspondientes a 562 empresas". Esto ha sido replicado por Carrasco, quien lo ha achacado a la gestión del Gobierno español, liderado por José Luis Rodríguez Zapatero hasta finales de 2011.
