¿Estuvo el Papa en Madrid? ¿Su discurso recibió un aplauso de siete minutos, marcando un récord en las Cortes Generales? Cuesta aceptar estos hechos pocas semanas después de su visita, visto el enfrentamiento presente en el Congreso de los Diputados y la atmósfera de ira, rabia y encarnizamiento que atraviesa la plaza mediática madrileña. 

Nada queda de aquella llamada que cuestionaba la polarización. Nada del impulso a las formas de corrección y respeto esperables de los representantes de la soberanía popular o, mejor dicho, de las cúpulas partidarias que fijan las estrategias parlamentarias. Nada del encuentro entre posiciones diferentes mediante el diálogo constructivo.  Por el contrario, mucho desencuentro. Mucho populismo dialéctico: ¡cuánto tiempo destinado a buscar el adjetivo cortante, la frase hiriente, la respuesta insultante! 

Espero que los monseñores del Vaticano estén alejando a León XIV de las noticias sobre el Madrid de estos días porque, de no ser así, el Papa podría sospechar que los extensos aplausos recibidos en el Congreso ocultaban una densa hipocresía: “aplaudamos, aplaudamos, que parezca que su discurso es el nuestro y no el de ellos”, puede que se dijeran algunos mientras se rompían las manos ante el Pontífice.

Pero, más allá de las intenciones existentes en el acto del Congreso, lo que se está confirmando en España es un grave asunto: el alejamiento de los grandes poderes del Estado. La larga ruta recorrida por la politización de la Justicia está alentando la progresiva desafección hacia ésta y quienes la utilizan como arma agresiva. Ha sido tan abundante el uso espurio de algunos tribunales que la consecuencia final es la erosión del respeto que deberían merecer, mientras los manipuladores siguen activando oscuras acusaciones populares sin que nada les frene. A ello se suma que parte del Legislativo acusa de ilegitimidad al Ejecutivo. Que éste reacciona ante los límites de sus apoyos parlamentarios mediante el uso extensivo de los decretos-leyes y críticas al Judicial por la adopción de decisiones alejadas del equilibrio esperado.  O que los jueces, revestidos de togas, salgan a la calle para expresar ruidosamente sus reproches al Ejecutivo.

Yendo más allá, la marca crítica del “lawfare” se establece por algunos como cosa generalizada sin los necesarios matices y acotaciones, negando implícitamente la existencia de miles de jueces que realizan su trabajo del mejor modo posible, con integridad y buen quehacer profesional. Una inmensa mayoría de jueces que, situados fuera del circuito de los privilegios, se preguntan cuándo llegará el día en el que la consecución de los mayores grados de la carrera judicial no dependa de amistades y cabildeos, con una valoración sin oblicuidades de los méritos acumulados y la capacidad y calidad demostradas; por ejemplo, entre otros criterios, mediante la métrica de sentencias que  hayan sido ratificadas por tribunales superiores, la de pronunciamientos no recurridos por las partes litigantes y la diligencia en la impulsión de los asuntos.

El deseo de rigurosa imparcialidad en todos los niveles del sistema judicial procede de un problema irresuelto: en los años 70 llegó desde Italia el término “lottizzazione” para designar el reparto de cargos que se producía entre los diferentes partidos. Un reparto por lotes que se da, asimismo, en el Consejo General del Poder Judicial y en los principales cargos de los altos órganos jurisdiccionales, de acuerdo con la representatividad de las distintas asociaciones profesionales de la judicatura. Una representatividad viciada porque existen miles de jueces que no pertenecen a ninguna de ellas, lo que no impide que existan arduas negociaciones entre las asociaciones para fijar de qué pie cojea cada candidato y cómo se cuadran los “lotes” de modo que se aproximen al peso relativo de cada asociación.

De la perversidad de este procedimiento dan cuenta nombramientos difícilmente sostenibles desde una perspectiva estrictamente profesional, mientras se orilla a los jueces más respetados; o sentencias en las que resulta corriente anticipar su orientación a la vista del asunto o persona a juzgar y el origen asociativo de los integrantes del tribunal. Sesgos que desprestigian la Justicia y afianzan la figura de los “conseguidores”, expertos en tejemanejes nada edificantes. Tanto es así que un senador del Partido Popular se atrevió, en un whatsapp, a indicar a sus correligionarios que, como la presidencia del Supremo iba a recaer en un determinado juez, el partido dispondría de una puerta trasera de acceso a la Sala de lo Penal del Alto Tribunal. O dicho en otras palabras: se conseguiría el control político de la Sala más delicada, por ser la que juzga a los sujetos aforados cuando cometen un delito: justicia a la carta para los de casa.

