Tengo que reconocer que la figura de nuestra ministra de Hacienda, primera vicepresidenta y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía me fascina. Lo mismo te baila en la puerta de la sede, que te negocia presupuestos, que garantiza la igualdad para todos, que entabla relaciones singulares. Vale para todo. Con una aceleración desmesurada y usando eses y ces de forma aleatoria, se muestra a veces razonable y cercana y otras distante y soez. Es la Reina del histrionismo.

No parece que tenga un trastorno bipolar de personalidad. Por tanto, parece más bien un apego a los cargos públicos que le obliga a dar giros convulsos.

El pasado día 17 nos anunció por sorpresa que en un par de meses habrá un proyecto de ley de reforma del Sistema de Financiación Autonómica. Una necesidad imperiosa que tenemos en España para garantizar la financiación de los servicios fundamentales prestados por las Comunidades Autónomas de forma igualitaria en todo el territorio y que llevamos una década reclamando.

Pero las primeras informaciones del anuncio no son alentadoras.

En un Estado con un déficit presupuestario estructural, endeudamiento muy elevado y tensiones alcistas en las necesidades de gastos de pensiones, intereses y defensa, los 40.000 millones saldrán de una mayor presión fiscal"

No ha dicho cómo lo está haciendo ni con quién está negociando (lo que produce ya urticaria). Reconoce las singularidades y las relaciones bilaterales entre Autonomía y Estado. Y, por otro lado, trasciende que la brecha de la diferencia de financiación por habitante ajustado se realizará hacia la que más recibe (Cantabria) para garantizar que ninguna perderá financiación.

Esto solo es posible si incrementamos los recursos para igualar a todas las Comunidades a la cántabra. Esto supondría con los datos de la liquidación del año 2023 (el último cierre de ejercicio realizado) incrementar en unos 40.000 millones la dotación al Sistema.

Y en el contexto de un Estado con un déficit presupuestario estructural, endeudamiento muy elevado y tensiones alcistas en las necesidades de gastos de pensiones, intereses y defensa, esos 40.000 millones saldrán de una mayor presión fiscal.

Todo hace indicar que será un brindis al sol porque difícilmente será capaz de congregar el apoyo necesario para su aprobación. Desde luego, la trascendencia del proyecto es de tal calibre que necesitaría un consenso amplio entre administraciones y entre partidos. Los esfuerzos unilaterales serán la antesala de un fracaso.

A continuación, indico los puntos en los que se debe basar cualquier intento de reforma del SFA. Me temo que no será el hilo argumental que esté manejando nuestra activa ministra.

-Aclarar entre todas las AAPP el catálogo homogéneo y mínimo de servicios públicos fundamentales que deben ser garantizados por el Sistema de Financiación y acudir a una entidad independiente para determinar el coste real de dicho catálogo. Es decir, determinar el importe mínimo necesario para el eficaz ejercicio de las CCAA.

-Incluir en el sistema un fondo adicional acumulativo en los años de crecimiento económico y del que tirar en años de crisis, garantizando la financiación de los servicios fundamentales sin acudir a la deuda. Este ha sido el principal motivo por el que las CCAA se han quedado financiadas durante varios años por debajo de sus necesidades.

-Unificar en un solo fondo, al que podemos llamar Fondo de Nivelación, el resultado de la diferencia entre la cantidad necesaria para garantizar los servicios garantizados por habitante ajustado y los ingresos normativos y homogéneos de cada Comunidad Autónoma.

-Eliminar cualquier cálculo con referencia al status quo de antes de la reforma del 2.009. Actualizar el cálculo del gasto normativo de los tributos cedidos a referencias más recientes.

-Una vez realizados todos los cálculos, el resultado solo puede ser que en TODAS las CCAA la financiación con los mismos términos normativos y con las mismas competencias homogéneas sea exactamente la misma para cada habitante ajustado.

-Fuera de este cálculo, compensar a las CCAA que han sufrido la discriminación estructural del sistema en vigor en el reparto (incidiendo dicha compensación en la amortización de deuda). Y retirar el anteproyecto de ley de la condonación de la deuda por basarse en criterios nada objetivos.

-Por supuesto, eliminar cualquier referencia presente y futura a un sistema de financiación singular para Cataluña. Impedir legalmente que una Comunidad Autónoma del régimen común pueda abandonar el sistema o pactar diferencias singulares de criterio.

La necesidad de un consenso amplio suele tender, por desgracia, a contentar y no a responsabilizar"

-También fuera del cálculo que nos debe llevar a un gasto por habitante ajustado idéntico en todas las CCAA, crear un fondo que incentive la eficiencia del gasto y el equilibrio presupuestario. Más simbólico que opulento, pero que promueva el buen gobierno.

-Realizar cálculos transparentes y públicos por entidades independientes tanto de las competencias no homogéneas como, sobre todo, de los sistemas de financiación o cupos de los regímenes forales.

-E incorporar estas comunidades forales a financiar al sistema del régimen común cuando la diferencia de financiación por habitante ajustado sea superior a un 10%.

-Por último, extender la capacidad normativa de las CCAA en los tributos de los que se nutre, acompañado de una limitación más estricta al déficit e incremento de deuda. Una Comunidad podrá incrementar los servicios que presta, pero a costa de su política tributaria. De esta forma, se mejora la corresponsabilidad fiscal.

La necesidad de un consenso amplio suele tender, por desgracia, a contentar y no a responsabilizar. Por tanto, corremos el peligro de crear un sistema sobrevalorado que implique un importante esfuerzo fiscal. Pero la corresponsabilidad de las administraciones es imprescindible si queremos exigir rigor y eficiencia.

¿Lo intentamos o lo dejamos estar? No. No podemos dar como solución la dejación de funciones y la patada hacia delante. Pero en este contexto de bloqueo y debilidad negociadora, me temo que puede salir algo que no evite los desequilibrios territoriales y, más bien, que agrave los desequilibrios sociales. Difícil tesitura.