CASTELLÓ. Un informe de la Inspección de Trabajo cuestiona el despido colectivo planteado por Formen en Marie Claire y sostiene que el antiguo propietario no actuó "de buena fe" en el ERE. Según el organismo estatal, no aportó documentación contable que justificara una extinción laboral por causas económicas, eludió el plan de recolocación que obliga la ley ni impulso un periodo de consultas con el objetivo de llegar a un acuerdo con los representantes del comité de empresa.

Este documento refuerza al grupo de trabajadores despedidos que tienen pendiente que se resuelvan las demandas judiciales presentadas contra Formen, en las que reclaman el cobro de los salarios impagados y la rescisión de sus contratos con indemnizaciones de acuerdo a un despido improcedente. Unos primeros 11 trabajadores de la empresa de Marie Claire ya consiguieron en marzo una sentencia favorable del juzgado de lo Social 2 de Castelló, que obliga a Formen a pagarles 33 días y 24 mensualidades. Ahora espera un segundo colectivo, cuyo juicio está previsto para el 23 de mayo. 

El informe ha evaluado, a instancias de la Autoridad Laboral, dependiente de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, la documentación del ERE de extinción de Formen a los 69 trabajadores de Marie Claire, que contempla una memoria del comprador sobre las causas de los despidos, documentación contable de los años 2021 y 2022 y un escrito del administrador concursal que solicitó el embargo de las cuentas de Formen. 

Así, expone que en el obligado periodo de consultas solo hubo una reunión, el 3 de marzo, en la que el comité de empresa pidió documentación bancaria que no se facilitó. Luego, continúa el escrito, la dirección y los sindicatos se emplazaron a un segundo encuentro que no llegó a producirse y, finalmente, el 19 de marzo -festivo en la Comunitat Valenciana-, la compañía de Ángel Pío Sánchez envió de forma unilateral un correo electrónico a los trabajadores con una carta de despido por causas objetivas que sería efectivo el día 30 del mismo mes. 

"No constan ni actas de reuniones firmadas"

"Del examen de la documentación y de las manifestaciones de las personas entrevistadas se desprende que por parte de la empresa no se ha llevado a cabo una efectiva y real negociación con el objetivo de llegar un acuerdo con el periodo de consultas", tal como fija la Ley del Estatuto de Trabajadores, mientras agrega que por parte de la Autoridad Laboral no consta "documentación correspondiente a las medidas sociales de acompañamiento que se hubieran acordado u ofrecido por la empresa un plan de recolocación externa -medida exigida en despidos colectivos de más de 50 personas-, ni hay actas de las reuniones firmadas por todos los asistentes". 

La Inspección recoge los argumentos de Formen, en los que apunta que las medidas cautelares impulsadas por el administrador concursal supusieron un "bloqueo operativo de la compañía que ha generado el incremento de un notable pasivo que hace inviable la puesta en marcha del negocio. Los escasos ingresos que se han podido percibir han sido destinados a abonar gastos básicos como la electricidad y el agua. No obstante, dichos pagos dejaron de realizarse por la falta de liquidez de la compañía, lo que provocó el corte de los mismos". 

Formen no aportó documentación de 2023, 2024 y 2025

Sin embargo, la Inspección esgrime que la empresa no aportó documentación contable de 2023, 2024 y 2025 e incumplió, además, el pago de los salarios. Y sobre las cuentas de 2020, 2021 y 2022, indica que no realizó actividad alguna, su cifra de negocio era de 0 euros, mientras recogía inversiones financieras a largo plazo de 2,1 millones. 

Cabe recordar que el administrador concursal pidió el embargo porque Formen no cumplió con el pago de la unidad productiva.

Por estos motivos,  la entidad estatal remarca que el dueño de la textil de Vilafranca "ha incumplido el deber de negociar de buena fe el periodo de consultas" que fija la legislación.

Las conclusiones de la Inspección de Trabajo se presentan como otro elemento de ayuda para los trabajadores que esperan ganar sus procesos judiciales ante Formen. También aguardan su turno otras reclamaciones presentadas por el Administrador concursal y acreedores.