Es ante tales asomos de impunidad cuando se esperaría una respuesta contundente desde dentro del colectivo de jueces y fiscales, en lugar de un silencio de aromas corporativistas o indolentes; entre otras cosas porque la aparición de sesgos incomprensibles y ponzoñosos amenaza también a aquellos jueces que se sienten seguros en sus despachos, desconectados de los “líos de los de arriba”. Aunque ya sea una historia para los veteranos del lugar, recuerden el linchamiento del juez valenciano Luís Manglano tras atreverse a encausar a dos tesoreros del Partido Popular a inicios de los 90. 

 Piensen los jueces si, como profesionales y detentadores del Poder Judicial, resulta de recibo que desde éste se critiquen leyes emanadas del poder Legislativo o se las someta a tortura interpretativa y procedimental. Si lo es que, al mismo tiempo, algún juez eufórico pierda los papeles de la moderación institucional, exigiendo tarimas que le sitúen por encima del ministro responsable de Justicia o estableciendo medidas preventivas que humillen al acusado. Si lo es que el secreto de las actuaciones vuele por los aires y ciertos hechos particulares, ajenos a la causa, pero sembrados de morbo, lleguen sin dificultad a las tertulias y medios de comunicación.  

Hubo un tiempo en el que buena parte de los magistrados y fiscales criticaban los “excesos” de los llamados jueces estrella. Su afán de notoriedad. La falsa incomodidad que mostraban ante los medios cuando se presentaban en el lugar del delito, siendo así que la presencia de periodistas se debía a las filtraciones surgidas de los propios juzgados. O la distancia entre su protagonismo y la calidad de las instrucciones judiciales que les correspondían. Ese mismo espíritu crítico, en una profesión que debe conocerse por sus sentencias y la calidad y sentido de la justicia que las impregne, merece ser la guía y ruta de los jueces. Estoy convencido de que esa concepción de su trabajo sigue presente pese a la pobreza de medios, oficinas judiciales inundadas de sumarios, insuficiencia de personal de apoyo, problemas de los sistemas informáticos e inclinaciones ideológicas de cada cual.

Si es así, bueno sería que los jueces, -y, de igual modo, los fiscales-, se alejasen, sino emocionalmente sí cognitivamente, de algunos mensajes poderosos que nos han sobrevolado estos años. De entrada, la insidiosa ilegitimidad del gobierno y, por extensión, de los muchos diputados que dieron un vuelco a la anterior legislatura de 2018 mediante la aprobación de una moción de censura. En lo no tan alejado, la proliferación de un estado de ánimo contrario a la Ley de Amnistía: una predisposición adversa que también habría cundido en otras áreas del Estado identificadas con la Seguridad, la Defensa y diversos ramos funcionariales del Estado. Y, en lo más cercano, la instigación “de quien pueda” a “hacer” que, encubiertamente, llama a boicotear el poder Ejecutivo. 

Seguir ese rumbo es tanto como admitir que algunos, privilegiados por su posición en las estructuras del Estado, están facultados para imponer una idea propia y superior de éste; implica aceptarles como guardianes de una concepción de país que les habría confiado las esencias de lo lícito y el inmanente deber de protegerlas. Asumir ese hilo narrativo supondría la fiscalización de la soberanía popular y arrogarse una visión dogmática y autoritaria del Poder Judicial. En resumen: una patada a la Constitución y un fuera de juego antidemocrático.

Me pregunto cuántas veces se habrán reunido los máximos representantes de los poderes del Estado para dialogar y debatir las imperfecciones y roces existentes en sus relaciones. Me pregunto cuántas veces el Rey, como árbitro entre los anteriores poderes, habrá ejercido tal función.  Quizás algún día lo sepamos. Lástima que el Papa no lo preguntase y animase su activación.