Hace un mes, el presidente del Colegio de Médicos de Alicante, Hermann Schwartz, pronunció un discurso en la sede colegial que la sociedad alicantina merece conocer. Los pasajes de mayor interés son los siguientes:

"Vivimos tiempos complejos para la profesión médica. Este 2025 ha sido el año con más jubilaciones tramitadas en la historia reciente del Colegio, y más de la mitad de las consultas recibidas desde la pandemia están relacionadas con jubilaciones anticipadas. No porque falte vocación, sino porque sobra cansancio. Porque la sobrecarga existencial, la falta de planificación y la precariedad laboral están empujando a muchos compañeros a adelantar su salida de la profesión”.

A continuación, destacó que desde el Colegio se ha denunciado esto con  firmeza y que por ello ha apoyado sin tibieza diversas huelgas médicas a nivel nacional. Su alocución concluyó denunciando otro grave problema: "Actuamos contra el intrusismo, no solo de personas sin formación,  sino también del que procede de otras profesiones sanitarias que pretenden sustituir las funciones del médico, muchas veces justificándose por la falta de médicos, que no podemos consentir. Porque la responsabilidad no se puede delegar, y tenemos en este asunto un trabajo importante de comunicación y sensibilización hacia nuestros compañeros porque puede tener graves consecuencias para ellos y, lo que es peor, para la población. Es necesario que trabajemos para que las nuevas generaciones no hereden una profesión agotada, sino una con un futuro digno y sostenible".

Aunque el Dr. Schwartz se dirigió a los colegiados alicantinos, se puede colegir de sus palabras que la quiebra de la función del médico —pilar esencial que sostiene el sistema de salud— podría afectar negativamente a la calidad de la asistencia sanitaria. Ahora bien, este posible deterioro de nuestra sanidad se añadiría a la degradación que ya sufre desde hace tiempo y que será la cuestión que se abordará en las siguientes líneas.

Causas del deterioro de la sanidad pública

El deterioro de nuestra sanidad puede atribuirse a tres factores principales: el envejecimiento de la población con el consiguiente aumento de las patologías crónicas y, por tanto, del gasto sanitario, el alto coste de los nuevos medicamentos y tecnologías punteras y, en tercer lugar, el incremento repentino de los beneficiarios foráneos de la sanidad pública que desestabiliza la planificación gubernamental, que se realiza a medio y largo plazo, para asumir la tasa de crecimiento demográfico previsto de la población.

Analizaremos únicamente este último factor, ya que los otros dos no requieren mayores explicaciones por su obviedad.

Los beneficiarios extranjeros engloban a dos colectivos: la inmigración documentada e indocumentada y el turismo. Aunque el fenómeno de la inmigración se inició en las últimas décadas del siglo pasado, su punto de inflexión fue cuando el gobierno salido de las urnas en 2004 regularizó de golpe a más de medio millón de inmigrantes indocumentados. El objetivo era procurar su inserción social, combatir la economía sumergida e incrementar, mediante su incorporación laboral, la recaudación fiscal y las contribuciones a la Seguridad Social. Para ello, se creó un fondo de apoyo para la acogida, integración y refuerzo educativo de este colectivo con el fin de que las comunidades autónomas pudieran desarrollar estos puntos de carácter social. Pero no se destinó ninguna partida específica para el gasto sanitario, estimando que los gobiernos autonómicos —constituidos por partidos de todo el espectro  político— podrían asumir este brusco aumento de la demanda asistencial. Ninguna comunidad puso objeciones y todas aceptaron hacerse cargo con su presupuesto ordinario del sobrecoste que implicaba el aumento de la atención sanitaria. O sea que a nuestros gobernantes de todos los colores no les importó el previsible aumento de la presión asistencial sobre los médicos y el  personal sanitario, así como la negativa repercusion que tendría sobre los pacientes. Al poco, las autonomías se dieron cuenta de los problemas sanitarios y protestaron al Gobierno central. Entonces, el Ministerio de Sanidad destinó sendas partidas para paliarlos, pero pronto se vio que resultaron insuficientes. Con relación a esta regularización de inmigrantes, el arriba firmante quiere dejar claro que no cuestiona la medida, sino el hecho de que no se acompañara de una asignación presupuestaria apropiada para el coste sanitario que conllevaba la aplicación  de la misma.

Y para colmo, a los pocos años se desencadenó la crisis financiera internacional que constituyó el golpe de gracia para nuestra maltrecha sanidad. Debido a las dificultades para resolver la recesión, el gobierno adelantó las elecciones en las que ganó la oposición. El nuevo ejecutivo afrontó la grave coyuntura con un riguroso programa de medidas, pero sin destinar tampoco ninguna partida a la sanidad, sino que decidió “reformarla”, dicho de otra manera: hacer recortes. Es decir, que los sanitarios y los médicos, especialmente, siguieron cargando sobre sus hombros el peso de la sanidad. Fue entonces cuando se empezó a utilizar entre los facultativos el anglicismo burnout, es decir, “quemado”, para referirse al agotamiento físico y mental causado por el stress laboral prolongado. Esta insoportable situación constituyó el detonante para emigración a otros países donde se les valoraba más como personas y profesionales, estimándose que su número superó al final de la década los 10.000 médicos.  

El segundo colectivo, que se suele olvidar, es el de los turistas. El turismo que tantos beneficios reporta a la economía, resulta nefasto para los trabajadores de la salud. El número de visitantes se ha incrementado de una forma exponencial en lo últimos veinte años pasando de los 52 millones y medio de 2004 a los casi 94 del pasado año en que se alcanzó el récord histórico. Estas desmedidas cifras provocan una sobrecarga asistencial en las localidades costeras y en las grandes capitales que son invadidas por turbas de viajeros. Los tetris que realizan los coordinadores de atención primaria y los jefes de servicos hospitalarios, en particular los de urgencias, para conformar las planillas de turnos en periodos estivales y vacacionales apenas logran aliviar el delicado trance, ni siquiera contratando a médicos de fuera (ardua tarea), ni pidiendo a sus subalternos que realicen horas extraordinarias.

El deterioro de la sanidad causado por los factores señalados se fue agravando gradualmente hasta que en 2020 irrumpió el cisne negro del covid que dio la puntilla a los sanitarios y, sobre todo, a los médicos. La falta de equipos de protección causó más de un centenar de médicos fallecidos y miles de contagiados de los cuales un número indeterminado (no hay cifras oficiales) terminaron con secuelas. Se impone recordar, en este momento, que todas las promesas anunciadas en su día a bombo y platillo por los políticos para mejorar la sanidad pronto cayeron en el olvido.

Y por si fuera poco, desde finales de la pandemia se ha producido un espectacular incremento de la población de nuestro país en un número cercano a los dos millones de habitantes, incluyendo a los más de trescientos mil refugiados ucranianos que fueron acogidos desde que estalló la guerra. Evidentemente, el crecimiento poblacional, debido fundamentalmente a la inmigración, es beneficioso en el ámbito económico: crecimiento del PIB, sostenibilidad del sistema de pensiones y rejuvenecimiento demográfico, entre otras áreas. Pero a pesar del aumento de los ingresos que percibe el Estado, no se ha destinado un presupuesto adecuado para afrontar al desmesurado aumento del gasto sanitario (nótese que este tema no ha sido planteado por ningún partido en las sesiones de las Cortes).

Así que los médicos, emulando el castigo que Zeus sometió a  Atlas, continúan con su sino de cargar sobre sus hombros la mayor parte del peso de la sanidad pública.