ALICANTE.- ¿Por qué ha sido detenido Carlos Baño? Es una de las preguntas que se hace mucha gente. Tras su puesta en libertad este viernes, pasadas las 18.30 horas, se ha sabido que el Juzgado de Instrucción nº 4 de Alicante le investiga por supuesto fraude en subvenciones y falsedad en la gestión de los bono‑comercio que la Diputación de Alicante concedió a los ayuntamientos de la provincia durante los ejercicios 2022 y 2023, bajo la presidencia de Carlos Mazón.
La investigación se centra en la patronal del pequeño comercio, Facpyme, de la que Baño también es presidente. Aunque la causa está declarada secreta, hay dos líneas que podrían explicar la detención y el registro de la sede de Facpyme, en la calle Orense de Alicante, que comparte con la CEV y otras organizaciones sectoriales. Ahora bien, nadie, en seno de la patronal del pequeño comercio de Alicante, esperaba esta operación porque entre cosas a Facpyme ya se le había requerido documentación al respecto y la había reportado.
La cuentas de Nexo Retail Capital
La primera apunta a la creación por parte de Facpyme de la empresa Nexo Retail Capital, destinada a gestionar los bonos comercio. Nexo Retail Capital nació con Baño como administrador único y Facpyme como único accionista. Según ha desvelado este viernes el PSPV, “las bases del bono comercio 2022 fueron aprobadas el 10 de mayo; el 29 de junio, Carlos Baño Marhuenda fue elegido presidente de la Cámara de Comercio de Alicante; y apenas 14 días después, el 13 de julio, constituyó como administrador único la empresa Nexo Retail Alicante SL, dedicada precisamente a la gestión de este tipo de campañas”. En la parte final de ese año, Nexo Retail declaró beneficios superiores a 663.000 euros por la gestión de los bonos, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, algo que llamó la atención a la Agencia Antifraude. En agosto de 2022, Facpyme se vanagloriaba de gestionar el bono consumo de 27 municipios de la provincia.
Conviene recordar que la Diputación ingresaba a los ayuntamientos la cantidad destinada a los bonos comercio, y estos debían contratar a una entidad externa, pública o privada, para gestionar la totalidad del programa: fondos, pasarela de pago y campaña de comunicación. La sospecha judicial es si Facpyme se lucró indebidamente con ese negocio. La Agencia Antifraude abrió una investigación que derivó en una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.
El procedente de Torrevieja
La segunda línea de investigación se relaciona con cómo podían optar asociaciones o empresas privadas a gestionar los bonos. Aquí aparece el precedente del Ayuntamiento de Torrevieja y la asociación local Apymeco. El bono comercio nació en 2020 para estimular el consumo tras la pandemia, y muchos ayuntamientos recurrieron a colectivos locales para gestionar las campañas.
La primera anomalía detectada fue en Torrevieja: en diciembre de 2023, Antifraude concluyó que las bases aprobadas por el Ayuntamiento eran irregulares, al considerar a Apymeco como beneficiaria de la subvención cuando debía ser solo un intermediario entre consumidores y comercios. También cuestionó la justificación de determinadas cantidades.
En sus conclusiones, Antifraude señaló que “los criterios de selección utilizados no tienen carácter objetivo vinculado al objeto (gestión del programa), sino que responden a condiciones subjetivas fácilmente predeterminadas, afectando a la competencia real que debe existir en un procedimiento de concurrencia competitiva”. A raíz de ello, la agencia remitió una circular a todos los ayuntamientos recomendando que la gestión de los bonos comercio se realizara mediante un concurso público, con bases y concurrencia competitiva. En su día, el propio alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, cuestionó la resolución de Antifraude.
