VALÈNCIA. La cadena de valor de las baterías abre una oportunidad industrial para la Comunitat Valenciana, pero también plantea retos regulatorios, de red eléctrica y de soberanía tecnológica. Ese fue uno de los principales mensajes lanzados este jueves durante la mesa redonda ‘El despegue de las baterías. ¿Qué oportunidades podemos esperar en torno a esta cadena de valor?’, organizada por FEMEVAL junto a VALMETAL.

El vicepresidente de AEPIBAL y CEO de HESSTEC, Eugenio Domínguez, alertó de que una parte de las ayudas públicas destinadas al despliegue del almacenamiento energético acabarán beneficiando a fabricantes chinos. "No podemos poner los convertidores de potencia en manos extranjeras. El 90% se ha ido a China; les damos el control de nuestras instalaciones energéticas y les damos el dinero", afirmó en referencia al reparto de fondos vinculados al PERTE y a la creciente dependencia tecnológica exterior.

Posteriormente, Domínguez explicó que los PERTE vinculados al sector están planteados de forma que no penalizan a los promotores que recurren a tecnología extranjera para sus instalaciones, a diferencia de los fondos FEDER, que funcionan mediante sistemas de puntuación que favorecen la integración de cadenas de valor y proveedores locales.

Domínguez vinculó además el desarrollo del almacenamiento y de las renovables a los problemas estructurales del sistema eléctrico español. "El asesino es un sistema eléctrico cuya regulación no está adaptada a la capacidad. Tenemos un problema de código de red", sostuvo. En este sentido, defendió que durante el apagón la fotovoltaica "no actuó porque estaba metida en un corsé donde no le dejaban actuar".

Buena parte del debate giró precisamente en torno a la flexibilidad de la red y al papel que jugarán las baterías para facilitar nuevas conexiones industriales y energéticas. El director del departamento de Proyectos de GENIA Solar Energy, Raúl Carbonero, destacó que el almacenamiento "ha pasado de ser un commodity a ser estratégico para el sistema".

Carbonero explicó que el reciente Real Decreto-ley 7 abre "varias ventanas de oportunidad" para las empresas valencianas, especialmente por las deducciones fiscales ligadas a instalaciones de almacenamiento y por la futura regulación de la flexibilidad de demanda. Según señaló, el nuevo marco permitirá desbloquear proyectos industriales y energéticos que hasta ahora no podían acceder a capacidad de red.

"Hay mucha industria que está parada en crecimiento porque no tiene posibilidad de conectar más potencia a la red", indicó. A su juicio, la futura circular de la CNMC sobre demanda flexible (que espera que pueda aprobarse en unos dos meses) permitirá aprovechar mejor las infraestructuras existentes sin necesidad de ampliar la red eléctrica.

El representante de GENIA aseguró que actualmente existen alrededor de 2 GW en proyectos vinculados a baterías en la Comunitat Valenciana, aunque muy atomizados y con dificultades de financiación debido a la saturación de la red. "Muchos han decidido huir porque no había forma", lamentó sobre proyectos que quedaron bloqueados por la denominada "demanda cero".

Además, defendió que el nuevo decreto supone un cambio conceptual relevante al considerar el almacenamiento como una instalación renovable en sí misma y no únicamente asociada a plantas fotovoltaicas. "La batería puede ser ya un elemento de consumo", apuntó.

También advirtió de las dificultades administrativas que afronta el sector. "No hay técnicos municipales cualificados para algunos proyectos. Las entidades certificadoras van a ser muy necesarias", señaló Carbonero, mientras que Domínguez añadió que los recursos de alzada están provocando que "muchos proyectos mueran en la orilla".

Por su parte, la consejera y coordinadora del área técnica de SAPIENS Energía, Anabel Gutiérrez, defendió el potencial del almacenamiento compartido y de las comunidades energéticas. Según explicó, este modelo permite participar en mercados de flexibilidad y convertir las baterías "en una fuente de retribución y no solo en un coste".

Gutiérrez destacó además que el almacenamiento ligado a comunidades energéticas tiene la ventaja de depender menos de la red de transporte y animó a las pymes a sumarse a estas iniciativas aprovechando el actual contexto regulatorio.

En la misma línea, el responsable de relaciones externas de ASELEC, Juanjo Catalán, advirtió de que el crecimiento del mercado de baterías puede reproducir algunos problemas ya detectados en el autoconsumo. "Lo mismo que pasa con el autoconsumo pasará con baterías: el intrusismo. Multiservicios que te lo hacen todo, pero bastante mal", afirmó.

Catalán también reivindicó las particularidades territoriales de la Comunitat Valenciana frente a otras autonomías con menor densidad de población y mayor disponibilidad de suelo para infraestructuras energéticas.