VALÈNCIA (EFE). El ajuste de termostatos en espacios públicos y el apagado de escaparates a partir de las 22:00 horas entrarán en funcionamiento este miércoles a pesar de la oposición de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, que han pedido la retirada de un real decreto ley cuyas medidas apoya el Gobierno valenciano.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado que las medidas de ahorro energético que plantea el Gobierno son "de sentido común" y ha insistido en que "hasta el populismo más radical ha de tener límites, porque no se puede cuestionar que hemos de ser más eficientes".

"En un momento como el actual, de emergencia climática y energética, las medidas que plantea el Gobierno son de sentido común. Hay que gastar menos energía y producir más energía verde, y todos hemos de participar en eso", ha apuntado el jefe del Consell en una visita a la Vall d'Alcalà.

A su juicio, "no se puede hacer broma con esta cuestión, no se puede decir que todo puede seguir igual como si no pasase nada, el plan de contingencia se ha de acordar y dialogar, pero esa demagogia irresponsable solo produce desazón entre la ciudadanía".

Por su parte, el conseller de Economía, Rafa Climent, ha asegurado que el decreto no es una norma coercitiva, sino flexible y de concienciación de la ciudadanía sobre la importancia de la eficiencia energética en un contexto como el actual.

"Este es el camino que debemos seguir", el de la concienciación, el ahorro, la eficiencia energética y el impulso a las energías renovables, ha afirmado para añadir que desde la Conselleria "entendemos la coyuntura y no somos partidarios de las políticas reactivas y por eso seguiremos trabajando y potenciando el impulso a las energías renovables y la eficiencia de la energía en la Comunitat Valenciana".

Según ha explicado este lunes la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, el Gobierno no tiene intención de retirar o aplazar ese paquete de medidas debido al compromiso con Bruselas y ha pedido a las autonomías que remitan sus propias propuestas de ahorro energético antes de septiembre.

Durante la reunión, de más de tres horas, entre representantes del Gobierno central y responsables autonómicos de Energía, Industria y Comercio, Andalucía, Madrid, Galicia, Castilla y León, y Murcia -todas gobernadas por el PP- han pedido que no se aplique el decreto.

Además, Cataluña ha solicitado su aplazamiento, si bien "su preocupación no era tanto por el fondo sino como por acompañar a aquellos sectores que no han tomado medidas adecuadas todavía", ha relatado Ribera.

No ha habido ninguna comunidad autónoma que haya dicho que no vaya a cumplir el plan de ahorro energético, ha aclarado la ministra, que ha salido "contenta" de un encuentro que ha trascurrido "en tono cordial".

A pesar de las expresiones "altisonantes en público o en redes sociales" de algunos representantes autonómicos -en alusión al "Madrid no se apaga" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso-, en esta ocasión, la excepción sólo "ha sido un consejero que negaba la existencia del cambio climático".

Por otro lado, otra consejera ha afirmado que "había mandado una carta en la que proponía volver al carbón y ampliar la vida de las nucleares, y donde manifestaba su convicción de que el tope al gas no funcionaba", ha indicado Ribera, que, sin citar a ninguna de las dos, cree que "éstas no son propuestas, es un posicionamiento político".

Ribera ha hecho hincapié en la importancia de trabajar en conjunto, por lo que ha recordado a las comunidades autónomas que sigue a la espera de propuestas específicas para el Plan de Contingencia, que el Ejecutivo prevé para septiembre.

Ha incidido en que las medidas "inmediatas", y van en la línea de lo recomendado por la UE para asegurar el suministro energético este invierno, en plena tensión geopolítica con Rusia por la invasión de Ucrania.

España "es un país comprometido y solidario", ha recalcado la ministra, que ha destacado que las iniciativas que comenzarán a aplicarse este miércoles impulsarán el compromiso con los socios europeos.

Tras la reunión, las autonomías contrarias a esta normativa han hecho pública su desaprobación, y la Comunidad de Madrid ya avanzado que presentará un recurso de inconstitucionalidad por la "cerrazón" del Gobierno.